Jurisprudencia

En su sentencia, la Sala de lo Civil resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 15 de junio de 2016, como doctrina jurisprudencial que “el artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador en proporción al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea”.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido, en un Pleno no jurisdiccional, que en el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya para proteger la dignidad de cada una de ellas.

Según han acordado los magistrados, el bien protegido en este tipo de comportamientos delictivos es la dignidad, que “está caracterizada por ser una cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no siendo por consiguiente un concepto global, y ello entraña lo personalísimo de tal bien jurídico protegido”.

La primera sentencia a la que se ha aplicado este criterio dobla la condena –de 5 años y 6 meses de prisión a 10 años y 7 meses- para cada uno de los dos acusados de traer a España a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.

Puede comportar consecuencias disciplinarias y derivadas del contrato de apoderamiento. El órgano judicial dispone de posibilidades acordes con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha resuelto, en su sentencia de 15 de junio de 2016,  estimar un recurso por infracción procesal, que comporta como efecto la anulación de las sentencias de primera y segunda instancia, reponiendo las actuaciones al momento previo a la celebración del juicio en primera instancia, a efectos de que se haga un nuevo señalamiento para su celebración con respeto a los derechos constitucionales y procesales de las partes.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantaleón Prieto, ha declarado como doctrina jurisprudencial que: «las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución Española».

El Ayuntamiento de Sobrescobio, en Asturias, interpuso demanda frente a un particular, a raíz de unas alegaciones que hizo este último con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesión y en cuyo seno se cuestionaba su propia apertura, al no existir estudio de impacto medio ambiental, ni informe de sanidad y denunciar que se falsificó la autorización de carreteras. La Sala Primera se cuestionó de oficio, al ser determinante de la legitimación activa, si el Ayuntamiento, en cuanto persona jurídica de Derecho Público, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.

Según el Abogado General Spuznar, el préstamo de un libro electrónico es comparable al préstamo de un libro tradicional. De ello se sigue que es aplicable el régimen general del derecho de préstamo, que prevé en particular una remuneración adecuada de los autores en virtud de la excepción de préstamo público

La Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, prevé que el derecho exclusivo de autorizar o prohibir ese alquiler y préstamo corresponde al autor de la obra. No obstante, los Estados miembros pueden establecer una excepción al derecho exclusivo en lo referente a los préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración adecuada.

• TSJ. Apartamentos de uso turístico. Limitación temporal del arrendamiento. Declaración responsable. Visado colegial del plano. Inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. Nulidad de precepto autonómico
• TS. El Tribunal Supremo obliga a la Junta de Castilla y León a pagar 200.000 euros a un niño que sufre parálisis cerebral por daños sufridos durante el parto
• TS. Orden de colocación de la bandera de España en la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ejecución de sentencias en sus propios términos
• TS. Opositor excluido indebidamente al que posteriormente se le da la razón judicialmente
• TC. Acción y servicio exterior del Estado. Competencia estatal exclusiva. Relaciones internacionales y dirección de la política exterior. Informes al Ministerio de Asuntos Exteriores. Actuaciones autonómicas. Constitucionalidad de la Ley 2/2014
• STJUE. Procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular

• TJUE. La Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor, se opone a que la compensación equitativa por copia privada se financie vía presupuestos
• TJUE. Propiedad Intelectual: Instalación de aparatos de televisión por el explotador de un centro de rehabilitación para que los pacientes puedan ver emisiones de televisión
• TJUE. Propiedad intelectual. Modificación y comunicación pública de obra ajena. Indemnización basada en el canon que se adeudaría de haber solicitado permiso. Posibilidad de solicitar, además, indemnización del daño moral
• TS. Constitución de un sindicato de accionistas de una sociedad. No todo supuesto de representación de más de tres accionistas en una junta general de una sociedad anónima constituye un caso de solicitud pública de representación
• TS. Préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda habitual y posterior ampliación. Intereses de demora abusivos
• TS. Se avala que las personas con discapacidad estén exentas del canon a los autores por los préstamos de sus obras
• TCJ. Conflicto de jurisdicción. AEAT y Juzgado de lo Mercantil. Concurso no concluido, con operaciones liquidatorias pendientes. Requerimiento de inhibición a la AEAT en un procedimiento de derivación de declaración de responsabilidad solidaria. Competencia judicial      

• TS. El Tribunal Supremo revoca la custodia compartida a un padre que tenía "falta total de respeto" a la madre
• TS. Responsabilidad civil por culpa extracontractual. Daños en una concentración de trabajadores. Responsabilidad del sindicato organizador
• TS. La acción de retracto de comuneros sobre una porción de una cosa pro indivisa
• TS. El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipotecarios a los no consumidores
• TS. Interpretación de los contratos. Designación por el comprador del impuesto concurrente en la operación. Responsabilidad contractual. Error inexcusable

• TS. El Supremo condena a dos años de cárcel a un empresario de Zaragoza por la emisión de gases contaminantes en una planta tecnológica
• TS. Doctrina jurisprudencial sobre la identificación visual. Concurso medial.  Abuso de superioridad
• TS. La decisión del tribunal sentenciador relativo a la aplicación del contenido del art. 193.2 del Reglamento Penitenciario, no es susceptible de recurso de casación ordinario
• TS. Inviolabilidad del domicilio y flagrancia de delitos
• TS. Las sentencias de conformidad no se encuentran excluidas del régimen legal de la acumulación para la ejecución de las penas
• TS. Revocación de resoluciones absolutorias en casación

Los magistrados estiman que la disposición de no poder contratar por un periodo inferior a cinco días es una restricción de la competencia que no está justificada ni en la protección al usuario turístico

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Decreto de la Comunidad de Madrid que dispone que las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días.

La Sección Octava ha decidido en este sentido al estimar en parte el recurso presentado por la Asociación Madrid Aloja contra el inciso 17.3 del Decreto 79/2014, por el que se regulan los apartamentos de uso turístico de la región.