Jurisprudencia

La Directiva sobre derechos de autor se opone a una normativa nacional que autoriza la reproducción digital de los libros no disponibles en el comercio vulnerando derechos exclusivos de los autores. Dicha normativa debe garantizar la protección que la Directiva concede a los autores y velar, en particular, por que éstos sean efectivamente informados de la explotación digital que se pretende hacer de su obra y tengan además la posibilidad de ponerle fin sin formalidad alguna.

En Francia, los «libros no disponibles» se definen como los libros publicados antes del 1 de enero de 2001 que ya no se difunden ni se publican en formato impreso o digital. Según la normativa francesa, una sociedad de recaudación y distribución de derechos reconocida, la SOFIA, es la encargada de autorizar la reproducción y la comunicación en formato digital de los libros no disponibles, si bien los autores o los derechohabientes de tales libros pueden oponerse o poner fin al ejercicio de tales derechos en determinadas condiciones.

• TSJ. Urbanismo. Nulidad de Plan especial. Convenios de planeamiento. Motivación y racionalidad de las decisiones urbanísticas. Ordenación de usos en superficie. Instalaciones de golf en el Canal de Isabel II
• TJUE. Contratación pública. Introducción de modificaciones sustanciales sin abrir un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato. Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia
• TS. Energía eléctrica. Bono social. Régimen de financiación. Obligación de servicio público acogida por el derecho comunitario. No planteamiento de cuestión prejudicial
• TS. Reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración derivada de la falta de renovación de una concesión minera
• TS. Telecomunicaciones. Bloqueo del acceso a un número por resolución de la Secretaría de Estado. Nulidad del Código de Conducta
• AN. Recuperación de patrimonio cultural español robado
• TC. Libertad de establecimiento. Competencias. Implantación de establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada. Inconstitucionalidad de preceptos autonómicos
• TC. La competencia de la Generalitat en materia de espectáculos públicos no incluye prohibir las corridas de toros.

• TS. Concursal. Prelación de créditos a favor de la TGSS frente a la retribución de la administración concursal. Orden de vencimientos
• TJUE. Propiedad intelectual. Préstamo digital de un libro electrónico. Puesta a disposición de obras por entidades accesibles al público. Carga en el servidor de la entidad para su descarga exclusiva por el usuario final. Uso por tiempo limitado. Comercialización previa de la obra. Obtención desde una fuente legal
• TGUE. Marca comunitaria. Oposición a registro de marca figurativa. Riesgo de confusión. Público pertinente. Elementos dominantes. Comparación de las marcas
• TS. Responsabilidad civil por el incumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica
• TJUE. La UE no se opone al aumento del capital de un banco sin acuerdo de la junta general en una situación de gravedad del sistema financiero de un Estado miembro
• TJUE. La omisión del prestamista de un crédito de mencionar en el contrato información esencial podrá sancionarse con la privación del derecho a los intereses
• TS. Modalidad de suministro just in time: obligación de compra por parte de la empresa suministrada tras la resolución unilateral
• TS. El TS anula la regulación del "canon digital" con cargo a los PGE

• TC. Tutela judicial efectiva sin indefensión. Actos de comunicación procesal. Ejecución hipotecaria. Notificación edictal tras intentarla en el domicilio designado en la escritura de constitución sin ninguna diligencia de averiguación intermedia
• TS. Compraventa. Vivienda en construcción. Garantía de cantidades entregadas a cuenta. Pólizas colectivas de seguro o aval. Falta de otorgamiento de certificación o aval individual a favor de los compradores
• TS. Derecho al honor. Publicidad de informe psiquiátrico en un proceso sobre violencia de género. Atribución de enfermedad mental injustificada
• JPI. Un juzgado de Valladolid condena a Volkswagen a indemnizar a un cliente por manipular las emisiones de los motores diesel
• TS. La falta de determinación en el contrato del plazo de entrega de la vivienda no es causa de nulidad
• TS. El préstamo hipotecario no es carga del matrimonio sino deuda de la sociedad de gananciales

• TS. Se confirma que el 'discurso del odio' en redes sociales no está amparado por la libertad de expresión
• TJUE. Reducción de pena de prisión de un recluso, como consecuencia de su traslado de un Estado miembro a otro de la UE
• AP. Elementos del delito leve de usurpación de bien inmueble
• TS. Actuación de la Policía Local en el ámbito de la prevención e investigación de delitos
• TS. Diferencias entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal

El alto tribunal considera que la emisión de un conjunto de datos que permitían identificarla vulneró su derecho a la intimidad y a la propia imagen

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de noviembre de 2016, ha condenado a Radiotelevisión de la Región de Murcia a indemnizar con 25.000 euros a una mujer, víctima de violencia de género, por vulnerar su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por haber emitido en un informativo un conjunto de datos que permitían identificarla, como eran la imagen de su rostro, su nombre de pila y la localidad de los hechos.

El Supremo, en sentencia de la que sido ponente el presidente de la Sala I, Francisco Marín Castán, ha estudiado el conflicto entre la libertad de información y los derechos a la intimidad y a la propia imagen. La mujer consideró vulnerados sus derechos por el contenido de dos informativos de la televisión murciana emitidos el 16 de junio de 2009, donde se informó del juicio oral que se seguía en aquellas fechas contra la expareja de la mujer por delitos de malos tratos y otros, de los que ella era víctima.

El fallo es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que el coste debía ser sufragado sólo por los usuarios. La Sala Tercera rechaza la petición del abogado del Estado de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al destacar la primacía del derecho comunitario.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como ‘canon digital’, por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.

En tal situación, se debe aplicar la excepción de préstamo público, que prevé, en particular, una remuneración equitativa a los autores

En los Países Bajos, el préstamo de libros electrónicos por las bibliotecas públicas no puede acogerse al régimen de préstamo público aplicable a los libros tradicionales. En la actualidad, las bibliotecas públicas ponen a disposición del público libros electrónicos en Internet, basándose en acuerdos de licencia con los titulares de derechos.

En junio de 2011, el banco Home Credit Slovakia concedió a la Sra. Klára Bíróovà un crédito por importe de 700 euros sin indicar, no obstante, con precisión en el contrato de crédito determinada información relativa al préstamo, como, en particular, la tasa anual equivalente. El contrato estipulaba que las condiciones generales de contratación del prestamista formaban también parte integrante del contrato. Al celebrar el contrato, la Sra. Bíróovà declaró, mediante su firma, que había leído y comprendido las condiciones generales de contratación a pesar de que no las había firmado.

No se puede reducir la pena de prisión de un recluso, como consecuencia de su traslado de un Estado miembro a otro, en función del tiempo de trabajo realizado en prisión en el primer Estado miembro si este Estado, aplicando su normativa nacional, no ha concedido dicha redención de pena. La Decisión Marco que rige la cuestión del traslado entre dos Estados miembros de una persona condenada a una pena privativa de libertad no tiene efecto directo.

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2012, el Sr. Atanas Ognyanov, nacional búlgaro, fue condenado a una pena de prisión de quince años por asesinato y robo con agravantes.