Casos Prácticos

La limitación de la capacidad de obrar requiere la existencia de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas persistentes, resultando de la prueba que se practique la conexión o nexo entre la enfermedad o deficiencia y la capacidad anulada total o parcialmente, y, por tanto, si la declaración de incapacidad es total o parcial; en función de ello procederá acordar la tutela o la curatela, y si ha de darle un representante en la esfera personal o patrimonial o solo necesita apoyos para la toma de decisiones en el ámbito patrimonial o en otros aspectos concretos, por ejemplo, en el área de la salud (seguimiento médico o de la administración de los tratamientos médicos indicados). No siempre es necesaria la rehabilitación de la patria potestad, en ocasiones una medida de apoyo como la curatela puede ser idónea para la protección del discapacitado. Cualquier limitación de la capacidad deberá acordarse tras un procedimiento judicial con arreglo a unos principios que difieren del resto de procedimientos, primando los principios de oficialidad y verdad material, que se dirigen a fijar la medida de protección más adecuada a la prueba realizada y a la situación real de la persona afectada.

Palabras claves: habeas corpus y recurso de amparo.

El Tribunal Constitucional viene manifestando de forma reiterada que no se puede inadmitir la incoación a trámite de una solicitud de habeas corpus, so pretexto de que no se considera ilegal la detención sufrida, ya que, precisamente, esa es la decisión de fondo objeto del mismo.

Palabras claves: habeas corpus y recurso de amparo.

El caso se enfrenta a diversas cuestiones jurídicas surgidas en torno a diversos procedimientos administrativos en que se ve inmerso un organismo autónomo (CEDEX) adscrito a dos departamentos ministeriales. En concreto, y tras cuestionarse la naturaleza jurídica de su estatuto, se plantean problemas relativos a un contrato de servicios (órgano competente para autorizarlo, la necesidad o no de clasificación del contratista, publicación necesaria del mismo, procedimiento de adjudicación, necesidad o no de la existencia de la mesa de contratación, entre otros); a un procedimiento de responsabilidad patrimonial, consecuencia de una explosión de un laboratorio dependiente de dicho organismo, sito en Valencia (presentación de las solicitudes de iniciación, legitimación del reclamante, si, en su caso, el organismo podría, si llegara a indemnizar al lesionado, repetir lo pagado contra el funcionario culpable); régimen patrimonial (viabilidad de la venta de su sede en Valencia y lanzamiento de un indigente que se había instalado en el sótano del edificio); y, finalmente, a la posibilidad del CEDEX de tramitar el procedimiento de expropiación forzosa, posibles interesados en el mismo y tramitación a seguir si no existe acuerdo en la determinación del justo precio.

Palabras claves: contrato administrativo de servicios, responsabilidad patrimonial y expropiación forzosa.

El desahucio por precario constituye un proceso especial sin regulación sustantiva como situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo. Su ámbito objetivo nos permite diferenciar entre la posesión sin título, la posesión tolerada y la posesión concedida. Analogías y diferencias prácticas entre el precario y el comodato, y la consideración jurisprudencial de aquel como una ampliación del concepto de este. Solución a dar a los supuestos de cesión de inmueble por razón de matrimonio, por parte de los terceros propietarios, y el problema jurídico de la atribución del uso de la vivienda por sentencia en proceso de familia como título legitimador justificante de la posesión. Problemática y soluciones jurisprudenciales proporcionadas ante la posible falta de legitimación activa para demandar a quién ocupa la vivienda en precario, si la demanda ha sido interpuesta por uno solo de los copropietarios de la finca.

Palabras claves: desahucio, precario, comodato, cesión de uso y copropiedad.

La consideración de la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento financiero, y su estimación como contrato en el cual existen o no prestaciones pendientes de cumplimiento por una sola de las partes o de manera recíproca por ambas, en situación concursal, resulta determinante para que el crédito contractual contra el concursado pueda ser calificado como crédito contra la masa o concursal. Será contra la masa si deriva de un contrato con obligaciones recíprocas que estén pendientes de cumplimiento por ambas partes al declararse el concurso. Por tanto, la reciprocidad del vínculo contractual y la pendencia de cumplimiento de obligaciones por ambas partes constituyen los criterios determinantes de la calificación. Jurisprudencia contradictoria en esta materia. Necesidad de delimitar si las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en la redacción dada al artículo 61.2 de la Ley Concursal suponen o no una innovación que modifique el régimen jurídico existente hasta ahora.

Palabras claves: concurso de acreedores, contrato de leasing, cuotas impagadas y calificación de créditos.

Los artículos 58 y 59 del Código Penal se refieren a la posibilidad de abonar, en el primero de ellos, y de compensar, en el segundo, el tiempo que el condenado haya estado sujeto a prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. La duda puede surgir en cuanto a la posibilidad de compensar el tiempo que el mismo haya estado en situación de libertad provisional.

Palabras claves: liquidación de condena, compensación de penas y recurso de casación.

Posibilidad de apreciar la atenuante de confesión del artículo 21.4 del CP solo en la fundamentación jurídica de la sentencia, al margen de su constatación fáctica en los hechos probados sin que ello suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva por vulneración del artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el 72 del CP, y por infracción del artículo 849.1 de la LECrim. Tras el acuerdo del no jurisdiccional del Pleno de 23 de marzo de 1998, la interpretación que se hace del artículo 66.2 del CP es la siguiente: resulta obligatorio bajar en un grado la pena, potestativo en dos.

Palabras claves: pena, individualización, atenuantes y fundamentación.

En torno a un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial giran las diversas cuestiones que se plantean en este caso práctico. Los problemas se inician respecto a la lengua a utilizar en el procedimiento en cuestión y continúan con incidencias jurídicas de diverso orden tales como, respecto a la instrucción del procedimiento: el derecho de información respecto al contenido del procedimiento; el requerimiento por parte de la Administración a ciertos interesados para que presenten el DNI o el certificado de empadronamiento; y el requerimiento a otro para que comparezca en día y hora determinada en una oficina de la Administración. Dictada resolución, respecto al ajuste a derecho de diversas notificaciones realizadas en el procedimiento; y respecto a diferentes recursos administrativos y contencioso-administrativos presentados por los afectados frente a aquella.

Palabras claves: actos administrativos, procedimiento administrativo y recurso administrativo.

El presente caso analiza las consecuencias jurídicas de varias declaraciones hechas entre hermanas atentatorias al derecho al honor y a la intimidad de una de ellas, como consecuencia de las vertidas en varios medios públicos por la otra, pero con la peculiaridad relevante de que ninguna de ambas tenía proyección pública alguna.
Igualmente, el caso trata de aclarar el conflicto entre la intromisión ilegítima contra tales derechos fundamentales y las libertades de expresión e información, determinando la prioridad de cada uno en cada caso.
La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

Palabras claves: derecho al honor e intimidad personal, libertad de información y expresión y personas sin proyección pública.

La hipoteca que grava la vivienda familiar del inmueble adquirido por el otro cónyuge con anterioridad al matrimonio no puede considerarse una carga susceptible de oposición del derecho de uso atribuido al progenitor custodio y a los hijos por sentencia dictada en procedimiento de divorcio por el juzgado de familia, por no ser una carga anterior a la constitución del crédito hipotecario que propicia la ejecución por impago.

Palabras claves: divorcio, vivienda familiar hipotecada y derecho de uso.