Casos Prácticos

Se abordan cuestiones jurídicas relacionadas, en primer lugar, con la viabilidad jurídica de la cesión gratuita de un bien de la Administración a una asociación dedicada a la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos y, en segundo lugar, con la operación jurídica a realizar para que un edificio ocupado por un Ministerio lo sea por un órgano de otro Departamento Ministerial. A continuación, el supuesto analiza el fallecimiento de un menor al caerse, en hora lectiva, en un colegio, por unas escaleras que, al parecer carecía de la protección adecuada, entablando una acción de responsabilidad patrimonial los padres del menor y oponiendo, para su exoneración, la comunidad autónoma, la culpa del menor. Finalmente, se plantean cuestiones relacionadas con una expropiación forzosa para la remodelación de una carretera, tales como quiénes, de los mencionados, ostentan la condición de interesados o expropiados y los recursos posibles de estos ante las presuntas actuaciones administrativas no ajustadas a derecho.

Palabras claves: régimen de uso de los bienes de la Administración, responsabilidad patrimonial de la Administración pública y expropiación forzosa.

Las acciones penales o civiles para perseguir aquellas intromisiones que puedan considerarse vulneradoras del derecho al honor son posibles, pero el ejercicio de la acción penal no impide que se interponga la acción civil, ni el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción civil se interrumpe por el ejercicio de la acción penal. Las informaciones que son publicadas por distintos periódicos, por revistas o que se difunden a través de cualquier medio de comunicación social, pueden dar lugar a que se interponga una acción que tienda a proteger el derecho al honor que se estime vulnerado en el plazo de caducidad de cuatro años, sin embargo no es posible que la acción pueda ser interpuesta en cualquier momento, o esperar a que se abra un procedimiento penal en el que se acredite la falsedad de la información u otros elementos relevantes de la misma, pues ya desde el primer momento se produciría esa vulneración del derecho fundamental que se invoca y, por tanto, con carácter previo se podría ejercitar la acción correspondiente sin esperar a que en un proceso penal se establezca dicha vulneración de acuerdo con las diligencias probatorias que en él se realicen, porque cualquier diligencia encaminada a la averiguación sobre los hechos, personas implicadas o pruebas periciales podrían practicarse en el proceso civil correspondiente.

Palabras claves: derecho al honor, acciones penales y civiles y caducidad de la acción.

El supuesto está planteado sobre dos cuestiones básicas, en primer lugar, un posible caso de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de que con ocasión de una jornada de puertas abiertas en un establecimiento penitenciario, el manejo irregular de una máquina por parte de un interno origina el descolgamiento de aquella causando heridas a cuatro visitantes y al propio interno. Y, en segundo lugar, un procedimiento para otorgar la concesión demanial de un local que no es usado por la Administración, en favor de asociaciones que realizan labores de rehabilitación con internos. Respecto a la primera cuestión, se plantean problemas jurídicos sobre la legitimación para recurrir en concepto de responsabilidad patrimonial, si las solicitudes están presentadas en plazo, la concurrencia de los requisitos para la existencia de dicha responsabilidad y el ajuste a derecho de la resolución dictada. En relación con la segunda cuestión, se plantean problemas sobre si las solicitudes se presentaron en plazo y en el lugar adecuado, si cumplían los requisitos o no para que se les pudiera otorgar la referida concesión demanial y si alguna solicitud que no recibió notificación de resolución expresa había sido beneficiaria de aquella concesión.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial de la Administración, dominio público y concesión demanial.

El presente supuesto elaborado trata de auxiliar al letrado cuyo cliente ha sido citada a juicio de desahucio por precario dimanante de una crisis matrimonial, si la ocupación de la vivienda estaba vinculada a la actividad laboral del marido directivo de una empresa. Se trata de una cuestión compleja pues el marido tenía vinculada la ocupación de la finca a su actividad laboral y al mismo tiempo es directivo de la sociedad arrendadora. Ello permite articular la defensa a partir de determinadas líneas de actuación que se analizan en el caso, pero se examinan los posibles argumentos con la realidad jurisprudencial de nuestros días tratando con ello de prever un pronóstico de las posibilidades que cada argumento tendrá para salir adelante en tal defensa de la ocupante de la finca. Se trata de probar si el exmarido simula contratos con objeto de provocar el desahucio por precario perjudicando a la exesposa.

Palabras claves: desahucio, precario y su ámbito de aplicación, cuestión compleja, levantamiento del velo y simulación de contratos.

El derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, ambos recogidos en el artículo 18 de la Constitución, no protegen, en todos los casos, de las mismas intromisiones, sino que cada uno de ellos tiene su específico ámbito de protección; del mismo modo que en el plano del secreto de las comunicaciones las injerencias que puedan llevarse a cabo tienen diferente intensidad.

Palabras claves: tráfico de drogas, derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad y denegación de diligencias de pruebas.

Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la pena más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera del artículo 74.1 queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de la doble valoración.
El auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria referida a solo algunos de los hechos que podrían estar comprendidos en un delito continuado no bloquea la investigación ni el enjuiciamiento de otros hechos no contemplados, aunque pudieran estar ligados por lazos de continuidad.

Palabras claves: delito continuado y doble enjuiciamiento.

El presente caso aborda los problemas derivados de un contrato de obras para la construcción de la sede de un organismo autónomo con competencia en todo el territorio nacional. Los problemas planteados giran en torno a la naturaleza y régimen jurídico del contrato celebrado, la existencia obligatoria o no de la mesa de contratación, el expediente de contratación, la viabilidad jurídica de contratar la realización del proyecto de obras y la adjudicación del contrato y el ejercicio del derecho a la modificación del contrato por parte del órgano de contratación. A continuación, se refiere el supuesto a un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de que el contratista arrojaba los escombros de la obra en un lugar no permitido, planteándose cuestiones en torno a la incoación de nuevos procedimientos como consecuencia de que se seguían arrojando escombros después de la iniciación de ese procedimiento, el ajuste a derecho de que el acuerdo de iniciación se considere propuesta de resolución, recursos procedentes contra la sanción impuesta y al procedimiento de ejecución de la sanción. Finalmente, se plantean cuestiones sobre un procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a solicitud del interesado, como consecuencia de incumplimiento contractual en que incurrió la Administración.

Palabras claves: contrato administrativo, obras, procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial.

El caso planteado trata de dar respuesta al problema de las incompatibilidades entre las vías procesales civil y penal para proteger el derecho al honor, previstas en la ley. En primer lugar se determinará si es obligado citar a juicio al medio de comunicación en el que se realizan las manifestaciones para concluir que el hecho de que una cadena televisiva haya proporcionado a la persona interesada un lugar donde expresarse en público no convierte automáticamente a dicho medio en partícipe ni coautor de las manifestaciones realizadas.
Igualmente se aborda el problema de si el ejercicio de una de las dos acciones impide el ejercicio de la otra, con las novedades jurisprudenciales que en la materia han concurrido, con la conclusión de que ambas son objeto de un derecho de opción por el interesado, de modo que, elegida una, no es posible el ejercicio de la otra.

Palabras claves: derecho al honor, proceso civil, proceso penal, cosa juzgada, caducidad de la acción y litisconsorcio pasivo necesario.

Los contratos de mantenimiento que se realizan por empresas con particulares o con comunidades de propietarios normalmente se realizan a través de cláusulas predispuestas por el empresario sin que el consumidor pueda negociar o modificar ninguna de ellas (contrato de adhesión), pues en otro caso no sería posible dicho servicio, y que frecuentemente afectan a la duración del contrato y al derecho al desistimiento unilateral que tiene el consumidor y que resulta limitado al imponerle una pena o consecuencia económica para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle al empresario. Esas cláusulas serán tenidas por abusivas al infringir las leyes que protegen a los consumidores y usuarios.

Palabras claves: contrato de prestación de servicios, cláusulas abusivas: larga duración y desistimiento unilateral.

El presente caso plantea la problemática de la nulidad de las cláusulas de intereses remuneratorios en los contratos de financiación a distancia, principalmente en la vertiente de la compatibilidad de aplicación de distintas normas en la materia, para llegar a la conclusión de que existe una plena compatibilidad de aplicación conjunta de la Ley de Represión de la Usura, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Crédito al Consumo y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, para atender a las peticiones de nulidad de las cláusulas sobre intereses remuneratorios. Igualmente se aportan en el caso interesantes sentencias que acreditan la existencia de una línea jurisprudencial consolidada en la materia.

Palabras claves: contratos de crédito al consumo, concurrencia de acciones, intereses usurarios y abusivos y nulidad del contrato de crédito.