Legislación

Introducción: Contexto y objetivos del marco normativo

Se regulan en el título segundo capítulo primero artículos 2 a 19 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia con entrada en vigor el 3 de abril de 2025.

Aborda las Soluciones de Controversias en Vía No Jurisdiccional, estableciendo un marco regulador que busca incentivar métodos alternativos como la mediación, conciliación y el Derecho colaborativo. El objetivo principal es descongestionar los tribunales y fomentar acuerdos extrajudiciales que permitan a las partes resolver conflictos de manera más eficiente, económica y respetuosa con sus derechos.

El texto incorpora disposiciones sobre principios básicos, ámbito de aplicación, confidencialidad y requisitos de procedibilidad, y detalla las diferentes modalidades de solución no jurisdiccional de controversias, con un enfoque en la modernización, digitalización y garantías de transparencia.

OBJETIVO Y CONTEXTO DE LA NORMA

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, tiene como finalidad modernizar y hacer más eficiente el Servicio Público de Justicia, incorporando innovaciones organizativas, tecnológicas y procesales. Este marco legal responde a las exigencias de la sociedad actual, caracterizada por mayor litigiosidad, desarrollo tecnológico y demanda de servicios públicos de calidad. La norma sustituye y amplía reformas previas, consolidando modificaciones en leyes fundamentales como la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios y otras relacionadas con la organización territorial y el proceso judicial.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 31 de diciembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que aprueba el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

Mediante el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, se establecen una serie de obligaciones y regulaciones en materia de información que se aplican a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración cuando los Estados miembros hayan establecido procedimientos de registro para las unidades situadas en su territorio.

Se publica en el BOE de 24 de diciembre el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Entre las medidas mas relevantes objeto del contenido de esta página web destacamos las siguientes:

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de diciembre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 a 30 noviembre.

I. Contexto y finalidad

El Real Decreto-ley 8/2024, se enmarca en el Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento activado tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, que afectó gravemente a municipios de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Su finalidad es complementar y ampliar las medidas urgentes establecidas por los RD-leyes 6/2024 y 7/2024, consolidando la protección social, económica y medioambiental, y adaptando la normativa vigente para responder eficazmente a esta catástrofe.

Cambios en la Ley Orgánica 5/2000 sobre responsabilidad penal de menores

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de menores, para asignar a los Juzgados de Menores la competencia en la determinación de la edad en casos de duda razonable sobre la minoría o mayoría de edad de una persona detenida por presunta participación en un delito. Este cambio refuerza el principio de presunción de minoría de edad, recogido tanto en la normativa nacional como internacional.

Procedimiento judicial para determinar la edad: Ley de Enjuiciamiento Civil

En paralelo, se modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, trasladando el procedimiento de determinación de la edad del ámbito administrativo al judicial. Las competencias se asignan a los Juzgados de Primera Instancia especializados en familia o al juzgado correspondiente según el lugar de residencia del menor.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 a 15 noviembre.