Jurisprudencia

La Sala Primera ha reiterado la doctrina fijada recientemente en torno al denominado "mínimo vital" en los supuestos en los que existen dificultades económicas para el pago de las pensiones de los hijos

Según esta doctrina “lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir solo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante” correspondiendo a la Sala revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad por la sentencia.

La Sala reitera su doctrina jurisprudencial en cuanto a la interpretación del artículo 853.2 del Código Civil, al incluir como causa de desheredación dentro del maltrato de obra, el maltrato psicológico

El recurso partía de la demanda de un hijo, desheredado en la herencia de su madre, contra su hermana, que fue instituida heredera universal en testamento, instando la nulidad de la desheredación. La respuesta fue distinta en la instancia, pues mientras el juez de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial la estimó parcialmente al entender que el daño psicológico no estaba incluido en el artículo 853.2 del Código Civil.

El fabricante del aparato defectuoso debe reembolsar los costes derivados de su sustitución cuando ésta sea necesaria para restablecer el nivel de seguridad al que una persona tiene legítimamente derecho

La Directiva sobre productos defectuosos ¹ establece que el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos.

Una empresa comercializa en Alemania marcapasos y desfibriladores automáticos implantables. Los controles de calidad efectuados posteriormente por la empresa mostraron que dichos productos podían ser defectuosos y constituir un riesgo para la salud de los pacientes. Ante esta situación, el productor recomendó a los médicos que sustituyeran los marcapasos implantados a los pacientes por otros marcapasos facilitados gratuitamente. Paralelamente, el fabricante recomendó a los médicos que trataban a los pacientes que desactivaran un interruptor en los desfibriladores.

Aunque en virtud del Derecho de la Unión la persona obligada al pago del derecho de participación es en principio el vendedor, los Estados miembros tiene libertad para designar otra persona entre los profesionales a los que se refiere la Directiva 2001/84

Una Directiva de la Unión¹ define el derecho de participación como el derecho del autor de una obra de arte original a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de esa obra tras la primera cesión. Ese derecho se aplica a todos los actos de reventa en los que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte.

• TS. En el contrato de arrendamiento de obra, el precio parcial debido antes  y después del concurso debe ser satisfecho con cargo a la masa.
• TS. Incidente en concurso de acreedores de reintegración.
• TS. Propiedad intelectual y la remuneración equitativa por actos de comunicación pública en salas de cine.
• TS. Defensa de la competencia. Estaciones de servicio. Suministro de combustible en exclusiva. Exención. Cambio de criterio jurisprudencial.
• TS. Concurso. Calificación. Culpable. El régimen de responsabilidad de los administradores sociales.
• TS. Sociedad anónima. Transmisibilidad de las acciones. Retracto. Opción de recompra excluida por el administrador en la oferta dirigida a los accionistas. Previsiones estatutarias.

• AJI. Derecho a la libertad religiosa de un testigo de Jehová para negarse a recibir trasfusión sanguina pese a la urgencia vital.
• TS. Impugnación de la calificación negativa del registrador de la propiedad. Legitimación pasiva del registrador.
• TS. Prescripción de acciones. La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos constituye un impedimento al ejercicio de la acción civil.
• TS. El juicio de capacidad para testar que realiza el Notario como presunción "iuris tantum".
• TS. La servidumbre de paso en relación a la propiedad horizontal.
• TS. Atribución de la guarda y custodia de un menor a la tía paterna y no a los abuelos. Muerte del padre a manos de la madre.
• TS. Sucesión de títulos nobiliarios en caso de hijos adoptivos.
• TS. El Supremo fija las indemnizaciones a las familias de las víctimas del accidente aéreo del lago Constanza, Alemania, en julio de 2002.
• TS. Guarda y custodia compartida. Interés del menor. Aproximación del régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial. Reiteración de doctrina jurisprudencial
• TS. Préstamo con garantía hipotecaria y fianza solidaria. Ejecución con adjudicación a la entidad prestataria por la mitad del valor de tasación. Reclamación por la entidad de la parte de deuda aún no satisfecha. Abuso de derecho. Enriquecimiento injusto.
• TJUE. Alimentos. Reclamación de la pensión a personas residentes en estados distintos del reclamante. Competencia judicial. Cooperación en materia civil.

• TS. Responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa. Valoración del suelo expropiado posteriormente corregida, respecto de fincas similares, por el TS. Dies a quo para el ejercicio de la acción.
• TS. Salud. Impugnación del RD 702/2013, sobre la tarjeta sanitaria individual. Régimen competencial. Las bases y la coordinación general de la sanidad y su desarrollo legislativo y ejecución. Datos y menciones incorporados a la tarjeta. Posibilidad de inclusión de otros nuevos.
• TS. Reintegro de subvenciones regionales.
• TS. Responsabilidad patrimonial  de la administración por accidente sufrido en las instalaciones del metro de Madrid.
• TS. Oficina Española de Patentes y Marcas. Certificado complementario de protección.
• JC-a. Procedimiento sancionador en materia de tráfico. Instalación de inhibidor de radar en el vehículo. Carga de la prueba.
• TJUE. Medio ambiente. Residuos. Eliminación por su productor sin intervención administrativa. Pago del tributo que grave la recogida y tratamiento de los residuos.
• TJUE. Contratos públicos. Procedimiento de licitación. Exclusión por condena judicial previa en materia de competencia. Normas aplicables. Interés transfronterizo. Concepto de «falta en materia profesional».

• TS. Que un particular se desahogue con acusaciones a persona jurídica en blogs, redes sociales no reviste la suficiente gravedad como para considerarlo un delito de injurias.
• TS. Cuestiones nuevas en recurso de casación por infracción de ley. Agravante de reincidencia.
• TS. No es obstáculo para el recurso de revisión de sentencias que se trate de una sentencia dictada por conformidad.
• TS. Los márgenes de error en las pruebas de determinación de edad de los acusados, a efectos de su absolución en caso de minoría de edad.
• TS. Jurisdicción de las autoridades españolas para los delitos de tráfico ilegal de drogas cometidos en medios marinos.

La decisión del juzgado tiene en cuenta numerosa jurisprudencia que pone sobre la mesa el conflicto entre el derecho a la libertad religiosa y de conciencia del paciente y el derecho a la vida

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara ha dictado un auto por el que resuelve la problemática planteada por el Hospital Universitario de Guadalajara ante la negativa de un paciente a recibir una transfusión sanguínea como parte de un tratamiento médico. La falta de consentimiento del paciente viene motivada por su condición de testigo de Jehová.

Tras la preceptiva entrevista de la comisión judicial con el paciente y la emisión de un informe forense sobre la capacidad cognitiva y volitiva del mismo, el Juzgado ha acordado respetar la autonomía de la voluntad del paciente y su derecho a negarse a recibir como tratamiento terapéutico la transfusión de sangre.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha estimado parte de los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó en mayo de 2012 al pago de indemnizaciones millonarias (de entre 1,5 y 5,5 millones de dólares por cada familia) a las dos empresas norteamericanas fabricantes de los sistemas anticolisión de que iban dotados los dos aviones que chocaron provocando el accidente aéreo ocurrido cerca del lago Constanza, en Alemania, del 1 de julio de 2002.
Las víctimas fueron en su mayoría niños y jóvenes rusos. El Supremo estima parcialmente los recursos de dichas empresas y mantiene las indemnizaciones a que debe hacer frente una de ellas (Honeywell Internacional, INC"), pero no la otra ("Aviation Communications and Surveillance Systems" -ACSS-), a quien se las reduce en un 50 por ciento por concurrencia de responsabilidad con el centro de control aéreo suizo y a la vista del derecho aplicable de Arizona. El caso se vio en Barcelona porque era el lugar de destino de uno de los aviones siniestrados.