Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional, en providencia de 1 de marzo de 2016, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

La sentencia del alto tribunal precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada.

La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o ‘keywords’ en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica. La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

• TSJ. Sanción de caza por participar en batidas  ilegales en terrenos vedados
• TSJ. Lenguas cooficiales. Instrucciones lingüísticas sobre atención al público en la administración autonómica catalana. Naturaleza jurídica. Legitimación activa 
• TS. Impugnación de una resolución presunta desestimatoria estimada parcialmente mientras se sustancia el recurso
• TS. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Invocación de sentencias posteriores a la impugnada
• TS. Sector eléctrico. Impugnación del Real Decreto 216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
• TS. Urbanismo. PORN del Cabo de Gata. Sector «El Algarrobico»

• TS. Contratos bancarios. Nulidad por error vicio del consentimiento
• AP. Plazo de ejercicio de la acción rescisoria en el concurso de acreedores
• AP. Calificación del concurso de acreedores  como culpable
• JM. Propiedad intelectual. Plagio. Trabajo Fin de Master. Estructura. Originalidad. Obras científicas. Labor de equipo. Recopilación de datos. Indemnización. Daño moral 
• TGUE. Marca comunitaria tridimensional. Carácter distintivo. Adquisición por el uso. Percepción del consumidor medio. Nueva botella de Coca-Cola, distinta de su botella tradicional

• TS. Comunidad hereditaria. Acción de regulación del uso de vivienda común entre los comuneros. Utilización por turnos
• TS. Error obstativo y su distinción con el error vicio en un contrato de compraventa
• TS. Orden de los apellidos del menor en caso de desacuerdo de los progenitores
• TS. Procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón de su régimen económico matrimonial tras la disolución de este
• TS. La custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si hay desproporción en los ingresos de los padres
• TJUE. Copropiedad indivisa de inmuebles. Disolución de la comunidad por venta. Derechos reales sobre los inmuebles. Nombramiento de fideicomisario para efectuar la venta. Competencia judicial 

• TS. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su derecho de defensa por persona física, también acusada, en el mismo procedimiento
• TS. Se avala a efectos de prueba lícita el acceso de los padres a las cuentas de Facebook de sus hijos para evitar el ciberacoso
• AN. La Audiencia Nacional no ve delito en la pitada al himno en la final de Copa del Rey
• TS. Estafa por sacar dinero de una cuenta bancaria donde solo estaba autorizado una vez fallecido el titular
• TS. Régimen de responsabilidad civil en relación con el delito de apropiación indebida y la excusa absolutoria por parentesco
• TS. Clubs sociales de cannabis. El cultivo compartido no es consumo compartido   

El alto tribunal confirma las condenas impuestas a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela. En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La marca solicitada carece de carácter distintivo

En diciembre de 2011 The Coca-Cola Company («Coca-Cola») solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el registro de la siguiente marca comunitaria tridimensional para, concretamente, botellas metálicas, de vidrio y de plástico:

En las dos primeras sentencias dictadas sobre esta materia -cuyo fallo estimatorio se avanzó el pasado 26 de enero-, el Supremo recoge otras tres bases para fijar las indemnizaciones, las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto

El Supremo establece que las indemnizaciones por el ‘céntimo sanitario’ que debe pagar la Administración General del Estado son la suma, en relación a cada perjudicado, de todas las cantidades que abonó durante la vigencia de dicho impuesto contrario al derecho de la Unión Europea, que entró en vigor en 2002, y que reclamó en su recurso contencioso-administrativo.

El alto tribunal confirma la validez de los datos obtenidos por esta vía por una madre como prueba de un delito de abuso sexual.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la validez como prueba de un delito de abuso sexual los datos obtenidos por una madre de la cuenta abierta por su hija menor de edad en Facebook, a la que accedió sin que conste su permiso ante la sospecha de que la niña pudiera estar siendo víctima de ciberacoso.

En su recurso, el condenado solicitó que se anularan como prueba los citados mensajes, alegando que se había accedido a los mismos sin autorización de la menor y que, por tanto, se había vulnerado el derecho a la intimidad de los comunicantes.