Jurisprudencia

• TS.Sociedad anónima. Acción de exclusión de un socio ejercitada por otro. Plazo. Caducidad
• TS.Transporte marítimo/terrestre. Daños en la mercancía. Descarga en muelle incorrecto
• AP. Los siniestros totales de vehículos se deben indemnizar conforme al valor real de las reparaciones
• TJUE. Responsabilidad de un administrador de comercio por su red wi-fi y las infracciones contra la propiedad intelectual
• TJUE. Saneamiento y liquidación de entidades de crédito. Ayudas estatales a bancos durante la crisis financiera. La «Comunicación bancaria» de la Comisión. Reparto de cargas entre accionistas y titulares de instrumentos subordinados. Confianza legítima. Propiedad
• TJUE. Protección de los consumidores. Créditos litigiosos. Derecho de retracto del deudor. Compatibilidad del artículo 1.535 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo con la Directiva 93/13/CE  

• AP. La Audiencia Provincial de Oviedo ordenó en marzo la entrega inmediata a la madre biológica del menor asturiano en situación de pre adopción en Valencia
• TS. Registro de la propiedad. Juicio contra desestimación presunta por la DGRN de recurso gubernativo interpuesto por Notario contra calificación negativa del Registrador. Artículo 328.4º L.H. Falta de legitimación activa
• TS. condena a una revista por un reportaje sobre la enfermedad de una expresentadora que había dejado de ser famosa
• JPI. Protección de la posesión tolerada por los dueños
• TS. El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la devolución del dinero anticipado para la compra de vivienda por causas urbanísticas
• Donación de cosa mueble. Responsabilidad del notario. Arrendamiento de servicios. Perjuicio patrimonial derivado de liquidación tributaria    

• AN. La Audiencia Nacional anula el plan de formación de empleo del Gobierno
• JC. No se puede sancionar a los conductores que lleven detectores de radar si no se acredita su uso
• TS. Adquisición de la nacionalidad por residencia. Concepto de "buena conducta cívica"
• TS. Procedimiento contencioso administrativo. Revisión de sentencia. Extemporaneidad y presentación en registro distinto del TS
• TS. El Supremo anula la localización permanente de deportistas para realizar controles antidopaje
• TJUE. Responsabilidad patrimonial. Violación del derecho comunitario provocada por una resolución judicial. Violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión

• AP. No puede condenarse al acusado si solo existe como prueba de la autoría del anuncio por internet falso que la IP era suya
• TS. Prevaricación administrativa de alcalde que nombra personal municipal sin la tramitación de expediente alguno, y con informes contrarios del interventor
• TS. El delito de blanqueo no exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que aprovechan
• TS. Estafa procesal y su modalidades

La Sala considera afectado el derecho a la intimidad por la información publicada sin causa legítima que lo justifique

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de septiembre de 2016, ha confirmado la condena a Lecturas por publicar un reportaje fotográfico sobre el estado de salud de una expresentadora de televisión cuando había dejado de ser famosa y después de expresar su decisión de no aparecer en los medios de comunicación.

La editora de la revista tendrá que pagar una indemnización de 200.000 euros a la presentadora al difundir, ocho años después de su última aparición pública, fotografías en las que aparece en silla de ruedas a causa de una enfermedad degenerativa junto a otras imágenes de su etapa

La sentencia de 12 de septiembre de 2016 de la Sala I del Tribunal Supremo, ha fijado como doctrina que “las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanístico”.

Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse como algo que escapa del ámbito de la Ley 57/1968, “pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato”.

El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado

La Sala III del Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de julio de 2016, ha ratificado la anulación parcial de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localización de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no está en cuestión la represión del dopaje, sino el nivel de localización que la citada Resolución del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de ‘localización habitual’ sino ‘localización permanente’, ya que alcanza a todos los días y horas del año, lo que resulta desproporcionado.

En su sentencia, la Sección Cuarta recogía expresamente que la presentación de posibles recursos no debía suspender la eficacia de esa medida

La sentencia de 10 de marzo de 2016, relacionada con el caso del menor asturiano en situación de pre adopción en la Comunidad Valenciana, en su fundamento jurídico quinto, recogía expresamente que la entrega del menor a su madre biológica debía producirse "de forma inmediata sin que la posible interposición de recursos suspenda la eficacia de esta medida".

El administrador de un comercio que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi no es responsable de las infracciones de los derechos de autor cometidas por un usuario.  No obstante, dicho administrador puede ser obligado a proteger su red mediante una contraseña para poner fin a esas infracciones o prevenirlas.

El Sr. Tobias Mc Fadden es el administrador de un comercio de equipos de iluminación y sonido, en el que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi con el fin de llamar la atención de potenciales clientes sobre sus bienes y servicios. En 2010, una obra musical de cuyos derechos de autor es titular Sony fue propuesta ilícitamente al público para su descarga a través de esa red. El Landgericht München I (Tribunal Regional Civil y Penal de Múnich I, Alemania), que conoce de un litigio entre Sony y el Sr. Mc Fadden, estima que éste no ha vulnerado personalmente los derechos de autor de que se trata. No obstante, se plantea la posibilidad de considerar al Sr. Mc Fadden indirectamente responsable de esta vulneración porque su red Wi-Fi no estaba protegida. No obstante, al albergar dudas acerca de si la Directiva sobre el comercio electrónico¹ se opone a esa responsabilidad indirecta, el Landgericht ha planteado una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

• TJUE. Extradición a un Estado tercero de un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación
• AN. Responsabilidad patrimonial por el accidente del vehículo, por indebida señalización horizontal de la carretera
• TS. Eficacia, en orden a la caducidad del procedimiento sancionador en defensa de la competencia, de las suspensiones producidas después del término del plazo inicial
• TS. Entidades locales. Estabilidad presupuestaria. Denegación de la autorización para formalizar una operación de crédito a largo plazo. Suficiencia financiera. Autonomía local
• TS. Extranjería. Residencia. Solicitud de autorización individual por circunstancias excepcionales. Colaboración con las autoridades. Motivación
• TS. Medio ambiente. Estudio estratégico ambiental para implantación de parque eólicos marinos. Mar territorial. Aguas interiores. Deslinde entre régimen competencial y ámbito territorial