José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

No solo las grandes empresas, entidades financieras y organismos públicos son susceptibles de ser objetivos de los hackers, cada vez son más frecuentes los ciberataques a pymes y a particulares, de hecho, más de la mitad de las pymes reconocen haber sufrido algún ciberataque.

Para sus ataques, los hackers utilizan todo tipo de técnicas para hacerse con información confidencial, destruirla o encriptarla. Para encriptar la información utilizan virus del tipo ransomware (bloqueador de sistemas), que se introducen de forma ilegal en el sistema operativo del usuario a través de mensajes de correo electrónico infectados o descargas, para exigir después el pago de un rescate para desencriptarlos.

La actual crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 pone de manifiesto la fragilidad de nuestras empresas, autónomos y profesionales frente a determinadas contingencias. En el caso del coronavirus, una contingencia de esta magnitud era inimaginable, y nuestras empresas y la sociedad en su conjunto se encuentran cada vez más sometidas a actividades generadoras de daños que pueden derivar en responsabilidades civiles por parte de las empresas.

Una intoxicación por una comida en mal estado en un restaurante, un obrero que se cae de un andamio de una obra o una deficiente custodia de datos personales de clientes o pacientes de un hospital son ejemplos de situaciones que pueden derivar en la asunción de responsabilidades civiles por parte de las empresas y, en algunos casos, incluso por parte los administradores.

El que tenga alguna duda sobre la importancia de la protección de datos debe saber que la multimillonaria multa que acaba de recibir British Airways por la sustracción de datos de sus clientes asciende a 205 millones de euros.

El delegado de protección de datos (DPD), o, en inglés, data protection officer (DPO), se convierte, por lo tanto, en una figura clave dentro de las organizaciones, ya que la seguridad y protección de los datos cobra tal magnitud que puede afectar incluso a la supervivencia de la empresa.

Esta nueva figura, especializada en la protección de datos, nace con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por el Parlamento Europeo y su trasposición al Derecho español. Esta normativa exige que dicho delegado cumpla determinados requisitos de capacidad, siendo responsabilidad de la empresa en la que preste sus servicios el asegurarse que así sea.

El personal que informa y comercializa préstamos inmobiliarios, el personal directivo, los analistas de riesgos, quienes diseñan este tipo de operaciones, así como quienes asesoran en las mismas, tienen que tener una formación específica que se detalla en la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, que modifica la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden ECE/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos el 25 de mayo de 2018, son cada vez más los consumidores que ejercen sus derechos en materia de protección de datos. Sin embargo, es relativamente frecuente que las personas que los atienden no conozcan estos derechos y no les presten una atención diligente para que aquellos puedan ejercitar dichos derechos.

Los responsables del tratamiento de datos son los encargados de informar a todos los trabajadores de una empresa acerca del procedimiento a seguir para que los interesados en ejercer sus derechos en materia de protección de datos puedan hacerlo. Para ello, deben definir de forma clara los mecanismos mediante los cuales los interesados puedan ejercer sus derechos.

Los interesados en ejercer sus derechos deben identificarse fehacientemente, presentando DNI o pasaporte, debiendo el responsable de tratamiento darles una respuesta concisa, transparente, inteligible, con un lenguaje claro y sencillo y conservar la prueba del cumplimiento del deber de responder a las solicitudes presentadas, las cuales deben responderse en el plazo de un mes desde su recepción.

Nadie en su sano juicio dejaría el dinero en efectivo al alcance de cualquiera, sin embargo los datos se acumulan en ordenadores y papeles, en muchos casos sin las debidas medidas de seguridad, algo que puede tener consecuencias muy negativas para el negocio, además de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El Reglamento (UE) 2016/679, más conocido como Reglamento General de Protección de datos, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, es de obligada aplicación desde el 25 de mayo de 2018.

Para presentar con éxito una reclamación bancaria, se pueden seguir los cauces administrativos establecidos por el Banco de España o utilizar otras formulas más originales de protesta, como bailar flamenco en las oficinas bancarias, protesta cuyo video en YouTube tiene más de 1.300.000 visualizaciones.

A continuación nos centraremos en las formas de reclamación formal, ya que las protestas a pie de oficina, sonoras y folclóricas, es un arte espontáneo, que los afectados por problemas con los bancos emplean en muchos casos como último recurso, tras agotar todas las vías de reclamación sin ver resuelto su problema.

Según la memoria de reclamaciones del Banco de España del 2017, en los últimos 30 años, el Servicio de Reclamaciones, primero, y el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR), después, han resuelto 265.799 reclamaciones y 418.471 consultas (37.333 escritas y 381.138 telefónicas) presentadas por los clientes y usuarios de servicios financieros.

Según la estadística del INE sobre los tres problemas principales que existen actualmente en España, en el mes de diciembre de 2018 un 24,7 % de los encuestados situaba la corrupción y el fraude entre uno de los principales problemas de nuestro país, porcentaje que en noviembre de 2014 llegó a alcanzar un 63,8 %.

Los ciudadanos en general, menos los que se corrompen, como es obvio, desdeñan este tipo de prácticas, por lo que las empresas que se ven envueltas en ellas se pueden encontrar con un rechazo social, que puede mermar su imagen y por ende su cuenta de resultados.

Las empresas y sus directivos que se vean envueltos en este tipo de prácticas se enfrentan, pues, al escarnio público de los medios de comunicación y redes sociales, pero además sus directivos pueden tener responsabilidad penal o poner en riesgo su patrimonio personal.

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

• Contrato o póliza de préstamo.
• Contrato de préstamo hipotecario.
• Contrato de arrendamiento financiero o leasing.
• Contrato de arrendamiento operativo o renting.

La corrupción y el fraude se encuentran recurrentemente entre los principales problemas que existen en España, según las encuestas del CIS, siendo las contrataciones con el sector público una fuente inagotable de titulares sobre irregularidades de todo tipo.

Con el objetivo de dotar de mayor transparencia este tipo de contrataciones, incrementar los controles sobre la corrupción y la morosidad y garantizar la libre concurrencia, el Congreso acaba de aprobar la nueva Ley de Contratos del Sector Público, trasponiendo de esta manera al ordenamiento jurídico español las directivas europeas sobre contratación con el sector público.