Jurisprudencia

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantaleón Prieto, ha declarado como doctrina jurisprudencial que: «las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución Española».

El Ayuntamiento de Sobrescobio, en Asturias, interpuso demanda frente a un particular, a raíz de unas alegaciones que hizo este último con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesión y en cuyo seno se cuestionaba su propia apertura, al no existir estudio de impacto medio ambiental, ni informe de sanidad y denunciar que se falsificó la autorización de carreteras. La Sala Primera se cuestionó de oficio, al ser determinante de la legitimación activa, si el Ayuntamiento, en cuanto persona jurídica de Derecho Público, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.

Según el Abogado General Spuznar, el préstamo de un libro electrónico es comparable al préstamo de un libro tradicional. De ello se sigue que es aplicable el régimen general del derecho de préstamo, que prevé en particular una remuneración adecuada de los autores en virtud de la excepción de préstamo público

La Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, prevé que el derecho exclusivo de autorizar o prohibir ese alquiler y préstamo corresponde al autor de la obra. No obstante, los Estados miembros pueden establecer una excepción al derecho exclusivo en lo referente a los préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración adecuada.

• TSJ. Apartamentos de uso turístico. Limitación temporal del arrendamiento. Declaración responsable. Visado colegial del plano. Inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. Nulidad de precepto autonómico
• TS. El Tribunal Supremo obliga a la Junta de Castilla y León a pagar 200.000 euros a un niño que sufre parálisis cerebral por daños sufridos durante el parto
• TS. Orden de colocación de la bandera de España en la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ejecución de sentencias en sus propios términos
• TS. Opositor excluido indebidamente al que posteriormente se le da la razón judicialmente
• TC. Acción y servicio exterior del Estado. Competencia estatal exclusiva. Relaciones internacionales y dirección de la política exterior. Informes al Ministerio de Asuntos Exteriores. Actuaciones autonómicas. Constitucionalidad de la Ley 2/2014
• STJUE. Procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular

• TJUE. La Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor, se opone a que la compensación equitativa por copia privada se financie vía presupuestos
• TJUE. Propiedad Intelectual: Instalación de aparatos de televisión por el explotador de un centro de rehabilitación para que los pacientes puedan ver emisiones de televisión
• TJUE. Propiedad intelectual. Modificación y comunicación pública de obra ajena. Indemnización basada en el canon que se adeudaría de haber solicitado permiso. Posibilidad de solicitar, además, indemnización del daño moral
• TS. Constitución de un sindicato de accionistas de una sociedad. No todo supuesto de representación de más de tres accionistas en una junta general de una sociedad anónima constituye un caso de solicitud pública de representación
• TS. Préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda habitual y posterior ampliación. Intereses de demora abusivos
• TS. Se avala que las personas con discapacidad estén exentas del canon a los autores por los préstamos de sus obras
• TCJ. Conflicto de jurisdicción. AEAT y Juzgado de lo Mercantil. Concurso no concluido, con operaciones liquidatorias pendientes. Requerimiento de inhibición a la AEAT en un procedimiento de derivación de declaración de responsabilidad solidaria. Competencia judicial      

• TS. El Tribunal Supremo revoca la custodia compartida a un padre que tenía "falta total de respeto" a la madre
• TS. Responsabilidad civil por culpa extracontractual. Daños en una concentración de trabajadores. Responsabilidad del sindicato organizador
• TS. La acción de retracto de comuneros sobre una porción de una cosa pro indivisa
• TS. El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipotecarios a los no consumidores
• TS. Interpretación de los contratos. Designación por el comprador del impuesto concurrente en la operación. Responsabilidad contractual. Error inexcusable

• TS. El Supremo condena a dos años de cárcel a un empresario de Zaragoza por la emisión de gases contaminantes en una planta tecnológica
• TS. Doctrina jurisprudencial sobre la identificación visual. Concurso medial.  Abuso de superioridad
• TS. La decisión del tribunal sentenciador relativo a la aplicación del contenido del art. 193.2 del Reglamento Penitenciario, no es susceptible de recurso de casación ordinario
• TS. Inviolabilidad del domicilio y flagrancia de delitos
• TS. Las sentencias de conformidad no se encuentran excluidas del régimen legal de la acumulación para la ejecución de las penas
• TS. Revocación de resoluciones absolutorias en casación

Los magistrados estiman que la disposición de no poder contratar por un periodo inferior a cinco días es una restricción de la competencia que no está justificada ni en la protección al usuario turístico

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Decreto de la Comunidad de Madrid que dispone que las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días.

La Sección Octava ha decidido en este sentido al estimar en parte el recurso presentado por la Asociación Madrid Aloja contra el inciso 17.3 del Decreto 79/2014, por el que se regulan los apartamentos de uso turístico de la región.

El control de transparencia no se extiende a la contratación bajo condiciones generales en que el adherente no tiene la condición legal de consumidor.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de junio de 2016, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte demandante-apelada contra la sentencia dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, con fecha 29 de mayo de 2014, en el recurso de apelación n.º 93/2014.

La demandante, que había suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisición de un local para la instalación de una oficina de farmacia, formuló una demanda contra la entidad bancaria, en la que solicitó la nulidad de la cláusula de limitación del interés variable (cláusula suelo) incluida en el contrato.

Una Directiva de la Unión¹ instauró desde 2001 un marco jurídico armonizado de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor basado en un elevado nivel de protección de los titulares de los derechos.

A tal fin, los Estados miembros establecerán, entre otros, el derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras. No obstante, los Estados pueden introducir excepciones a este derecho exclusivo de reproducción, en particular, en el caso de las reproducciones efectuadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales («excepción de copia privada»), pero en este caso, los titulares de los derechos deben recibir una compensación equitativa.

La Sala III del TS, en su sentencia de 31 de mayo de 2016, ha rechazado los recursos de cuatro entidades de derechos de autor (SGAE, CEDRO, VEGAP y DAMA) que reclamaban la nulidad del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, como las bibliotecas municipales de localidades con más de 5.000 habitantes. Subsidiariamente, los autores reclamaban la nulidad de dos de las exenciones del pago de la remuneración que establece el Decreto: la de excluir del cómputo para fijar este canon los préstamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, y la exención del pago a los servicios móviles cuando realicen préstamos en municipios de menos de 5.000 habitantes.