Jurisprudencia

Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.

Selección de jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 1 al 15 de noviembre de 2015) 

Selección de jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 1 al 15 de noviembre de 2015) 

Selección de jurisprudencia de Derecho Penal (1 a 15 de noviembre de 2015) 

La Audiencia de A Coruña condena a 18 años de prisión por un delito de asesinato a los padres de Asunta

El presidente del Tribunal del Jurado ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de parentesco a la hora de fijar la pena

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a 18 años de prisión por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, a los padres de la menor Asunta.

De conformidad con el veredicto del jurado, la sentencia de 11 de noviembre de 2015 considera probado que los acusados, de común acuerdo, suministraron repetidamente a su hija, desde al menos tres meses antes del fallecimiento, un medicamento que contenía lorazepam. Según la resolución, el padre de la víctima retiró en al menos tres ocasiones, entre julio y septiembre de 2013, este fármaco de la misma farmacia.

El Supremo anula el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental

El alto tribunal destaca, por unanimidad, que la nulidad de pleno derecho radica en la falta de respuesta de la administración a las alegaciones presentadas por la mercantil en el trámite de información pública

La Sala III del Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de octubre de 2015, ha declarado nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, aprobado por el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio. El motivo de la nulidad es doble: por un lado, porque la administración autonómica no dio respuesta a las alegaciones formuladas por la entidad mercantil recurrente en el trámite de información pública del procedimiento de elaboración del Plan; y en segundo lugar, porque no se emitió en relación al Plan el preceptivo informe sobre impacto por razón de género exigido por la propia legislación autonómica andaluza.

El Supremo confirma la condena a un periodista por atentar el honor del presidente del Real Madrid

El derecho a la libertad de expresión no reconoce un pretendido derecho al insulto.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Antonio Salas Carceller, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por D. José María García Pérez contra la sentencia de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró que las expresiones e imputaciones realizadas por el demandado en el programa "La vuelta al mundo", emitido por la cadena VEO, eran atentatorias contra el honor de D. Florentino Pérez Fernández.

El Tribunal Supremo rechaza la demanda de un padre contra su hija por incinerar los restos mortales de su madre y de un hermano sin informarle

El alto tribunal declara que los hechos no afectan al derecho a la intimidad del demandante, que reclamaba 25.000 euros

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que rechazó que constituya un acto de vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del demandante la conducta de su hija, que ordenó la exhumación de los restos mortales de su madre y de un hermano para su incineración sin informarle.

El Tribunal Supremo confirma la condena a un médico de urgencias por no atender a un paciente frente al hospital

La Sala de lo Penal rechaza los argumentos del médico que alegó en su recurso que no podía salir del hospital al estar de guardia, que tenía entre 15 y 18 pacientes en observación y que él no denegó la asistencia al paciente porque llamó al 112

El Tribunal Supremo mediante Sentencia de 22 de octubre de 2015, ha confirmado la condena a un médico de urgencias que no atendió a un enfermo frente a la puerta del hospital donde estaba de guardia. Tendrá que pagar una indemnización de 100.000 euros a la familia del paciente que falleció en la calle de una parada cardiaca. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por el facultativo y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que también condenó al médico por un delito de omisión del deber de socorro al pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante seis meses.

El Tribunal Supremo destaca la prevalencia de la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor de personajes públicos, especialmente en casos de corrupción

El alto tribunal estima el recurso de dos periodistas contra la sentencia que les condenó por la publicación de un artículo sobre los ‘papeles de Bárcenas’

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de octubre de 2015, ha estimado el recurso de casación interpuesto por D. Pedro José Ramírez Codina, Unidad Editorial SA y D. Manuel Marraco frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les condenaba por haber vulnerado el honor del demandante, D. Luis del Rivero Asensio, en el artículo titulado “Álvarez-Cascos colocó a Bárcenas y a Trías”, publicado en la página 5 del diario “El Mundo” del 7 de febrero de 2013.

Para el juzgador penal las sociedades de profesionales tampoco suponen per se un vehículo para la comisión de delitos contra la Hacienda pública

De nuevo ponemos sobre la palestra uno de los temas de debate más calientes de los últimos meses: el de la consideración de las sociedades de profesionales como sociedades interpuestas entre sus socios y quienes pagan sus servicios, lo que la Administración se ha empeñado en considerar un supuesto de simulación.

En esta ocasión, traemos a colación la sentencia de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Penal n.º 27 de Madrid, en la que el acusado es el administrador único de una de las más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de nuestro país -y responsable civil subsidiario la firma que dirige- y la acusación está representada por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -como acusación particular-.

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