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El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha presidido una reunión con el Foro Justicia y Discapacidad, creado en 2003 por el Consejo General del Poder Judicial con el fin de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

En la reunión se han tratado cuestiones que están entre los principales objetivos de este Foro, como la creación de un Observatorio de la Discapacidad, la mejora de la accesibilidad a los edificios judiciales o la especialización de jueces.

En este sentido, durante la pasada legislatura el Gobierno tomó medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Para ello, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar los derechos de los ciudadanos sordos y sordociegos en los procesos penales mediante las herramientas que precisen, es decir, intérpretes de lengua de signos u otros apoyos a la comunicación oral.

En los cuatro años de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP) un total de 31.536 familias se han acogido a él para aliviar su deuda hipotecaria. De ellas, 24.902 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.031 han finalizado con la dación en pago. En el conjunto de 2015, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 14.441, un 14,8% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP.

En la reunión de 10 de marzo de 2016 del Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado las siguientes decisiones de política monetaria:

1. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema se reducirá en 5 puntos básicos, hasta el 0,00%, a partir de la operación que se liquidará el 16 de marzo de 2016.
2. La tasa de interés de la facilidad marginal de crédito se redujo en 5 puntos básicos, hasta el 0,25%, con efectos del 16 de marzo de 2016.
3. El tipo de interés de la facilidad de depósito se reducirá en 10 puntos básicos, hasta el -40%, con efectos del 16 de marzo de 2016. Mantiene el interés de la facilidad marginal de crédito en el 0,3%.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, han firmado el 4 de marzo un convenio de colaboración para el acceso y el uso del sistema LexNET por parte de este colectivo en sus comunicaciones con los órganos de la Administración de Justicia.

Entre las actividades profesionales que desarrollan los economistas y titulados mercantiles destaca la realización de funciones como administradores concursales, por lo que, de acuerdo con el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, estos profesionales están obligados a utilizar los sistemas electrónicos existentes para la presentación de escritos y documentos y recepción de actos de comunicación.

Cualquier ciudadano tendrá acceso a través de internet al nombre del juez que tramite su caso, así como a la dirección y el teléfono del Juzgado. El directorio incluye los órganos unipersonales, los colegiados como Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia y los centrales: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto desde el 2 de marzo en marcha en su página web (www.poderjudicial.es) el primer directorio de jueces y órganos judiciales de acceso público, en el que cualquier ciudadano podrá consultar a través de internet no sólo la dirección y el teléfono del Juzgado en el que se esté tramitando su caso, sino también el nombre del juez o magistrado a cargo del mismo.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, y la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, han asistido hoy a la sesión constitutiva de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se ha reunido en febrero en Málaga y Granada con los decanos de los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales para explicarles el proceso de implantación y desarrollo del proyecto de comunicaciones electrónicas así como para resolver las dudas e inquietudes de estos colectivos al respecto.

Sánchez-Cortés ha estado acompañada por el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado.

Para la realización de estos encuentros, que se van a producir en todas las provincias, el Ministerio trabaja de forma conjunta con los colegios profesionales mediante la creación de comisiones mixtas en las que se fije un cauce estable de relación con la Justicia a través del secretario coordinador provincial que será el punto de contacto. Así, se podrán detectar y resolver las incidencias que en este periodo de implantación se planteen, tanto de carácter general como particular.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado esta tarde durante la presentación del libro "La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015" la intensa actividad normativa desarrollada en la X legislatura.

Más de doscientas cuarenta leyes aprobadas, entre ellas, algunas tan importantes en el ámbito jurídico como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como otras nuevas disposiciones como la Ley de Jurisdicción Voluntaria o el Estatuto de la Víctima. ​

Los dos partidos que mas diputados obtuvieron en las pasadas elecciones del 20 de diciembre de 2015, manejan dos documentos a modo de propuesta de programa con el que intentan buscar apoyos del resto de formaciones políticas.

El PSOE, como encargado por el Rey de intentar formar gobierno, ha elaborado un documento de 53 páginas, con el que Pedro Sánchez, en el debate de investidura que comenzará el 2 de marzo de 2016, aspira a obtener la confianza del Congreso de los Diputados y ser presidente del Gobierno.

Desde el 1 de enero se invierte una media de 19 días en los actos de comunicación y presentación de escritos, frente a los 60 que se empleaban con la tramitación en papel. Además, el mes pasado se realizaron más de 4,7 millones de comunicaciones electrónicas.

Un mes después de la entrada en vigor de la obligatoriedad en el uso de las comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hecho un balance positivo de los resultados de la tramitación electrónica que está permitiendo avanzar hacia una Justicia más rápida y accesible para el ciudadano: