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Los 23 países (entre ellos España) que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana  reunidos en Luque, Paraguay, celebraron su XVIII Asamblea Plenaria, y  han suscrito una Declaración Final en la que muestran sus compromisos en materia de justicia.

Entre las recomendaciones del grupo se puntualizó la necesidad de la adopción de normas, por parte de los estados, para homogeneizar la redacción de sentencias y buscar un equilibrio entre el rigor técnico necesario de las expresiones y comprensión por parte de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, entendiendo que es esencial el uso de un lenguaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales, y una argumentación fácilmente comprensible.

España ha avanzado en la eficiencia y calidad de su sistema judicial como consecuencia de los esfuerzos realizados y de las medidas adoptadas a lo largo del último año para la mejora de Administración de Justicia.

Esta es una de las principales conclusiones del Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea de 2016, publicado ayer y presentado en Bruselas por Vera Jourova, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE. Respecto a la percepción subjetiva de la independencia judicial por parte de sus usuarios, ha mejorado en términos globales respecto a anteriores ejercicios.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que toma conocimiento de la autorización concedida al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de una campaña de publicidad institucional destinada a la difusión del "Programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas empresas".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado el enorme valor que tienen la medicina legal y sus profesionales al proporcionar respuestas científicas a las incógnitas planteadas por el sistema judicial. Durante el acto de inauguración de las XXI Jornadas Mediterráneas de Medicina Legal que se celebran en Badajoz, el ministro ha repasado las últimas actuaciones de su departamento encaminadas a facilitar este trabajo.

El ICO y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB, por sus siglas en inglés) han firmado un préstamo de 300 millones de euros destinados a financiar a autónomos y pymes en España. Este préstamo va a suponer una inyección de total de fondos de hasta 600 millones de euros, ya que el ICO destinará una cantidad adicional equivalente al préstamo del CEB.

La operación se ha firmado esta tarde en Madrid entre la presidenta del ICO, Emma Navarro y el Gobernador del CEB, Rolf Wenzel.

• Las 13.427 plazas del turno libre y las 5.694 plazas de promoción interna suponen un incremento del 62,14 por 100 y del 20,25 por 100 respectivamente, respecto a 2015.
  
• De las 19.121 plazas, 1.669 corresponden a las Fuerzas Armadas (de turno libre, 761 y de promoción interna, 908) cuya oferta se aprobará en un próximo Consejo de Ministros.
  
• La tasa de reposición para servicios prioritarios se eleva al 100 por 100 y centra sus prioridades en la lucha contra el fraude fiscal y laboral, la investigación e innovación, la asistencia a usuarios de servicios sociales, la Administración de Justicia, los Cuerpos de Seguridad del Estado y las políticas de empleo.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha presidido una reunión con el Foro Justicia y Discapacidad, creado en 2003 por el Consejo General del Poder Judicial con el fin de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

En la reunión se han tratado cuestiones que están entre los principales objetivos de este Foro, como la creación de un Observatorio de la Discapacidad, la mejora de la accesibilidad a los edificios judiciales o la especialización de jueces.

En este sentido, durante la pasada legislatura el Gobierno tomó medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Para ello, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar los derechos de los ciudadanos sordos y sordociegos en los procesos penales mediante las herramientas que precisen, es decir, intérpretes de lengua de signos u otros apoyos a la comunicación oral.

En los cuatro años de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP) un total de 31.536 familias se han acogido a él para aliviar su deuda hipotecaria. De ellas, 24.902 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.031 han finalizado con la dación en pago. En el conjunto de 2015, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 14.441, un 14,8% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP.

En la reunión de 10 de marzo de 2016 del Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado las siguientes decisiones de política monetaria:

1. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema se reducirá en 5 puntos básicos, hasta el 0,00%, a partir de la operación que se liquidará el 16 de marzo de 2016.
2. La tasa de interés de la facilidad marginal de crédito se redujo en 5 puntos básicos, hasta el 0,25%, con efectos del 16 de marzo de 2016.
3. El tipo de interés de la facilidad de depósito se reducirá en 10 puntos básicos, hasta el -40%, con efectos del 16 de marzo de 2016. Mantiene el interés de la facilidad marginal de crédito en el 0,3%.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, han firmado el 4 de marzo un convenio de colaboración para el acceso y el uso del sistema LexNET por parte de este colectivo en sus comunicaciones con los órganos de la Administración de Justicia.

Entre las actividades profesionales que desarrollan los economistas y titulados mercantiles destaca la realización de funciones como administradores concursales, por lo que, de acuerdo con el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, estos profesionales están obligados a utilizar los sistemas electrónicos existentes para la presentación de escritos y documentos y recepción de actos de comunicación.