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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula específicamente el contenido que debe tener el Documento Único Electrónico (DUE) para que mediante el mismo se puedan llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de la actividad de las empresas individuales y para el cese y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada. De este modo, se da un paso más en el cumplimiento de las medidas de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En este Documento de extinción y cese de actividad se incluirán todos los datos referentes al empresario individual y a las sociedades de responsabilidad limitada que deben remitirse a los Registros jurídicos (Mercantil, de la Propiedad…) y a las Administraciones Públicas (Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria…).

El periodo medio de pago a proveedores en CC. AA. relativo al mes de julio se sitúa en 46,19 días, siendo 5,23 días superior al mes anterior.

El aumento se ha debido principalmente al incremento del ratio de operaciones pagadas en 14,41 días, consecuencia principalmente de las operaciones pagadas a través del Fondo de Financiación a CC. AA. a proveedores de la Comunidad de Madrid.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pronunciado el 16 de septiembre una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación bajo el título Una justicia moderna para la sociedad del siglo XXI en la que ha asegurado que las reformas legislativas acometidas en el ámbito de la Justicia durante esta legislatura responden a la necesidad de adaptar la realidad jurídica a un modelo de sociedad dinámica, cambiante, horizontal y diversa

Durante su intervención -a la que han asistido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero; vocales del CGPJ, representantes de los principales operadores jurídicos españoles, diputados y senadores-, Catalá ha señalado que la evolución vertiginosa de la sociedad y la horizontalidad de las relaciones imponen un modelo de Justicia restaurativa en el que las víctimas ocupan un lugar protagonista en el proceso. Ello ha obligado, en opinión del ministro, a reformular el concepto de Justicia como servicio público y diseñar herramientas jurídicas como el Estatuto de la Víctima, en las que a la regulación integral de derechos se añade protección, apoyo y seguimiento a los más vulnerables.

El ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, ha defendido el 9 de septiembre en el Pleno del Senado​ el proyecto de ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y el proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Montoro ha destacado que estas normas tienen por objeto implantar una Administración electrónica, "interconectada, transparente y con una estructura clara y simple", mejorando la relación de la Administración con ciudadanos y empresas y de las Administraciones entre sí.​

​Uno de los propósitos principales de los proyectos de Ley es, precisamente, la consecución de una Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, aspecto en el cual el Gobierno ya ha desarrollado diversas iniciativas.​

En este sentido, Montoro ha destacado el uso de la factura electrónica y ha anunciado que desde el pasado enero y hasta el 2 de septiembre más de tres millones y medio de facturas electrónicas se han tramitado a través del nuevo Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE), por las distintas Administraciones Públicas, según datos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del total, 487.103 facturas electrónicas se han tramitado en los últimos 30 días. Y más de la mitad de esas facturas pertenecen a entidades locales.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha presidido la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, que ha reunido a todas las comunidades autónomas. En esta reunión se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de algunos aspectos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado en el ámbito del comercio.

La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. La norma, que termina así su trámite parlamentario y entrará en vigor el 1 de enero de 2016, actualiza un sistema vigente desde 1995 y es fruto de un importante acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras

Entre los colectivos que han aportado sugerencias durante la elaboración del Proyecto de Ley se encuentran CERMI​, Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y STOP ACCIDENTES, además de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial y numerosos facultativos sanitarios expertos en patologías provocadas por accidentes de tráfico.

En su reunión de 3 de septiembre, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.

Banco Central Europeo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mantenido en París una reunión con su homóloga francesa, Christiane Taubira, en la que se ha hecho un repaso al excelente estado de la relación bilateral que, tanto en materia de Justicia penal como civil, mantienen en la actualidad ambos países.

Las dos delegaciones han analizado, además, las nuevas formas de terrorismo ante las que España ha ofrecido a Francia su colaboración. En opinión de Catalá y Taubira se trata de una lucha que no conoce fronteras y en la que se puede aplicar la excelente experiencia conjunta de ambos países en materia antiterrorista.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha publicado una serie de recomendaciones sobre el uso de los drones en actividades de ocio o recreativas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad.

España cuenta desde hace un año con una normativa que regula el uso de los drones para actividades profesionales, que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder operar con ellos (ART. 50 DE LA LEY 18/2014, de 15 de octubre). Sin embargo, el uso de estas aeronaves pilotadas por control remoto es cada vez más popular entre los ciudadanos para actividades lúdicas o deportivas y aunque los requisitos para operar son diferentes a los del uso profesional, también hay que cumplir una serie de requisitos de seguridad.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander "Una Justicia de futuro", donde se ha comprometido a estar al frente de todas las iniciativas necesarias para alcanzar una Justicia del siglo XXI desde la base del diálogo y la participación de todos los operadores jurídicos involucrados.

Catalá, que considera que la reforma de la Justicia debe afrontarse como una cuestión de Estado, ha incidido en la necesidad de continuar con la ruta social emprendida por el Gobierno, con sus políticas y reformas estructurales que han conseguido situar de nuevo a España en "la senda del crecimiento económico y la recuperación de empleo".