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El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el escrito presentado el 9 de noviembre por el Gobierno contra la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el “inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” y Anexo.

El Pleno acuerda la suspensión automática de la Resolución impugnada y de su Anexo, decisión que es consecuencia de la invocación por parte del Gobierno de la aplicación del art. 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Conforme a la Disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado, el tipo de interés legal del dinero para el año 2016, queda establecido en el 3,00 por ciento.

Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 3,75 por ciento. Por último, durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento.

En su reunión de 22 de octubre, celebrada en Malta, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05%, el 0,30% y el -0,20% respectivamente.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado junto a sus homólogos europeos en la conferencia celebrada en Bruselas sobre "La respuesta penal a la radicalización", donde ha apelado a la cooperación internacional para reforzar la lucha contra el radicalismo violento y fortalecer las libertades públicas.

• Como parte de los preparativos para la puesta en circulación del nuevo billete de 20 € el 25 de noviembre de 2015, 2,8 millones de establecimientos comerciales y pequeñas empresas recibirán folletos informativos y tarjetas holográficas.
• Las empresas deberán asegurarse de que sus máquinas de tratamiento de billetes y dispositivos autenticadores están preparados para aceptar el nuevo billete.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. El Real Decreto establece un marco normativo que busca la sostenibilidad económica del sistema y el reparto adecuado de las cargas del sistema.

El autoconsumidor o, por mejor decir, autogenerador es un consumidor que genera una parte de la propia energía que consume. El autoconsumo presenta importantes ventajas: empleo de energías renovables, ahorro en importaciones de petróleo, respeto al medio ambiente y reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula específicamente el contenido que debe tener el Documento Único Electrónico (DUE) para que mediante el mismo se puedan llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de la actividad de las empresas individuales y para el cese y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada. De este modo, se da un paso más en el cumplimiento de las medidas de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En este Documento de extinción y cese de actividad se incluirán todos los datos referentes al empresario individual y a las sociedades de responsabilidad limitada que deben remitirse a los Registros jurídicos (Mercantil, de la Propiedad…) y a las Administraciones Públicas (Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria…).

El periodo medio de pago a proveedores en CC. AA. relativo al mes de julio se sitúa en 46,19 días, siendo 5,23 días superior al mes anterior.

El aumento se ha debido principalmente al incremento del ratio de operaciones pagadas en 14,41 días, consecuencia principalmente de las operaciones pagadas a través del Fondo de Financiación a CC. AA. a proveedores de la Comunidad de Madrid.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pronunciado el 16 de septiembre una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación bajo el título Una justicia moderna para la sociedad del siglo XXI en la que ha asegurado que las reformas legislativas acometidas en el ámbito de la Justicia durante esta legislatura responden a la necesidad de adaptar la realidad jurídica a un modelo de sociedad dinámica, cambiante, horizontal y diversa

Durante su intervención -a la que han asistido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero; vocales del CGPJ, representantes de los principales operadores jurídicos españoles, diputados y senadores-, Catalá ha señalado que la evolución vertiginosa de la sociedad y la horizontalidad de las relaciones imponen un modelo de Justicia restaurativa en el que las víctimas ocupan un lugar protagonista en el proceso. Ello ha obligado, en opinión del ministro, a reformular el concepto de Justicia como servicio público y diseñar herramientas jurídicas como el Estatuto de la Víctima, en las que a la regulación integral de derechos se añade protección, apoyo y seguimiento a los más vulnerables.

El ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, ha defendido el 9 de septiembre en el Pleno del Senado​ el proyecto de ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y el proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Montoro ha destacado que estas normas tienen por objeto implantar una Administración electrónica, "interconectada, transparente y con una estructura clara y simple", mejorando la relación de la Administración con ciudadanos y empresas y de las Administraciones entre sí.​

​Uno de los propósitos principales de los proyectos de Ley es, precisamente, la consecución de una Administración totalmente interconectada por medios electrónicos, aspecto en el cual el Gobierno ya ha desarrollado diversas iniciativas.​

En este sentido, Montoro ha destacado el uso de la factura electrónica y ha anunciado que desde el pasado enero y hasta el 2 de septiembre más de tres millones y medio de facturas electrónicas se han tramitado a través del nuevo Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE), por las distintas Administraciones Públicas, según datos de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del total, 487.103 facturas electrónicas se han tramitado en los últimos 30 días. Y más de la mitad de esas facturas pertenecen a entidades locales.