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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander "Una Justicia de futuro", donde se ha comprometido a estar al frente de todas las iniciativas necesarias para alcanzar una Justicia del siglo XXI desde la base del diálogo y la participación de todos los operadores jurídicos involucrados.

Catalá, que considera que la reforma de la Justicia debe afrontarse como una cuestión de Estado, ha incidido en la necesidad de continuar con la ruta social emprendida por el Gobierno, con sus políticas y reformas estructurales que han conseguido situar de nuevo a España en "la senda del crecimiento económico y la recuperación de empleo".

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, cuentas que, en palabras del Gobierno, poseen un “destacado carácter social”.

Estos Presupuestos ratifican la política económica implementada en los últimos años. Se trata, de unas cuentas confeccionadas bajo la misma premisa de impulso del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo. El cumplimiento de estas cuentas permitirá mantener el compromiso con el gasto social, que supone el 53,5 por 100, con un aumento de, 3,8 por 100.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 vienen a culminar la política fiscal desarrollada por el Gobierno desde aquel primer presupuesto realizado para el ejercicio 2012. Estos cinco Presupuestos han sido elaborados cada uno adaptándose a la realidad económica en la que se encuadraban, conteniendo los elementos necesarios para salir de la grave crisis económica en la que se hallaba España. Con esta política, se prevé abandonar a partir de 2016 el Procedimiento de Déficit Excesivo en el que está incursa España desde 2009.

El Ministerio de Justicia recuerda que desde el pasado 1 de julio está en vigor un nuevo Código Penal que ya contempla las medidas anticorrupción que el PSOE propone ahora introducir.

Esta legislatura se han reformado 250 artículos del Código Penal y entre ellos, los que tienen que ver con la lucha contra la corrupción para lograr que el responsable penal de un delito devuelva todas las ganancias ilícitas derivadas del mismo, que se puedan asimismo decomisar los bienes procedentes de actividades delictivas cuando son transferidos a terceros y que los jueces puedan revocar la suspensión de las penas si no se satisfacen las deudas tributarias o con la Seguridad Social.

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha inaugurado el Seminario sobre la Reforma Administrativa. Balance y Nuevos Retos: Diversidad, Responsabilidad Social y Discapacidad en la Función Pública.

Beteta ha señalado la enorme trascendencia de este curso, en el que se va a debatir sobre la reforma efectuada en las Administraciones Públicas y en el que uno de los núcleos fundamentales lo constituye la discapacidad en la Función Pública, algo en lo que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda lleva trabajando mucho tiempo con éxito.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado el 20 de julio en El Escorial el curso de verano de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) titulado Justicia en el mundo globalizado, donde ha manifestado que el Gobierno ha asumido y potenciado la dimensión internacional de la Justicia mediante el desarrollo de una intensa actividad legislativa durante la última legislatura.

En su reunión del día 16 de julio, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.

El Ministerio de Justicia inicia a partir del jueves 16 de julio los trabajos para constituir el Registro Central de Delincuentes Sexuales en el que se incluirán las condenas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y que servirá para acreditar la inhabilitación para el desempeño de profesiones y actividades relacionadas con menores

El departamento de Justicia cumple de este modo con lo establecido en la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia aprobada en el Congreso de los Diputados y de la que este Ministerio es coproponente junto al de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.

La normativa que modifica el sistema vigente ha sido consecuencia de un largo y exhaustivo trabajo de diálogo y consenso con las organizaciones sociales dedicadas a dicho ámbito y con los grupos parlamentarios, así como con las Comunidades Autónomas y con expertos universitarios. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, así lo ha reconocido en el pleno de la Cámara Baja.​

• El procedimiento de gestión se simplifica significativamente en comparación con el procedimiento que se aplica a las publicaciones físicas.
• Son los centros de conservación y depósito los responsables de identificar, seleccionar y rastrear o reclamar los contenidos a preservar.
• La Biblioteca Nacional de España, que lleva trabajando en la conservación de las publicaciones electrónicas desde 2009, es el centro de conservación de ámbito estatal.

El Consejo de Ministros de 10 de julio, ha aprobado un Real Decreto mediante el cual se regula el procedimiento de gestión del depósito de los sitios web y de los recursos en ellos contenidos, es decir, el depósito legal de las publicaciones en línea. En la Ley de 29 de julio de 2011, sobre depósito legal, se consideraron objeto de depósito legal los documentos en línea y se estableció el mandato para que se regulara mediante Real Decreto el procedimiento de constitución del depósito de las publicaciones electrónicas.

• Incluye veinte medidas y supondrá un ahorro de más de mil millones de euros.

El Consejo de Ministros de 10 de julio, ha aprobado el noveno acuerdo de reducción de cargas administrativas, tras las propuestas recibidas del sector empresarial y de los departamentos ministeriales. Incluye veinte medidas que supondrán un ahorro anual de 1.012.166.815 euros.

La reducción de cargas administrativas supone la eliminación de obligaciones redundantes o innecesarias de las Administraciones Públicas, reduciendo burocracia innecesaria, lo que representa importantes beneficios para ciudadanos y empresas.