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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha detallado, durante su intervención en el desayuno-coloquio Aranzadi, las últimas novedades legislativas de su departamento, aprobadas en el Consejo de Ministros y la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, Catalá ha querido explicar el paso dado por el Ejecutivo en materia de organización de nuestra estructura judicial o de enjuiciamiento civil con el fin de dotar a la sociedad de mayor certidumbre jurídica, así como una mayor agilidad y un carácter cercano, tanto al justiciable como a los operadores jurídicos involucrados en el procedimiento.

 

El órgano de gobierno de los jueces aprueba por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El informe también sugiere que el silencio de la Administración se entienda negativo cuando se solicite autorización para el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 5 de marzo de 2015 por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que tiene por objeto la regulación de las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos y empresas.

En su reunión de hoy 5 de marzo, celebrada en Nicosia, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.

Fuente: Banco Central Europeo

• Se racionalizará el reparto de asuntos entre Juzgados para agilizar la Justicia
• Se podrán especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.
• Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien. Estos jueces se encargarán también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena
• Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera, y de otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Cámara de Comercio de España han firmado hoy dos convenios de colaboración para impulsar, con 42 millones de euros, la transformación digital de las PYMES y los autónomos. Esta inversión, que se prolongará durante los próximos seis años y que será cofinanciada con fondos FEDER, pretende incorporar a estos colectivos a la economía digital.

Los encargados de firmar los convenios, enmarcados en las iniciativas y planes específicos de la Agenda Digital para España, han sido el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, José Luis Bonet.

La Guardia Civil ha puesto en marcha el sistema de denuncias vía Internet para comunicar la comisión de determinados hechos delictivos.

El ciudadano podrá denunciar en la Oficina Virtual de e-Denuncias, a la que se accede desde la página web http://www.guardiacivil.es o desde el link https://e-denuncia.guardiacivil.es/eDenuncia/index.faces, la pérdida o extravío de documentación o efectos; hallazgo de documentación o efectos; sustracción de vehículos; sustracción en interior de vehículos; hurtos (sustracción sin mediar violencia o intimidación) y daños sin autores conocidos.​

• Se culmina la adaptación a Solvencia II del sector asegurador, se establece un nuevo régimen de solvencia de las entidades y se mejoran las normas de gobierno corporativo
• Se refuerza el papel de la Dirección General de Seguros con nuevas competencias de supervisión

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Con esta Ley y el futuro Reglamento se transpone la Directiva de Solvencia II, una norma que supone un impulso al mercado interior del sector asegurador. Con ello se favorece la competencia y eficacia de estas entidades, lo que redundará en beneficio del usuario. En concreto, se establece una nueva metodología para el cálculo de solvencia de las aseguradores para garantizar que cuentan con capital suficiente, se mejoran la transparencia y el gobierno corporativo y se refuerza la supervisión.

El próximo 1 de junio de 2015 entrarán en vigor las previsiones, contenidas en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, para configurar un Tablón Edictal Único, a través del "Boletín Oficial del Estado".

A partir de esa fecha, los anuncios de notificación que realice cualquier Administración Pública cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar, deberán publicarse necesariamente en el BOE. Previamente, y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar el anuncio en los boletines territoriales o en los tablones de anuncios existentes.

Reseñamos a continuación tres de las materias más relevantes tratadas en el Consejo de Ministros del viernes 13 de febrero.

Aprobado el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas

• Refuerza la independencia, la transparencia y la supervisión del sector, y adapta la norma europea
• El objetivo es elevar la calidad de las auditorías para aumentar la confianza en la información económica y financiera
• La rotación se fija en diez años, se limitan algunos honorarios y se establece una lista con once servicios incompatibles