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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permite el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución de nuevos tipos de sociedades, como las cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada. Las sociedades que se pueden crear actualmente mediante este procedimiento electrónico son la Sociedad Limitada Nueva Empresa, la Sociedad de Responsabilidad Limitada y el empresario autónomo, para lo que se utiliza el sistema del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

• El BCE amplía sus compras para incluir deuda emitida por administraciones centrales de la zona del euro, agencias e instituciones europeas
• Las compras mensuales de activos ascenderán a un total de 60 mm de euros
• Se prevé que las compras continúen al menos hasta septiembre de 2016
• El programa tiene por objetivo el cumplimiento del mandato de estabilidad de precios

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy la ampliación de su programa de compra de activos. Mediante este programa, que tiene por objetivo el cumplimiento de su mandato de estabilidad de precios, el BCE añadirá la compra de bonos soberanos a sus actuales programas de compras de activos del sector privado, para hacer frente a los riesgos de un período de baja inflación demasiado prolongado.

En su reunión de hoy 22 de enero, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.

                         Fuente: Banco central europeo

Solo en la Administración General del Estado, la tramitación electrónica ahorrará al año 51 millones de euros y 2,3 millones de euros más por dejar de tramitarlas en papel. Todas las facturas de los proveedores de las Administraciones Públicas quedarán automáticamente registradas y tanto las Administraciones Públicas como los proveedores podrán hacer un seguimiento de las mismas desterrando la posibilidad de ocultar facturas.

• Supondrán un ahorro de casi 75 millones de euros al año.
• Los ahorros de las reducciones de cargas aprobadas hasta hoy alcanzan los 6.420 millones de euros.

El Consejo de Ministros de 9 de enero, ha aprobado un Nuevo acuerdo de reducción de cargas administrativas, tras las propuestas recibidas del sector empresarial y de los departamentos ministeriales. Se incluyen diecinueve medidas que supondrán un ahorro anual de 74.843.814 euros.

• Se apuesta por una Administración Pública, íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada.
• Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones.
• Se aumenta la transparencia al crear nuevos registros públicos administrativos.
• Se racionaliza la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, evaluación y extinción de los entes públicos.

• Contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales y el cambio climático y al aprovechamiento económico de los recursos forestales.
• Clasifica los montes en cuatro categorías para facilitar su tratamiento, organización y determinar el tipo de gestión más adecuado a su naturaleza.
• Simplifica los procedimientos para que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se puedan adherir voluntariamente los propietarios forestales.
• Mejora la gestión y regula los Montes de Socios y crea la Sociedad Forestal, que se constituirá a iniciativa de los propietarios como instrumento de gestión agrupada.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de los nuevos mecanismos de financiación y liquidez que pone en marcha el Gobierno de España, que permiten trasladar el ahorro financiero a todas las administraciones, priorizan el gasto social, continúan ayudando a las administraciones con mayores dificultades de financiación, mientras se impulsa a las que han conseguido superarlas

La situación financiera del Estado permitirá que las Administraciones Territoriales se beneficien de una cobertura más amplia de su financiación y más barata. El Estado está en condiciones de ofrecer, por primera vez, cobertura a otras necesidades de financiación de las Entidades Locales (EELL).

El Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica se ha reunido en el Ministerio de Economía y Competitividad con objeto de analizar la aplicación efectiva de la limitación en las comisiones de los pagos con tarjeta electrónica, incluida en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con el fin de que la reducción de estas tasas no repercuta en costes adicionales a comercios ni a consumidores

Desde 1 de septiembre de 2014 es de aplicación en España una limitación máxima en las tasas de intercambio interbancarias en operaciones de pago con tarjeta para converger con las aplicadas en el entorno de la Unión Europea, que se sitúan en el 0,3% en crédito y 0,2% en débito, con un máximo de 7 céntimos por transacción, que se aplica para todos los pagos de importe superior a 35 euros. En 'micropagos' de menos de 20 euros, se establece una limitación del 0,1% en débito y del 0.2% en crédito. De esta forma, España se anticipa a la bajada de tasas incluida en el Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre tasas de intercambio para operaciones de pago con tarjeta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un Dictamen sobre el Proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el que identifica problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH») es un acuerdo internacional multilateral celebrado en el seno del Consejo de Europa¹. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Todos los miembros del Consejo de Europa son Partes Contratantes de dicho Convenio.

En su dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996, el Tribunal de Justicia ya había considerado que, en el estado del Derecho comunitario entonces vigente, la Comunidad Europea carecía de competencia para adherirse al CEDH.