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El Abogado General considera válida la normativa de la UE que limita la ratio entre las bonificaciones de los banqueros y su salario de base. La imposición de una ratio fija entre las bonificaciones y el salario de base no limita la cuantía total de la remuneración

A raíz de la crisis financiera global de 2008, la UE adoptó un amplio abanico de medidas destinadas a reforzar la regulación y la estabilidad de sus entidades financieras. Durante las discusiones que rodearon la adopción de dichas medidas se consideró que el régimen de las remuneraciones en esas entidades era uno de los principales factores de la crisis. Al implicar a menudo el pago de bonificaciones muy cuantiosas en comparación con los salarios, incitaba a los empleados a asumir riesgos excesivos que les permitían obtener una parte de los beneficios a corto plazo del banco, sin responsabilizarse de los costes de sus pérdidas. En los casos más graves, estos costes fueron soportados por los contribuyentes. En consecuencia, el paquete legislativo «Requisitos de capital» adoptado en 2013 por el Consejo y el Parlamento (conocido como Paquete DRC IV y compuesto de una Directiva¹ y de un Reglamento²) incluía una serie de medidas para regular esta materia.

El Gobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), Rolf Wenzel, y la Presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Irene Garrido, han firmado  un acuerdo por el que otorgan un préstamo marco de 280 millones de euros para financiar micro, pequeñas y medianas empresas en toda España.

El préstamo que concede el CEB, aprobado por el Consejo de Administración del CEB en su reunión del 6 y 7 de noviembre de 2014, será complementado por ICO con un importe que sea al menos equivalente. Proporcionará a las pymes españolas una financiación más rentable para sus inversiones a largo plazo. 

• Moderniza la legislación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas.
• El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, al pasar de un marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa.
• Se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, con lo que se favorece la internacionalización de las empresas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma de Administración electrónica, denominada CORINTO (correspondencia interadministrativa), con la intención de seguir reduciendo el tiempo, en la comunicación entre Administraciones, y suprimiendo el intercambio de papel.

Esta aplicación se pone en marcha ya para el intercambio seguro de documentación por vía electrónica entre los Registros Civiles Consulares y la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de Nacionalidad y Estado Civil. En concreto, permitirá a los Registros Civiles Consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, enviar los expedientes en materia de Nacionalidad y Estado Civil a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.

El Consejo de Ministros de 7 de noviembre, ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen determinadas actuaciones para la ejecución del Programa de Garantía de Unidad de Mercado, con el fin de facilitar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y, con ello, avanzar en la eliminación de las barreras y obstáculos al desarrollo de la actividad económica en España.

Instrucciones

Con esta finalidad se aprueban las instrucciones para el desarrollo del Sistema de Cooperación Interadministrativa previsto en la citada Ley, de Garantía de la Unidad de Mercado. El contenido de estas instrucciones es el siguiente:

• Creación del Grupo de Trabajo Permanente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Ministerio de Economía y Competitividad. Será el órgano de apoyo a la Secretaría del Consejo, con las siguientes funciones: garantizar la efectividad del mecanismo de cooperación, dirección, coherencia y orientación adecuadas a las actividades que correspondan a cada ministerio y atender las dudas que se susciten aportando los criterios técnicos que las distintas Administraciones Públicas requieran.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el escrito de impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, de conflicto positivo de competencia presentado por el Gobierno contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria de un “proceso de participación ciudadana” el 9 de noviembre.

El Pleno acuerda la suspensión automática de las actuaciones impugnadas, decisión que es consecuencia de la invocación por parte del Gobierno de la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Resultados principales de la evaluación global de las 130 entidades de crédito más importantes de la zona del euro:

• Se detectaron déficits de capital por valor de 25 mm de euros en 25 entidades participantes.
• El valor de los activos bancarios debe ajustarse en 48 mm de euros, de los que 37 mm no generaron déficit de capital.
• El déficit de 25 mm de euros y el ajuste de 37 mm de euros del valor de los activos se traducen en un impacto total de 62 mm de euros para las entidades
• Se detectaron exposiciones dudosas por valor de 136 mm de euros adicionales.
• En el escenario adverso de la prueba de resistencia, el capital de las entidades descendería en 263 mm de euros, lo que reduciría la mediana de la ratio de CET1 en 4 puntos porcentuales, desde el 12,4 % hasta el 8,3 %.

• Se trata de un documento que compromete a las empresas, las Administraciones Públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.
• Se habilitará una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad sin cargas administrativas adicionales.
• Se avanza la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva sobre divulgación de información no financiera.
• Se pondrán en marcha el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas y un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
• El documento incluye sesenta medidas para alinear los compromisos de las organizaciones con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española y reforzar los modelos de gestión sostenibles

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apostado hoy por el diálogo y el consenso con sindicatos, comunidades autónomas, grupos parlamentarios y todos los operadores jurídicos para abordar todas las reformas que necesita la Administración de Justicia "para servir a los ciudadanos".

Por eso, ha anunciado la convocatoria de una mesa sindical, una conferencia sectorial con las comunidades autónomas y reuniones con los grupos parlamentarios para que se haga efectiva la voluntad de diálogo a la que apela.

En la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido a petición propia, el ministro desgranó los principales proyectos a los que hará frente el Ministerio que encabeza en los próximos meses.

Lucha contra la corrupción

Ha asegurado que "es política del Gobierno no escatimar medios en la lucha contra la corrupción" y por ello el Ministerio de Justicia ha atendido el 100% de las solicitudes de refuerzo de órganos jurisdiccionales, con un coste de 10,4 millones de euros. En definitiva, se han aprobado el 100% de las medidas de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial en el orden penal y la Audiencia Nacional y por la Fiscalía.

• Incrementa la seguridad jurídica de los actores sobre el litoral y fortalece los mecanismos de protección de las costas españolas, tanto en su vertiente preventiva como defensiva, compatible con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo
• El Reglamento incorpora, por primera vez en la legislación sobre costas, los efectos del cambio climático, por lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está elaborando una estrategia para la adaptación de la costa a sus efectos

El Consejo de Ministros ha aprobado, el Reglamento General de la Ley de Costas. Se trata del instrumento adecuado para desarrollar y aplicar la Ley de Costas de 1988 , y la Ley de Protección y uso sostenible del litoral de 2013, que además modificaba la Ley de Costas.

El Reglamento logra el equilibrio entre un alto nivel de protección ambiental, refortaleciendo los mecanismos de protección, tanto en su vertiente preventiva como defensiva, y una actividad respetuosa con el medio ambiente compatible con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo.