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La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de octubre de 2014, arroja un poco de luz sobre una cuestión de la que no es fácil encontrar documentación doctrinal o jurisprudencial, cual es la relativa a las consecuencias jurídicas que se derivan del asesoramiento defectuoso.

Más específicamente, lo que se aborda en la consulta es la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones impuestas al contribuyente de las que se hace cargo el asesor.

Recordemos que el art. 14 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) no considera gastos fiscalmente deducibles ni los donativos y liberalidades, ni las multas y sanciones penales y administrativas, ni el recargo de apremio y el recargo por presentación extemporánea.

• La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho cuando la investigación sea compleja
• Regula las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal al tratarse de una norma de 1882
• Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional, por una Sala de Apelación propia
• Reforma el recurso de revisión, que será necesario para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenen a España

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el que se busca agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la realidad, al tratarse de una norma dictada en 1882.

El texto se remite al borrador de Código Procesal Penal realizado por una comisión de expertos, en el que se proponía un cambio radical del sistema de justicia penal, por lo que su implantación requeriría de un amplio consenso. A la espera de que ese gran acuerdo se alcance, hay ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ese momento para ser establecidas, por lo que se han incluido en la reforma hoy examinada por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras cuyo fin es, principalmente, incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva de Solvencia II, modificada por la Directiva Ómnibus II. Las novedades más destacables que esta norma introduce son: nuevo método de cálculo para los requerimientos de solvencia, refuerzo del sistema gobierno, unificación de los sistemas de información por parte de las entidades y un nuevo modelo de supervisión, con mayores funciones para el supervisor, un sistema de autorizaciones previas y la capacidad de dictar guías técnicas y circulares.

En su reunión de hoy, 4 de diciembre  de 2014, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en las principales operaciones de refinanciación en el 0,05%,

Tampoco ha aplicado cambios sobre el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito,  que permanece en el -0,20%.

Tampoco varía el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito, que queda en el 0,30%.

Fuente: Banco Central Europeo

El Consejo de Ministros de 28 de noviembre, ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir la contratación de diversos proyectos de inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías adscrita a la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene atribuidas las funciones de planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de juzgados y tribunales, así como del Ministerio Fiscal y de los registros de apoyo a la actividad judicial.

El Abogado General considera válida la normativa de la UE que limita la ratio entre las bonificaciones de los banqueros y su salario de base. La imposición de una ratio fija entre las bonificaciones y el salario de base no limita la cuantía total de la remuneración

A raíz de la crisis financiera global de 2008, la UE adoptó un amplio abanico de medidas destinadas a reforzar la regulación y la estabilidad de sus entidades financieras. Durante las discusiones que rodearon la adopción de dichas medidas se consideró que el régimen de las remuneraciones en esas entidades era uno de los principales factores de la crisis. Al implicar a menudo el pago de bonificaciones muy cuantiosas en comparación con los salarios, incitaba a los empleados a asumir riesgos excesivos que les permitían obtener una parte de los beneficios a corto plazo del banco, sin responsabilizarse de los costes de sus pérdidas. En los casos más graves, estos costes fueron soportados por los contribuyentes. En consecuencia, el paquete legislativo «Requisitos de capital» adoptado en 2013 por el Consejo y el Parlamento (conocido como Paquete DRC IV y compuesto de una Directiva¹ y de un Reglamento²) incluía una serie de medidas para regular esta materia.

El Gobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), Rolf Wenzel, y la Presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Irene Garrido, han firmado  un acuerdo por el que otorgan un préstamo marco de 280 millones de euros para financiar micro, pequeñas y medianas empresas en toda España.

El préstamo que concede el CEB, aprobado por el Consejo de Administración del CEB en su reunión del 6 y 7 de noviembre de 2014, será complementado por ICO con un importe que sea al menos equivalente. Proporcionará a las pymes españolas una financiación más rentable para sus inversiones a largo plazo. 

• Moderniza la legislación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas.
• El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, al pasar de un marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa.
• Se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, con lo que se favorece la internacionalización de las empresas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en funcionamiento una nueva plataforma de Administración electrónica, denominada CORINTO (correspondencia interadministrativa), con la intención de seguir reduciendo el tiempo, en la comunicación entre Administraciones, y suprimiendo el intercambio de papel.

Esta aplicación se pone en marcha ya para el intercambio seguro de documentación por vía electrónica entre los Registros Civiles Consulares y la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de Nacionalidad y Estado Civil. En concreto, permitirá a los Registros Civiles Consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, enviar los expedientes en materia de Nacionalidad y Estado Civil a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.

El Consejo de Ministros de 7 de noviembre, ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen determinadas actuaciones para la ejecución del Programa de Garantía de Unidad de Mercado, con el fin de facilitar la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y, con ello, avanzar en la eliminación de las barreras y obstáculos al desarrollo de la actividad económica en España.

Instrucciones

Con esta finalidad se aprueban las instrucciones para el desarrollo del Sistema de Cooperación Interadministrativa previsto en la citada Ley, de Garantía de la Unidad de Mercado. El contenido de estas instrucciones es el siguiente:

• Creación del Grupo de Trabajo Permanente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-Ministerio de Economía y Competitividad. Será el órgano de apoyo a la Secretaría del Consejo, con las siguientes funciones: garantizar la efectividad del mecanismo de cooperación, dirección, coherencia y orientación adecuadas a las actividades que correspondan a cada ministerio y atender las dudas que se susciten aportando los criterios técnicos que las distintas Administraciones Públicas requieran.