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• Se apuesta por una Administración Pública, íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada.
• Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones.
• Se aumenta la transparencia al crear nuevos registros públicos administrativos.
• Se racionaliza la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, evaluación y extinción de los entes públicos.

• Contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales y el cambio climático y al aprovechamiento económico de los recursos forestales.
• Clasifica los montes en cuatro categorías para facilitar su tratamiento, organización y determinar el tipo de gestión más adecuado a su naturaleza.
• Simplifica los procedimientos para que las Comunidades Autónomas aprueben unos modelos técnicos de gestión, a los que se puedan adherir voluntariamente los propietarios forestales.
• Mejora la gestión y regula los Montes de Socios y crea la Sociedad Forestal, que se constituirá a iniciativa de los propietarios como instrumento de gestión agrupada.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de los nuevos mecanismos de financiación y liquidez que pone en marcha el Gobierno de España, que permiten trasladar el ahorro financiero a todas las administraciones, priorizan el gasto social, continúan ayudando a las administraciones con mayores dificultades de financiación, mientras se impulsa a las que han conseguido superarlas

La situación financiera del Estado permitirá que las Administraciones Territoriales se beneficien de una cobertura más amplia de su financiación y más barata. El Estado está en condiciones de ofrecer, por primera vez, cobertura a otras necesidades de financiación de las Entidades Locales (EELL).

El Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica se ha reunido en el Ministerio de Economía y Competitividad con objeto de analizar la aplicación efectiva de la limitación en las comisiones de los pagos con tarjeta electrónica, incluida en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con el fin de que la reducción de estas tasas no repercuta en costes adicionales a comercios ni a consumidores

Desde 1 de septiembre de 2014 es de aplicación en España una limitación máxima en las tasas de intercambio interbancarias en operaciones de pago con tarjeta para converger con las aplicadas en el entorno de la Unión Europea, que se sitúan en el 0,3% en crédito y 0,2% en débito, con un máximo de 7 céntimos por transacción, que se aplica para todos los pagos de importe superior a 35 euros. En 'micropagos' de menos de 20 euros, se establece una limitación del 0,1% en débito y del 0.2% en crédito. De esta forma, España se anticipa a la bajada de tasas incluida en el Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre tasas de intercambio para operaciones de pago con tarjeta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un Dictamen sobre el Proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el que identifica problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («CEDH») es un acuerdo internacional multilateral celebrado en el seno del Consejo de Europa¹. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Todos los miembros del Consejo de Europa son Partes Contratantes de dicho Convenio.

En su dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996, el Tribunal de Justicia ya había considerado que, en el estado del Derecho comunitario entonces vigente, la Comunidad Europea carecía de competencia para adherirse al CEDH.

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de octubre de 2014, arroja un poco de luz sobre una cuestión de la que no es fácil encontrar documentación doctrinal o jurisprudencial, cual es la relativa a las consecuencias jurídicas que se derivan del asesoramiento defectuoso.

Más específicamente, lo que se aborda en la consulta es la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones impuestas al contribuyente de las que se hace cargo el asesor.

Recordemos que el art. 14 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) no considera gastos fiscalmente deducibles ni los donativos y liberalidades, ni las multas y sanciones penales y administrativas, ni el recargo de apremio y el recargo por presentación extemporánea.

• La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho cuando la investigación sea compleja
• Regula las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal al tratarse de una norma de 1882
• Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional, por una Sala de Apelación propia
• Reforma el recurso de revisión, que será necesario para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenen a España

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el que se busca agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la realidad, al tratarse de una norma dictada en 1882.

El texto se remite al borrador de Código Procesal Penal realizado por una comisión de expertos, en el que se proponía un cambio radical del sistema de justicia penal, por lo que su implantación requeriría de un amplio consenso. A la espera de que ese gran acuerdo se alcance, hay ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ese momento para ser establecidas, por lo que se han incluido en la reforma hoy examinada por el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras cuyo fin es, principalmente, incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva de Solvencia II, modificada por la Directiva Ómnibus II. Las novedades más destacables que esta norma introduce son: nuevo método de cálculo para los requerimientos de solvencia, refuerzo del sistema gobierno, unificación de los sistemas de información por parte de las entidades y un nuevo modelo de supervisión, con mayores funciones para el supervisor, un sistema de autorizaciones previas y la capacidad de dictar guías técnicas y circulares.

En su reunión de hoy, 4 de diciembre  de 2014, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en las principales operaciones de refinanciación en el 0,05%,

Tampoco ha aplicado cambios sobre el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito,  que permanece en el -0,20%.

Tampoco varía el tipo de interés aplicable a la facilidad marginal de crédito, que queda en el 0,30%.

Fuente: Banco Central Europeo

El Consejo de Ministros de 28 de noviembre, ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir la contratación de diversos proyectos de inversión en el ámbito de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías adscrita a la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene atribuidas las funciones de planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de juzgados y tribunales, así como del Ministerio Fiscal y de los registros de apoyo a la actividad judicial.