Jurisprudencia

Cláusulas abusivas en los contratos bancarios celebrados con consumidores: cláusula suelo; intereses moratorios; vencimiento anticipado; atribución de gastos de la operación al consumidor; contratación telefónica.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Pedro José Vela Torres, ha desestimado los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por BBVA y Banco Popular Español contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013. El procedimiento se inició por una acción colectiva interpuesta por la OCU en la que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas en diversos contratos bancarios de BBVA y Banco Popular.

La sentencia de 22 de diciembre de 2015, le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros ni comunicarse de cualquier manera con la víctima por un período de tres años e indemnizarle con 2.000 euros.

El Juzgado de lo Penal 4 de Almería ha condenado a un hombre a dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por espiar a su expareja a través de una aplicación informática que le instaló en el móvil sin el conocimiento de ella.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 encierra un interesante juego jurídico en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas que, a la postre, supone el reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del pago de las operaciones de expropiación.

En efecto, la sentencia, como ya apuntó en día la sentencia de instancia -STSJ de Canarias, de 10 de julio de 2013-, reconoce de partida que la exención de las operaciones de expropiación no está reconocida en el RDLeg. 1/1993 (TR ITP y AJD), como tampoco lo estuvo en la norma anterior -RDLeg. 3050/1980-.

Es más, lo que sí contienen esas normas es una disposición transitoria –la primera en el caso de la norma vigente; la segunda en el texto anterior-  que establece que quedan sin efecto cuantas exenciones y bonificaciones no figuren mencionadas en ellas.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de diciembre de 2015, de la que ha sido ponente el Magistrado D. Francisco Marín Castán, ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada-apelante, arrendataria en un contrato de arrendamiento de vivienda anterior a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (en adelante, LAU de 1964), contra la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que acordó estimar el recurso de apelación formulado por la demandante arrendadora contra la sentencia dictada en primera instancia en el juicio verbal de desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta. La Audiencia Provincial declaró resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y condenó a la demandada a desalojar la vivienda y a pagar a la arrendadora la cantidad adeudada en concepto de tasa de basura.

• TSJ. La DGT tiene que descontar el margen de error de los radares en las multas de velocidad.
• TS. No existe responsabilidad patrimonial de la Administración por prohibir la comercialización de munición de racimo.
• TS. Requisitos para la autorización de uso de títulos extranjeros nobiliarios.
• TS. Urbanismo. Reclasificación. Silencio administrativo. Actos propios. Sentencia. Congruencia. El análisis casacional del derecho autonómico.
• TS. Extranjería. Denegación de visado Schengen de corta duración pese a acreditarse por la solicitante garantías de retorno al país de origen.
• TS. Expropiación forzosa. Justiprecio e indemnización sustitutoria. Recursos contra autos dictados en ejecución de sentencia.
• TC. No son considerados dominio público marítimo-terrestre los terrenos inundados artificial y controladamente.
• TC. Prestación de servicios profesionales en las administraciones públicas. Competencias autonómicas sobre colegios profesionales.

• TS. Compañía aseguradora. No puede considerarse "causa justificada" para exonerarse del pago de los intereses, el ofrecimiento de pago no seguido de consignación
• TS. Configuración jurídica y consecuencias en el concurso de la promesa de compra y opción de venta
• TS. Seguro de accidentes: Intencionalidad del asegurado. No puede aceptarse, la asimilación de temeridad manifiesta a los supuestos de intencionalidad en la causación del accidente
• TS. Retribución de los administradores sociales. Indemnización por cese del administrador prevista en el contrato de alta dirección pero no en los estatutos
• TS. Seguro de vida. Prueba. Valoración. Muerte por accidente. Fallecimiento tras un mes de convalecencia por lesión deportiva
• TS. Concurso necesario solicitado por tres acreedores con créditos provenientes del mismo título. Solicitud de privilegio general para sus créditos. Criterio de distribución interna proporcional
• TS. Propiedad intelectual. Entidades de gestión. Denegación a AISGE de autorización para gestionar derechos de directores de fotografía
• JM. La retribución de los ejecutivos de sociedades debe aprobarse en junta general 

• TS. Procesos matrimoniales paralelos en diferentes Estados miembros. normas sobre competencia. Litispendencia y fueros
• TS. Solicitud de declaración de error judicial
• TS. Donación de usufructo vitalicio de inmueble. Nulidad por simulación. Propiedad proindiviso. Liquidación de gananciales
• TS. Compraventa de viviendas y cantidades anticipadas en una cuenta del promotor
• TS. Tutela. Preferencia frente a la curatela. Persona afectada por incapacidad total y permanente
• TS. Derecho al honor. Protección de datos. Inclusión de datos personales en lista de morosos. Deuda controvertida sometida a arbitraje de consumo. Principio de calidad de los datos. El requerimiento de pago
• AP. Atribución de la vivienda familiar tras crisis matrimonial 

• TS. Los celos no justifican, con carácter general, la aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación en las agresiones de violencia de género
• TS. Delito de pertenencia o colaboración con banda armada: conducta de extorsión a particulares, mediante el cobro del denominado impuesto revolucionario
• AP. Cuatro años de prisión a un hombre por cortarse la mano y fingir un accidente para cobrar el seguro
• JI. Homicidio por imprudencia en el accidente del Tren Alvia. No fueron los defectos o ausencia de señalización ni la ausencia de ERTMS los factores que desencadenaron causalmente el accidente
• TS. Coautoría. Teoría del dominio funcional del hecho   

El Pleno del tribunal constitucional en Sentencia de 233/2015, de 5 de noviembre, ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra varios preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, declara inconstitucionales y nulos tres de los preceptos y disposiciones recurridos, realiza una interpretación conforme de la disposición adicional 7ª y desestima las restantes impugnaciones.

El recurso denuncia, en términos generales, la vulneración de tres artículos de la Constitución: el 132.2, que determina la incorporación al dominio público del Estado de bienes naturales como, entre otros, la zona marítimo-terrestre y las playas; el artículo 45, que establece la obligación de los poderes públicos de velar “por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente (…)”; y el artículo 9.3, que instaura los principios de irretroactividad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que se amputó la mano y fingió haber sufrido un accidente de tráfico.

Antes del siniestro el condenado, un agricultor con problemas económicos para hacer frente al pago de la hipoteca, contrató o amplió la cobertura con hasta ocho compañías de seguros contra las que luego pleiteó para percibir las indemnizaciones correspondientes.