Jurisprudencia

El gestor de un motor de búsqueda en internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros

Cuando, a raíz de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, la lista de resultados ofrece enlaces a páginas web que contienen información sobre esa persona, ésta puede dirigirse directamente al gestor del motor de búsqueda, o bien, si este último no accede a su solicitud, acudir a las autoridades competentes para conseguir que se eliminen esos enlaces de la lista de resultados, bajo determinadas condiciones

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, tiene por objeto proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas (en particular, el derecho a la intimidad) en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, eliminando al mismo tiempo los obstáculos a la libre circulación de estos datos.

No obstante, se mantienen los efectos de la Directiva durante un período máximo de un año

El 19 de marzo de 2008 la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de Directiva destinada, esencialmente, a facilitar el intercambio de información respecto a determinadas infracciones de tráfico y la ejecución transfronteriza de las sanciones por dichas infracciones. Esta propuesta tenía como base jurídica la competencia de la Unión en materia de seguridad en los transportes¹. El 25 de octubre de 2011, el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva 2011/82² tomando, sin embargo, como base jurídica la competencia de la Unión en el ámbito de cooperación policial³. La Comisión ha interpuesto el presente recurso ante el Tribunal de Justicia por entender que dicha Directiva se ha adoptado sobre una base jurídica equivocada.

Confirma en casación la decisión de los tribunales de instancia de considerar adecuadamente resuelto, por el solicitante de la prestación, un contrato de prestación de servicios reglamentado para el desarrollo de una actividad de promoción de suelo y construcción inmobiliaria

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha sentado las directrices a seguir con relación a los casos en que el incumplimiento de un contrato debe considerarse como esencial y determinante de la resolución del contrato.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

• TS. Responsabilidad civil contractual. Notario. Deber de comprobación de las cargas de la finca. Comunicaciones al efecto con el Registro. Autorización de escritura de compraventa de finca sobre la que pesa un embargo.
• TS. Procede la acción de desahucio por precario contra el heredero que está poseyendo en exclusiva un bien sin título acreditado.
• TS. Pensión compensatoria en caso de divorcio. Naturaleza jurídica y presupuestos para su concesión. Sistematización de la doctrina jurisprudencial aplicable.
• TS. Requisitos para poder impugnar un recurso de apelación.
• TS. Responsabilidad extracontractual. Se acepta que en caso de accidente de vehículo, el dañado opte por el arreglo del mismo aunque el coste supere el valor venal del vehículo.
• TS. Concepto de interés legítimo, que ha de concurrir para reconocer legitimación activa al registrador de la propiedad para impugnar ante la jurisdicción civil la decisión de su superior jerárquico (Dirección General de los Registros y del Notariado) revocatoria de su calificación negativa.
• TS. Adopción internacional. Declaración de idoneidad. Posterior extinción de la declaración y cancelación de la inscripción registral. Vigencia máxima de la declaración. Modificaciones sustanciales. Motivación.
• TS. Divorcio. Atribución del uso de la vivienda familiar. Reiteración de doctrina jurisprudencial.
• TS. Compraventa. Resolución por incumplimiento del pago del precio. Solicitud de indemnización por el vendedor por la depreciación sufrida por los inmuebles por la crisis inmobiliaria.

• AP. Ofrecer tecnología p2p para intercambio de archivos por internet no es una actividad ilícita.
• TS. Sólo procederá el juicio cambiario si con la demanda se presenta el título original (pagaré en este caso) que reúna los requisitos legales, sin bastar una copia del mismo.
• TS. Naturaleza jurídica de las cuotas devengadas e impagadas de un contrato de arrendamiento financiero después de la declaración de concurso del arrendatario.
• TS. Concurso. Calificación. Culpable. Salida fraudulenta de bienes del patrimonio del deudor. La concurrencia del elemento del fraude.
• TS. Concurso. Informe del 169 LC. Plazo. Calificación. Culpable. Falta de solicitud en plazo. Irregularidades contables. Reformatio in peius. Valoración de la prueba. Responsabilidad de los administradores y responsabilidad societaria. Diferenciación entre insolvencia, pérdidas agravadas y cesación de pagos.
• TS. Cambiario. Factor notorio. Pago de cheques falsificados por empleado que realizaba habitualmente gestiones bancarias ordinarias.
• TS. Propiedad intelectual. Comercialización en exclusiva en quioscos por el editor de obra en fascículos cedida por el autor. Plazo. Incumplimiento por el autor de la entrega de la obra. Fijación del royalty hipotético. Cosa juzgada. Obra colectiva. Litisconsorcio.

• TS. Requisitos para que una prueba de confesión del inculpado puede considerarse desconectada jurídicamente de la prueba precedente declarada nula.
• TS. La pena de prohibición de comunicarse con la víctima no es una consecuencia necesaria del delito, y debe ser solicitada por las partes y adoptada por el tribunal de forma motivada.
• TS. Responsabilidad civil derivada de delito existiendo una excusa absolutoria por parentesco.
• TS. Elementos del delito de resistencia en contraposición a la falte de desobediencia. Compatibilidad de la alevosía con la enajenación mental. La computación de la medida de internamiento psiquiátrico para dar por extinguida las penas privativas de libertad.
• TS. En materia de costas procesales ocasionadas por la acusación particular no rige por ley el automatismo en la imposición.

• TS. Justiprecio correspondiente a la indemnización por los derechos de arrendamiento sobre una finca objeto de expropiación: solo será indemnizable la extinción de derechos que se afectan ex novo por el planeamiento urbanístico que trajo como consecuencia la expropiación.
• TS. La nulidad de una modificación urbanística que legitimaba la expropiación de terrenos, supone la nulidad del procedimiento expropiatorio.
• TS. Expropiación forzosa. Prueba. Valoración. Valores tomados en cuenta para la aplicación del método residual. El método objetivo.
• TS. Urbanismo. Planeamiento. Suspensión. Suspensión cautelar de Planeamiento General tras haber sido anulado un Proyecto de Interés Regional. Apariencia de buen derecho.
• AN. Sanciones. Competencia. Coordinación de comportamientos para alterar el resultado de licitaciones públicas. Prueba. Valoración. Indicios.
• AN. Extranjería. Apatridia. Denegación por silencio administrativo del estatuto de apátrida. Prueba de la ausencia de nacionalidad.

Una resolución de la Dirección General de Familia de la Junta de Castilla-La Mancha canceló su inscripción en el registro de adopciones por tener “síndrome de nido vacío”

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado idónea para la adopción internacional de niños a una pareja excluida del proceso por tener “síndrome de nido vacío” y preferir niña a niño.

La Sala confirma que debe dejarse sin efecto la resolución de la Dirección General de Familia de la Junta de Castilla-La Mancha de enero de 2011, que extinguió la declaración de idoneidad de la pareja y canceló su inscripción en el registro de adopciones de Castilla-La Mancha.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un notario por autorizar la venta de una vivienda sobre la que pesaba un embargo sin avisar al comprador. Por ello, tendrá que pagar una indemnización de 2.450.000 euros por los graves daños ocasionados a la empresa que compró la finca en el Paseo de Gracia de Barcelona.