Jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un notario por autorizar la venta de una vivienda sobre la que pesaba un embargo sin avisar al comprador. Por ello, tendrá que pagar una indemnización de 2.450.000 euros por los graves daños ocasionados a la empresa que compró la finca en el Paseo de Gracia de Barcelona.

• AP. Las tasas judiciales y su recuperación si se gana el juicio en segunda instancia.
• AP. La Prescripción de una acción afecta al derecho mismo y supone, en efecto, su extinción, por más que el art. 1.156 CC no mencione la prescripción como causa de extinción de las obligaciones.
• TS. Doctrina jurisprudencial sobre cuándo comienza el plazo para ejercitar la acción de retracto arrendaticio en caso de subasta judicial.
• TJUE. La competencia exclusiva en materia inmobiliaria que el Reglamento Bruselas I atribuye a los tribunales de un Estado miembro no se ve afectada por el hecho de que se halla sometido el asunto anteriormente ante un tribunal de otro Estado miembro.
• TS. Arrendamiento de local con pacto de indemnización por desistimiento unilateral del arrendatario. El silencio sobre el pacto en el acto de entrega de llaves equivale a la renuncia a la indemnización.
• TS. Responsabilidad extracontractual. Riesgo. Causalidad. Imputación objetiva. Bombero fallecido en labores de extinción de incendio. Demanda dirigida por la esposa e hijos del fallecido contra el propietario de la vivienda incendiada.
• TS. Arrendamientos urbanos. Derecho de retorno. Suspensión del acto administrativo autorizando el derribo de la finca. Documento del art. 81 del TRLAU. Requerimiento de la arrendataria para que se le aclaren las nuevas condiciones no contestado por la arrendadora.
• TS. Sucesiones. Colación dispuesta en testamento. Obligación de constituir depósito de los bienes colacionables establecida en el cuaderno particional. Legitimación. 
• TS. Proceso civil. Sentencia. Incongruencia interna. Fallo contrario a la argumentación jurídica esgrimida en los fundamentos. Condena en costas a un codemandado por las de los codemandados absueltos.
• TCJ. Conflicto de jurisdicción. Asistencia jurídica gratuita. Beneficiario venido a mejor fortuna. Competencia del órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia.

• TJUE. Petición a un proveedor de internet para que prohíba el acceso de sus clientes a un sitio de Internet donde se infringen derechos de propiedad intelectual.
• JM. Destitución de administrador social sin las mayorías estatutarias, acordando en junta la acción social de responsabilidad.
• AP. Diferencia entre el pago parcial de una prima de seguro y la falta de pago a los efectos de la caducidad de la acción para reclamar primas.
• TJUE. Propiedad intelectual. El importe del canon adeudado por la realización de copias privadas de una obra protegida no puede tener en cuenta las reproducciones ilícitas.
• AP. Sociedades. Administradores. Responsabilidad subjetiva. Deudas. Inactividad culpable. Omisión del deber de promover concurso. Inversión de la carga de la prueba.
• TS. Incidente concursal. Impugnación de la lista de acreedores. Posibilidad de inclusión de créditos.
• JM. Medidas cautelares. Solicitud de suspensión de la aplicación de la cláusula suelo cuya nulidad se solicita en el litigio principal. Periculum in mora. Devolución de las cantidades satisfechas.
• JM. Cláusulas suelo. Acción colectiva de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Cesación. Nulidad contractual. Préstamo hipotecario. Devolución de cantidades, daños y perjuicios. Competencia objetiva. Acumulación de acciones.

• TS. Revisión de sentencia condenatoria de preso fallecido en prisión por prueba de ADN que evidencia la inocencia del condenado.
• TS. Posibilidad de imposición de la medida de internamiento en régimen cerrado sin haber transcurrido la mitad de la duración de la medida, en el caso de los delitos de extrema gravedad previstos en dicho art. 10.2 cuando el menor tuviera 16 ó 17 años al tiempo de comisión de los hechos.
• TS. Intervención telefónica: doctrina general. Inviolabilidad de las comunicaciones postales.
• TS. Indicios habituales que la jurisprudencia tiene en cuenta en el delito de blanqueo de capitales.
• TS. Garantías procesales en supuestos de coimputados que posteriormente declaran como testigos en el mismo proceso.

• TS. Legitimación activa de los partidos políticos para poder recurrir en el orden contencioso-administrativo disposiciones de carácter general.
• TS. Acceso a la función pública. Igualdad. Opositora en avanzado estado de gestación. Solicitud para celebrar el ejercicio en su domicilio o en el centro sanitario en el que estuviere ingresada.
• TS. Impugnabilidad extemporánea de los actos administrativos viciados de nulidad de pleno derecho.
• TSJ. Urbanismo. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Cabo de Gata. Sector «El Algarrobico». Zonificación. Extemporaneidad de la impugnación directa. Jerarquía normativa en el planeamiento. Antinomia entre el articulado y la cartografía. Ius variandi y potestad de revisión.
• TS. Indulto. Anulación del Real Decreto de concesión. Actos reglados. Control jurisdiccional. Informe preceptivo del tribunal sentenciador.

El hecho de que no exista ninguna medida técnica aplicable para combatir la realización de copias privadas ilícitas no puede poner en tela de juicio esta apreciación.

La Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor (Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información)   permite a los Estados miembros establecer una excepción al derecho exclusivo de reproducción de los titulares de derechos de autor y derechos afines, de modo que puedan realizarse copias privadas (excepción de copia privada). Además, prevé que los Estados miembros que decidan establecer en su Derecho interno tal excepción están obligados a regular el abono de una «compensación equitativa» en favor de los titulares de los derechos de autor, para indemnizarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas.

En la sentencia dictada en los asuntos acumulados C-293/12 Y C-594/12, Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, el TJUE declara que la Directiva constituye una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, sin que esta injerencia se limite a lo estrictamente necesario

El objetivo principal de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54), es armonizar las disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de determinados datos generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones. Con ella se pretende así garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo. Así, la Directiva establece que dichos proveedores deberán conservar los datos de tráfico y de localización, así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario. En cambio, no autoriza la conservación del contenido de la comunicación ni de la información consultada.

El artículo 241.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), considerara gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de una mujer a participar en la oposición a dos plazas de enfermería convocadas en el año 2008 en el Servicio de Salud de Castilla y León, proceso del que quedó excluida en noviembre de ese año porque la fecha del primer examen le coincidió con los días en que iba a dar a luz. De hecho, tuvo su hijo el 29 de noviembre, el examen estaba convocado para el 30 del mismo mes, y a ella le dieron el alta hospitalaria el 1 de diciembre.

El alto tribunal rechaza el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma, que estimó el recurso de la mujer, anuló los actos que la dejaron fuera del examen, y reconoció su derecho a participar en el ejercicio de la oposición y, en caso de superarlo, a continuar las siguientes fases del procedimiento selectivo.

Por fin, en el día de ayer fue publicado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2014, que anecdóticamente fue filtrada a la ciudadanía incluso antes de su pronunciamiento -el pasado 26 de febrero-  por el propio Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de tan célere lanzamiento de la noticia -tal vez motivado por los intereses políticos en juego y por la importancia del régimen al que pertenece la norma impugnada, el de la conocida como ‘amnistía fiscal’, que materializa uno de los principales, si no el más prioritario objetivo que actualmente tiene marcado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cual es la persecución del fraude- hemos tenido que esperar semanas para poder acceder al texto de la sentencia en cuestión.