Jurisprudencia

El fallo es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que el coste debía ser sufragado sólo por los usuarios. La Sala Tercera rechaza la petición del abogado del Estado de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al destacar la primacía del derecho comunitario.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como ‘canon digital’, por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.

En tal situación, se debe aplicar la excepción de préstamo público, que prevé, en particular, una remuneración equitativa a los autores

En los Países Bajos, el préstamo de libros electrónicos por las bibliotecas públicas no puede acogerse al régimen de préstamo público aplicable a los libros tradicionales. En la actualidad, las bibliotecas públicas ponen a disposición del público libros electrónicos en Internet, basándose en acuerdos de licencia con los titulares de derechos.

En junio de 2011, el banco Home Credit Slovakia concedió a la Sra. Klára Bíróovà un crédito por importe de 700 euros sin indicar, no obstante, con precisión en el contrato de crédito determinada información relativa al préstamo, como, en particular, la tasa anual equivalente. El contrato estipulaba que las condiciones generales de contratación del prestamista formaban también parte integrante del contrato. Al celebrar el contrato, la Sra. Bíróovà declaró, mediante su firma, que había leído y comprendido las condiciones generales de contratación a pesar de que no las había firmado.

No se puede reducir la pena de prisión de un recluso, como consecuencia de su traslado de un Estado miembro a otro, en función del tiempo de trabajo realizado en prisión en el primer Estado miembro si este Estado, aplicando su normativa nacional, no ha concedido dicha redención de pena. La Decisión Marco que rige la cuestión del traslado entre dos Estados miembros de una persona condenada a una pena privativa de libertad no tiene efecto directo.

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2012, el Sr. Atanas Ognyanov, nacional búlgaro, fue condenado a una pena de prisión de quince años por asesinato y robo con agravantes.

No puede considerarse que los intereses de los accionistas y de los acreedores prevalezcan en todo caso sobre el interés público de la estabilidad del sistema financiero.

La crisis económica a la que Irlanda se vio confrontada durante el año 2008 tuvo graves repercusiones tanto sobre la estabilidad financiera de los bancos irlandeses como sobre la de este Estado miembro. En diciembre de 2010, Irlanda y la Comisión concluyeron un acuerdo para un programa de ajuste económico y financiero. Mediante Decisión de Ejecución de 7 de diciembre de 2010¹, la Unión puso a disposición de Irlanda una ayuda financiera, en contrapartida de la cual este Estado miembro se comprometió a reestructurar y recapitalizar el sector bancario para el 31 de julio de 2011 como más tarde.

El Juzgado de Primera Instancia 12 de Valladolid ha estimado la demanda de un cliente y ha condenado a Volkswagen a indemnizarle con 5.006,5 euros por la manipulación de emisiones en los motores diésel.

La sentencia de 25 de octubre de 2016, señala que el modelo adquirido en su día por el cliente cumplía las exigencias de la normativa Euro 5, según la información que consta en el folleto publicitario de la marca.

La Sala de lo Penal señala que tales comportamientos no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subió a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2013. La sentencia hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado ‘discurso del odio’ (alabanza o justificación de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica “pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”.

• TS. Propiedad horizontal. Obras inconsentidas en elementos comunes. Carácter real de la acción. Prescripción
• AP. Arrendamiento de servicios profesionales. Reclamación de honorarios del abogado. Impugnación. Excepción de cumplimiento defectuoso
• TS. Modificación de medidas de divorcio. Nacimiento de nuevo hijo. Pensión de alimentos. Gastos extraordinarios: concepto
• TS. Desahucio por falta de pago. Repercusión de obras necesarias impuestas por la Administración. Falta de notificación de la cantidad reclamada. Causa de inadmisión
• TJUE. Competencia judicial, para conocer de una reconvención sobre la base de un enriquecimiento sin causa por el pago de un importe debido en virtud de una resolución judicial anulada
• TS. Idoneidad en los testamentos abiertos, para ser testigo de la pareja de hecho de la instituida heredera
• TS. Arrendamiento del Decreto 4104/1964. Resolución por desaparecer la necesidad de vivienda del inquilino, que impide la prórroga legal

• TS. Delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional cometidos por abogado al apropiarse del dinero entregado por un cliente para el pago de impuestos y no realizar las actuaciones procesales encomendadas
• JP. Condenada un año de alejamiento por pegar a su hija
• AP. Condenado a trabajos sociales por insultar a su hija menor y burlarse de su dislexia
• TS. Absuelve a un hombre que inició una relación consentida con una menor de 14 años antes de la ley elevara la edad a los 16
• TS. La responsabilidad de la persona física es independiente de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica
• TS. Extinción de la responsabilidad criminal. Prescripción. Interrupción. Carácter interruptor del auto de admisión de querella. Delitos contra la Hacienda pública.

• TJUE. El gestor de un sitio de Internet puede tener un interés legítimo en conservar ciertos datos personales de los usuarios para defenderse de los ataques cibernéticos
• JM. Concurso. Incidente, Calificación de créditos. Préstamos concedidos a la concursada por una Entidad de Derecho Público. Actividad administrativa de fomento
• TJUE. Los precios uniformes fijados en Alemania para los medicamentos sujetos a receta médica son contrarios al Derecho de la Unión
• TS. Seguro colectivo de accidentes. Cobertura por invalidez permanente. Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas. Baremos porcentuales
• TS. Cierre de  cuentas corrientes por las entidades de crédito en prevención del blanqueo de capitales
• TS. El acta de tercería o dictamen de peritos llevado a cabo conforme a las previsiones del artículo 38 LCS es susceptible de impugnación por razones de fondo
• TS. Concurso de acreedores: requisitos para la calificación de crédito litigioso como contingente
• TJUE. Práctica comercial engañosa en la publicidad relativa a un abono de televisión por satélite omitiendo parte del precio a pagar