Jurisprudencia

La Sala II del Tribunal Supremo ha fijado que las diligencias de investigación que realiza la Fiscalía no son susceptibles de generar actos de prueba, pero que esa limitación funcional no puede ser utilizada como excusa para prescindir de la asistencia letrada a la persona objeto de esa preinvestigación ni diluir la vigencia de los principios de contradicción y proporcionalidad.

En una sentencia de 11 de enero de 2017, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se rechaza el recurso de la Fiscalía contra la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de un policía local de Premiá de Mar que estaba acusado de delito continuado de falsedad en documento público, en relación a cuatro multas de tráfico a dos ciudadanos por conducir sin cinturón de seguridad y por ir usando el móvil conduciendo.

La sentencia concluye que al ser padre y guardador en exclusiva de dos hijos menores de edad ciudadanos de la Unión Europea, plenamente escolarizados y correctamente atendidos, procedía haber concedido la autorización de residencia por causa extraordinaria, sobre todo, al estar tramitándose la cancelación de los antecedentes penales, como sucedió después

El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de enero de 2017, reconoce el derecho de un ciudadano extranjero con antecedentes penales a que se le conceda el permiso de residencia temporal en España porque su denegación supondría, al tener que abandonar el país, la salida del territorio de la Unión Europea de los dos hijos menores de edad que tiene a su cargo en exclusiva y que son ciudadanos comunitarios.

• TS. El Tribunal Supremo anula la multa a Iberdrola por facturar teniendo en cuenta el consumo estimado de luz
• TS. Financiación de entidades religiosas. Iglesia evangélica
• TS. Costas. Anulación del apartado 9.b) de la disposición adicional segunda del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre)
• TS. Conciertos educativos. Denegación de la solicitud de renovación. Anulación de la denegación por falta de motivación. Insuficiencia de acreditación de la inexistencia de crédito presupuestario
• TCJ. Contrato administrativo de concesión. Concurso de la adjudicataria. Fase de liquidación. Competencia para resolver y liquidar el contrato
• TJUE. Medio ambiente. Tutela judicial efectiva. Participación ciudadana e información pública de planes y proyectos. Procedimiento administrativo. Negación de la cualidad de interesada a una organización de defensa medioambiental

• JPI. Clausula nula que supone la devolución de los gastos de formalización de una hipoteca
• TS. La condición de firmar un pagaré en blanco en garantía del préstamo es abusiva
• TS. Concurso de acreedores. Acción rescisoria. Reintegración de inmuebles transmitidos con la rama de actividad objeto de escisión. No procede
• TS. Concurso de acreedores. Contrato de leasing. Cuotas posteriores a la declaración de concurso. Calificación. Crédito concursal
• TS. Sociedad anónima. Junta general de accionistas. Impugnación. Rechazo injustificado de la petición de complemento del orden del día. Nulidad de la junta
• TS. Contratos bancarios. Operación de derivados financieros altamente especulativa. Acción de nulidad por error vicio en el consentimiento. Inexistencia. Cliente experto
• JM. Propiedad intelectual. Protección sui generis de las bases de datos. Extracción y reutilización de datos de bases ajenas. Introducción de datos falsos como señuelos. Ausencia de buena fe
• TJUE. Concursal. Créditos de naturaleza fiscal a favor de un Estado miembro no incluidos en un procedimiento de insolvencia tramitado en otro Estado miembro. Suspensión del procedimiento de ejecución   

• AP. Contrato de arrendamiento. Compraventa de casa arrendada. Subrogación del arrendador 
• TS. El arrendatario tiene el derecho de retracto a pesar de que hubiese subarrendado el local
• TS. Derecho fundamental a la propia imagen. Libertad de información. Reportaje neutral. Intromisión ilegítima en el honor
• TS. Responsabilidad extracontractual. Prescripción. Interrupción de la prescripción: procedimientos de menores. Responsabilidad civil de los progenitores de un menor de diez años. Prohibición de la reformatio in peius
• TS. Responsabilidad civil médica. Consentimiento informado. Daño desproporcionado. Inexistencia
• TJUE. Menores. Acogimiento familiar. Responsabilidad parental. Interés superior del menor. Recursos en materia de protección de menores con fundamento en Derecho público. Intervención de órganos judiciales de dos Estados miembro distintos. Competencia

• AP. Delito de atentado y  la consideración de autoridad o funcionario público
• TS. Subtipo atenuado del delito de tráfico de droga por escasa cantidad y el tratamiento farmacológico a efectos de la consideración de un delito de lesiones
• TS. Acusación falsa y falso testimonio: progresión delictiva
• TS. Dies a quo para el cómputo del plazo de cancelación de las distintas penas acumuladas
• TS. Blanqueo de capitales. Autoblanqueo. Predeterminación del fallo. Incongruencia omisiva 

La excesiva duración del procedimiento causó a la vez un perjuicio material (el pago de los gastos de la garantía bancaria) y un perjuicio moral (la situación de incertidumbre en que se encontraron ambas sociedades).

Las sociedades Gascogne Sack Deutschland (antes Sachsa Verpackung) y Gascogne (antes Groupe Gascogne) presentaron el 23 de febrero de 2006 ante el Tribunal General de la Unión Europea unos recursos en los que solicitaban que se anulara la Decisión de la Comisión en un asunto relativo a un cártel en el mercado de los sacos industriales.¹ El Tribunal General desestimó esos recursos en dos sentencias de 16 de noviembre de 2011.² Ambas sociedades recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia, que en dos sentencias de 26 de noviembre de 2013³ confirmó las sentencias del Tribunal General y, por tanto, las multas de 13,2 millones de euros en total impuestas a las dos sociedades. El Tribunal de Justicia indicó, no obstante, que estas sociedades podían interponer recursos de indemnización solicitando la reparación de los perjuicios que hubieran podido sufrir como consecuencia de la excesiva duración del procedimiento ante el Tribunal General.

La Sala de lo Contencioso revoca la sentencia del TSJ de Madrid que había confirmado la multa y señala que “la razón última de la sanción impuesta es, cuando menos, inexacta”

La Sala III del Tribunal Supremo,  en su sentencia de 14 de diciembre de 2016, ha anulado una multa de 600.000 euros impuesta en diciembre de 2011 por la Comunidad de Madrid a “Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.”, por facturar a los usuarios por estimación del consumo de energía eléctrica realizado, lo que entendía que eran servicios no prestados de forma efectiva.

El Supremo estima el recurso de Iberdrola y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había confirmado la multa. El alto tribunal recuerda que el Real Decreto 1578/2008 establece en su disposición adicional séptima que “la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas (hasta 10kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente llevándose a cabo con base en lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto”.

La Sala III del Tribunal Supremo ha establecido que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia.

La Sala III, en su sentencia de 14 de diciembre de 2016, rechaza el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestimó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechazó la petición de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaración del IRPF, como ocurre con la Iglesia Católica.

La cláusula que traspasa todos los gastos de constitución de una hipoteca al cliente es inválida.

Aparecida en prensa una noticia que puede ser otro varapalo para los bancos, en relación a la constitución de hipotecas vinculadas a la compra de viviendas, ya que las entidades de crédito, suelen incluir una cláusula parecida a esta: