Jurisprudencia

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El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de la asociación Productores de Música de España (Promusicae) de recopilar sin consentimiento de los afectados los datos de los usuarios de redes P2P (peer to peer) -mediante las cuales se comparten archivos musicales- con el fin de ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los productores y editores de fonogramas y videos musicales.

La Audiencia señala que las acciones ejercitadas han de entenderse "prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia de 19 de noviembre de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n.º 90 de Madrid.

La controversia giraba en torno a eficacia del pagaré librado en garantía de la devolución de un préstamo sin fedatario por existir Audiencias que defendían su y otras que defendían su carácter abusivo y por tanto, nulo

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina en interés casacional que: “La condición general de los contratos de préstamo concertados con consumidores, sin intervención de fedatario público, en la que se prevea la firma por el prestatario (y en su caso por fiador) de un pagaré, en garantía de aquel, en el que el importe por el que se presentara la demanda de juicio cambiario es complementado por el prestamista con base a la liquidación realizada unilateralmente por él, es abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida por incorporada al contrato de préstamo y, por ende, conlleva la ineficacia de la declaración cambiaria”.

La Sala Primera señala que la obligación alimenticia que se presta a los hijos no está a expensas únicamente de los ingresos sino también de los medios o recursos de uno de los cónyuges o de "las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento"

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligación del pago de la pensión de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.

Rechaza el recurso que presentó una mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que le imponía a ella los gastos de comunidad de la vivienda ganancial

El Tribunal Supremo ha acordado que en caso de divorcio los juzgados de familia pueden imponer los gastos de comunidad al ex cónyuge que usa la vivienda ganancial. El alto tribunal rechaza el recurso que presentó una mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que le imponía a ella los gastos de comunidad de la vivienda ganancial, al habérsele adjudicado a ella el uso del bien.

• TS. El Tribunal confirma la prohibición de someter a pruebas de edad a inmigrantes menores con pasaporte.
• TS. Reportaje consentido que se vuelve a emitir por televisión pasados unos años sin un nuevo consentimiento.
• TS. Responsabilidad extracontractual: Efectos secundarios de un fármaco no descritos en el prospecto.
• TS. Efectos de las sentencias que reconocen alimentos y aplicación de la regla de la proporcionalidad.
• TS. Servidumbre en régimen de propiedad horizontal.
• TS. Precario. Inmueble adjudicado en subasta, constante certificación de la TGSS. Acto declarado firme en sentencia por la jurisdicción contenciosa. Presunción de legalidad del acto administrativo.
• TS. Sucesiones. Legítima. Derecho a percibir los dos tercios del caudal relicto y de los rendimientos del mismo mientras no se pague la legítima. Donaciones. Nulidad. Inoficiosidad.
• AP. Matrimonial. Divorcio, Régimen de visitas. Interés del menor. Pensión de alimentos. Uso de la vivienda familiar. Pensión compensatoria.
• J.P.I. Derecho de alimentos y su reclamación a los abuelos existiendo los padres.

• TJUE. Marcas. Marca tridimensional. Signo constituido exclusivamente por la forma de un producto con características de uso esenciales e inherentes a la función o funciones genéricas.
• TS. Impago de las cuotas devengadas de la Seguridad Social con posterioridad a la declaración de concurso.
• TS. Competencia desleal. Actos de denigración. Manifestaciones y comunicaciones. Libertad de expresión. Pacto de no competencia. Prueba. Carga.
• TS. Concurso. Incumplimiento del convenio. Pagos parciales.
• JM. Calificación de culpable del concurso de acreedores de AFINSA y condena a tres de sus administradores  al pago del déficit concursal.
• JM. Concurso. Spanair. Calificación. Culpable. Retraso en la presentación de la solicitud de declaración de concurso voluntario. Administradores de hecho. Tasas aeroportuarias: deuda con la AEAT.  

• TS. Control jurisdiccional contencioso administrativo de los acuerdos del Consejo de Ministros que conceden el de indulto.
• TS. Exigencia del estudio económico financiero en el planeamiento urbanístico.
• TS. Función pública. Aprobación de RPT municipal. Impugnación por sindicato de policías locales de ámbito autonómico. Falta de legitimación parcial. Consideración de la RPT como acto o disposición. Su carácter de “cuestiones de personal”.
• TS. Expropiación forzosa. Sistema general aeroportuario. Valoración. Métodos residual y objetivo.  Valoración de la prueba. Coeficiente de aprovechamiento.
• AN. Responsabilidad patrimonial. Administración de Justicia. Internamiento en CIE y posterior expulsión. Diferenciación entre error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
•  TSJ. Educación. Tratamiento integrado de las lenguas en centros docentes no universitarios de Baleares. Nulidad del Decreto 15/2003 y la instrucción para su aplicación. Falta de informe preceptivo de la Universidad.

• TS. El depósito irregular como títulos aptos para generar el delito de apropiación indebida.
• TS. Momento procesal penal para aportar o solicitar la incorporación de documentos, informes y certificaciones.
• TS. Márgenes del TS en la revisión de sentencias absolutorias, y el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
• TS. Falta de legitimación de la aseguradora para actuar como acusación particular.
• TS. La Atenuante de confesión y sus diferencias con la conformidad.

La Sala de lo Civil establece que cuando el extranjero es menor de edad de acuerdo con el pasaporte, debe ponerse a disposición de los servicios de protección del menor sin que se le realicen las pruebas por estar documentado.

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que aplica el acuerdo del pleno de la Sala de lo Civil del pasado mes de julio que prohíbe someter a las pruebas para determinar la edad a los inmigrantes menores con pasaporte válido que se encuentran de forma irregular en España.