Jurisprudencia

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de un decreto de la Generalitat Valenciana que imponía la autorización previa de los padres

No cabe someter a autorización previa de los padres el derecho de los alumnos a partir de tercero de la ESO a decidir colectivamente la inasistencia a clase. El Supremo ha confirmado la nulidad de un decreto educativo de la Generalitat Valenciana, de 2008, que imponía esa autorización previa de los padres al derecho reconocido en el artículo 8 de la LODE.

El Supremo rechaza el recurso del apoderado de una empresa que fue grabado y señala que “no supuso una intromisión ilegítima en su intimidad personal”

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quería que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el teléfono móvil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.

La Directiva sobre la libre circulación de los ciudadanos de la Unión no permite medidas que, persiguiendo un objetivo de prevención genérica, impidan a los familiares entrar sin visado en el territorio de un Estado miembro.

El Sr. Sean Ambrose McCarthy tiene doble nacionalidad, británica e irlandesa. Está casado con una nacional colombiana con la que tiene una hija. La familia reside desde 2010 en España, donde posee una vivienda. El matrimonio McCarthy posee igualmente una vivienda en el Reino Unido y viaja con regularidad a ese país. La Sra. Helena Patricia McCarthy Rodriguez es titular de una «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión» (en lo sucesivo, «tarjeta de residencia») expedida por las autoridades españolas. Con arreglo a la normativa británica en materia de inmigración, para poder viajar al Reino Unido los titulares de esa tarjeta deben solicitar un permiso de entrada («permiso de familiar EEE»), que tiene una vigencia de seis meses. Ese permiso de familiar puede renovarse, a condición de que su titular acuda en persona a una misión diplomática del Reino Unido en el extranjero y cumplimente un formulario con datos relativos a sus recursos económicos y a su situación profesional.

La sociedad alegó que no tiene relación alguna con los titulares de las tarjetas cuyos datos reclama Hacienda, ya que su función se limita a informatizar y compensar los créditos y débitos de unos bancos con otros

El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda requiera a 4B los nombres de los titulares de sus tarjetas que hayan hecho pagos por importe anual igual o superior a 30.000 euros. Sistema 4B, S.A. había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, de julio de 2012, que refrendó el requerimiento de la Inspección de la Agencia Tributaria, de septiembre de 2008, solicitando a la entidad los datos de quienes hubiesen hecho pagos anuales desde 30.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007.

• TS. Naturaleza y alcance del deslinde administrativo.
• TS. Plazo para solicitar la ejecución de un pronunciamiento de una sentencia extranjera en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 44/2001.
• TS. Derecho al honor y derecho de rectificación.
• TS. Contratos. Aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus.
• TS. Divorcio. Interés del menor. Solicitud por el Ministerio Fiscal de la guarda y custodia compartida. Denegación por la situación de conflicto entre los padres.
• AP. Contratos. Nulidad. Suscripción de acciones de Bankia en fecha próxima a su rescate. Tramitación paralela de acciones penales. Inexistencia de prejudicialidad penal.
• JPI. Derecho al honor y a la propia imagen. Intromisión ilegítima. Publicidad del hecho. Daño moral. Moderación de la indemnización. Comentarios lesivos en Twitter. Eliminación de los comentarios y publicación del fallo en la red social.

• TS. Delimitación o caracterización básica del denominado contrato de excrow.
• TS. Consumidores y usuarios. Resolución de compraventa de vivienda. Cláusulas abusivas. Retención por el vendedor de las sumas abonadas en caso de resolución.
• TJUE. Corresponde al prestamista demostrar que ha cumplido sus obligaciones precontractuales de información y de comprobación de la solvencia del prestatario.
• TCJ. Concursal. Ejecución administrativa iniciada por la TGSS para hacer efectivos créditos contra la masa por deudas posconcursales una vez abierta la liquidación. El art. 84.4 de la Ley Concursal. Competencia del juez del concurso.

• TS. Asistencia sanitaria de funcionarios. Reintegro de gastos médicos.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Funcionamiento de los servicios públicos. Alerta alimentaria. Justificación de las medidas extraordinarias. Valoración de la prueba.
• TSJ. Nulidad  del acuerdo del Colegio de Procuradores de Madrid que obligaba a los procuradores a adscribirse al turno especial de asistencia jurídica gratuita.
• TSJ. Urbanismo. Modificación puntual de PGOU. Introducción en las Normas Urbanísticas de limitaciones a la implantación de centros de culto. Libertad religiosa. Programas de participación ciudadana.

• TS. Doctrina jurisprudencial en relación con la competencia de los Tribunales de enjuiciamiento y fallo en relación con los juicios con personas aforadas para el caso de la pérdida de esta condición.
• TS. Régimen sancionador en el derecho Penitenciario. Restricción de comunicaciones orales. Vulneración del principio non bis in ídem.
• TS. Nueva delimitación del principio de justicia universal en la jurisdicción penal, consecuencia de la LO 1/2014 de 13 de marzo.
• TS. Delito contra la ordenación del territorio: excesos en la construcción. Concepto de promotor.
• TS. La conexidad procesal  no puede modificar el plazo de prescripción de cada autor por su delito individual.
• TS. No puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida.

Integraban una red de corrupción de menores que indujo en la prostitución y en el narcotráfico a cuatro chicas de Palma de Mallorca, una de las cuales, murió a los 16 años.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el denominado 'caso Nancy' desestimando los recursos de seis de los siete condenados, y también de las acusaciones particulares, y confirmando así un total de 59 años de cárcel para los siete condenados por esta red de corrupción de menores que indujo en la prostitución y en el narcotráfico a cuatro chicas de Palma de Mallorca, una de las cuales, Nora, murió a los 16 años por una reacción adversa al consumo de drogas.

El alto tribunal rechaza el recurso de casación interpuesto por el Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le absolvió del pago

La Sala de lo Civil afirma que el cambio normativo que se produjo y la falta de autorización del gobierno venezolano a la venta -resolución 2079 de la SUDEBAN de 18 de julio- no puede contemplarse como un supuesto de imposibilidad legal sobrevenida de cumplimiento de lo pactado y que no debe dejarse sin efecto lo acordado por las partes sobre la aplicación del importe de escrow.