Jurisprudencia

• AP. El derecho extranjero, como cuestión de hecho, corresponde alegarlo y probarlo a la parte que lo invoca.
• TS. Conflicto entre derecho extranjero y nacional. La prueba del derecho extranjero.
• TS. Derecho de la edificación. Defectos constructivos. Demanda de comunidad de propietarios contra promotora, arquitectos y técnicos. Legitimación del presidente.
• TS. Arrendamientos urbanos. Derecho de adquisición preferente. Excepción de cosa juzgada. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Revocación de poderes en el contrato de mandato.
• TS. Infracción procesal. Sentencia. Congruencia. Motivación. Prueba. Valoración. Costas. Sociedades. Administradores. Responsabilidad. Acción social y acción individual. Sobrevaloración de la compañía ante su absorción por otra.

• TJUE. Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia.
• TJUE. Contratos. Arrendamiento de industria de estación de servicio. Exclusiva de suministro de carburante. Duración. Libre competencia.
• AP. Subrogación de hipotecas y el derecho del comprador subrogado a que le informen de la existencia de clausula suelo.
• AN. Propiedad intelectual. Resolución de la Comisión de propiedad intelectual ordenando retirar contenidos disponibles en una página web a través de enlaces a archivos en redes P2P.
• TS. Concurrencia de leyes de marcas y competencia desleal.
• TS. Resolución y denuncia de un contrato y la exigencia de un plazo de preaviso.
• TS. Interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia para la graduación de sanciones.
• TS. Propiedad intelectual. Uso no autorizado de partes de una obra ajena para incorporarlos a otra. Derechos de explotación. Regalía hipotética. Compatibilidad con la indemnización por Daño moral. Planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

• TSJ. La Administración indemnizará a conductor y pasajera de una moto que chocó con un jabalí en una Reserva Regional.
• TS. Instalaciones apropiadas para una Planta de gestión, tratamiento y recuperación de residuos.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Principio de confianza legitima en la actuación de la Administración.
• TS. Impugnación del RD 979/2013, por el que se nombra el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Inexistencia de mandato imperativo en los Vocales electores.
• TS. Contratos del sector público. La aplicación de instituto de la caducidad. Aprobación definitiva de proyecto de paseo marítimo. El trámite de información pública.
• TS. Expropiación forzosa. Construcción de ferrocarril. El trámite de información pública. El procedimiento de urgencia. La legislación sectorial.
• AN. Se fija en cien euros el pago de las emisoras de radio para acceder a los estadios de fútbol.

• TS. La falsificación de una tarjeta bancaria mediante el método conocido como "skimming".
• TS. Mayorías necesarias para alcanzar un veredicto en el proceso del jurado.
• TS. Una piscina y sus anexos sí constituyen una obra o edificación a los efectos de configurar el tipo objetivo de delito contra la ordenación del territorio.
• TS. En ningún caso un mismo período de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa; abono que debe realizarse conforme a la normativa legal imperante en el momento de la condena.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por una sociedad contra el Auto del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2011 (recurso nº  2927/2010) que no admitía a trámite un recurso de casación, y que estableció el nuevo requisito jurisprudencial de que en el escrito de interposición del recurso de casación debían señalarse los concretos preceptos o la jurisprudencia que se consideran infringidos en el pronunciamiento que se impugna-, siendo ese escrito el único medio de que disponían en ese momento procesal –una vez presentado el recurso sin el cumplimiento de ese requisito establecido a posteriori-.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado la sentencia en el asunto Pruteanu vs. Rumanía (en francés) por el que considera que las grabaciones de conversaciones, aún con autorización judicial, entre abogado y cliente vulneran el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

La Sala afirma que su sentencia respetó el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de su identidad conforme al art. 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que desestima la solicitud nulidad de su sentencia de 6 de febrero de 2014, dictada en relación a la inscripción de la filiación de unos menores nacidos por gestación por subrogación (vientre de alquiler).

La Sala Civil del alto tribunal pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si la directiva comunitaria sobre derechos de propiedad intelectual restringe la petición de indemnizaciones por daño moral cuando existe infracción al derecho de propiedad intelectual

La Sala ha planteado esta cuestión al tribunal europeo en relación con un pleito entre el ciudadano alemán Christian Liffers, director, guionista y productor de la obra audiovisual titulada “Dos patrias, Cuba y la noche”, y Producciones Mandarina y Telecinco, que realizaron y emitieron un documental sobre la prostitución infantil en Cuba en el que incluyeron pasajes del documental de Liffers sin pedirle autorización.

La Liga de Fútbol Profesional pedía que se estableciera en 456.000 euros para Primera División y en 252.000 euros para Segunda

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fijado en cien euros la cuantía que tendrán que abonar los operadores radiofónicos cuando accedan a los estadios para retransmitir partidos de fútbol.

La Liga Nacional de Futbol Profesional requería que el pago fuera de 456.000 euros para los encuentros de Primera División y de 252.000 euros para los de Segunda.

Este criterio viene a clarificar una controversia suscitada al interpretar el artículo 63.1 de la Ley de Defensa de la Competencia

El Tribunal Supremo establece que la multa máxima para faltas muy graves a la competencia será del 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora, y no sólo del ramo de actividad donde se ha producido la actividad sancionable.