Casos Prácticos

En este caso, la cuestión jurídica que se trae a colación es la determinación acerca de qué cabe entender por un «hecho de la circulación» o por «circulación de vehículos», a la vista de la casuística que concurre en el uso de los vehículos a motor, teniendo en cuenta el análisis de los criterios comunitarios en esta materia. Consideración de hecho propio de la circulación de vehículos, los daños causados por un camión de transporte de residuos dentro del recinto de una empresa para la que trabajaba; debe atenderse para la consideración o no de siniestro susceptible de ser integrado en el concepto de «hecho de la circulación» al hecho de que el vehículo a motor estuviese siendo utilizado conforme a las funciones habituales, y sin que pueda limitarse a las situaciones de circulación vial, es decir, de la circulación en la vía pública, sino que incluye cualquier utilización de un vehículo que sea conforme con su función habitual. Los vehículos automóviles están destinados, independientemente de sus características, a su uso habitual como medios de transporte; dicho concepto se extiende a toda utilización de un vehículo como medio de transporte, y ello es lo determinante de la delimitación del concepto. Imposibilidad de permitir que cada Estado comunitario pueda configurar su concepto al margen de la normativa comunitaria.

Palabras claves: derecho comunitario; concepto de «hecho de la circulación».

Se plantean en este supuesto práctico cuestiones jurídicas de diversa índole relacionadas con un bien de carácter de dominio público propiedad de la Administración General del Estado (la viabilidad de su enajenación, un conflicto de atribuciones entre dos ministerios, las circunstancias surgidas de una autorización de uso tanto individual como a favor de una asociación), el acceso o no a la información solicitada por un ciudadano, las peculiaridades de un contrato administrativo de servicios y, finalmente, vicisitudes en un procedimiento de deslinde entre una finca de la AGE y otra, propiedad de un particular.

Palabras claves: dominio público; enajenación; concesión de dominio público; derecho de información; contrato de servicios; procedimiento de deslinde.

La naturaleza de la terminación anormal de un procedimiento mediante la satisfacción extraprocesal por reconocimiento de paternidad precisa, para que surta sus plenos efectos, que sea completa, confirmándose la pérdida total de interés de la parte actora en la demanda interpuesta en su día, a fin de que no sea limitado su derecho al acceso a los tribunales de justicia sin dilaciones, o por la incoación de un nuevo procedimiento que hará difícil la prosecución del fin ya conseguido en el auto de cautelares, así como la satisfacción de todos las peticiones, principales o concomitantes.
El defecto de grabación de juicio no es inane y se concreta en la indefensión que produce en la segunda instancia para el apelante no poder argüir o justificar los extremos que afirma carentes de soporte audiovisual, pues, al no recogerse el informe del fiscal, ni existir un acta extensa, la parte se ve privada de conocer las conclusiones del fiscal, pudiendo ver vulnerado su derecho reconocido en el artículo 24 de la CE por infracción de los preceptos 147 y siguientes de la LEC.

Palabras claves: filiación extramatrimonial; demanda; satisfacción extraprocesal; grabación de sesiones de juicio.

En los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, la cláusula por la que los intereses se fijan por el índice IRPH debe contener el requisito de transparencia, y su falta no exime de realizar el juicio de abusividad. Es posible que una condición general inserta en un contrato celebrado con un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva, pues la falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas o que se plantee el empleo de un tipo de interés variable referenciado al índice IRPH.

Palabras claves: contrato de préstamo; transparencia; garantía hipotecaria; IRPH.

El presente caso práctico trata de establecer algo de luz sobre la problemática nacida de las reclamaciones nacidas de un contrato de seguro de vida que está vinculado a un préstamo hipotecario, cuando el titular del seguro fallece y los terceros beneficiarios del seguro reclaman a la aseguradora, si el contrato estaba en el periodo de suspensión de 6 meses por impago del artículo 15 de la Ley de contrato de seguro. En estas situaciones, si sucede el siniestro, no es aceptable que se otorgue a la entidad bancaria prestamista la posibilidad de optar entre seguir cobrando el préstamo al prestatario o a sus herederos o exigir el pago de la indemnización al asegurador, y en mayor medida (como suele suceder en nuestros días), si existe una evidente conexión empresarial entre el asegurador y el tomador-beneficiario.

Palabras claves: seguro de vida; contrato de préstamo; acción directa contra el asegurador.

En este caso, la cuestión jurídica que se trae a colación es la de la posibilidad de inscripción en el Registro de la Propiedad de un cuaderno particional realizado por los contadores partidores designados por el testador, en el cual se ha prescindido del consentimiento de uno de los legitimarios que no había sido instituido heredero en el testamento. Con carácter general, el legatario que es también legitimario debe intervenir y consentir la partición practicada por los herederos, pues lo contrario podría permitir que se repartiese la herencia sin tener en cuenta sus derechos legitimarios. Ahora bien, la partición realizada por el contador-partidor no requiere el consentimiento de los herederos, aunque sean legitimarios, siempre que actúe dentro de sus funciones, las cuales no se alteran por la comparecencia de alguno de los herederos, ni siquiera por la concurrencia de todos ellos si el testador hubiera ordenado la intervención del contador partidor, incluso existiendo un acuerdo de los herederos respecto de la forma de realizar la partición. Solo los tribunales de justicia son competentes para declarar la disconformidad de proceder del contador.

Palabras claves: sucesiones; cuaderno particional; contador partidor.

El relato de hechos nos plantea diversas vicisitudes jurídicas sobre un contrato de servicios consistente en varios cometidos en relación con el mantenimiento, conservación, reparación y renovación del alumbrado público de varios edificios municipales. Esas cuestiones son, entre otras: naturaleza y régimen jurídico del contrato, órgano de contratación competente, procedimiento de adjudicación que se puede utilizar, publicidad del contrato, formalización y efectos de la subrogación de los trabajadores en su caso, si se llevara a cabo.

Palabras claves: contrato administrativo de servicios; órgano de contratación; valor estimado; publicidad; procedimiento de adjudicación; formalización; modificación del contrato.

El presente caso práctico trata de poner de manifiesto una realidad que diariamente se produce en nuestros juzgados de primera instancia como consecuencia de la declaración del estado de alarma, derivado de la situación de pandemia; nos referimos a la adopción de medidas cautelares encaminadas a proteger a los arrendatarios que han permanecido con los negocios cerrados por causa de fuerza mayor. Resulta esencial la virtualidad y eficacia práctica de la llamada cláusula rebus sic stantibus, que da plena cobertura a la posibilidad de adoptar medidas impeditivas del ejercicio por el arrendador de las acciones inmediatas tendentes a la recuperación de la finca arrendada. El sinalagma propio del contrato se ve afectado por la situación de estado de alarma, afectando a la causa del propio contrato.

Palabras claves: arrendamientos urbanos; estado de alarma; medidas cautelares; rebus sic stantibus.

En este caso, la cuestión jurídica que se trae a colación guarda relación con la delimitación del momento en que se ha de entender transmitida la propiedad de un inmueble al adjudicatario del mismo en una subasta judicial, pero en relación con los efectos que ello causa en las obligaciones de pago de las cuotas de comunidad que pudieran estar pendientes de abono del citado inmueble. Es preciso delimitar si tiene lugar al dictarse el decreto de adjudicación o cuando se expide el testimonio de dicho decreto y se entrega al adjudicatario. Ahora bien, todo ello ha de ponerse en relación con las conductas del adjudicatario que pongan de manifiesto que exterioriza su condición de propietario, incluso explotando lo adquirido y obteniendo beneficios de tal condición, en la medida en que ello puede entrar a constituir un supuesto de abuso de derecho generador de obligaciones de pago para el adjudicatario aunque no le haya sido transmitida la propiedad conforme a la teoría del título y el modo.

Palabras claves: propiedad horizontal; cuotas de comunidad; transmisión de la propiedad; título y modo; abuso de derecho; buena fe.

Se plantean en el presente supuesto práctico diversos problemas de distinta índole surgidos en un ayuntamiento de régimen común. Tales son, en resumen: la falta de extensión del acta de ocupación en una expropiación forzosa; un presunto supuesto de incompatibilidad de un concejal; si un reparo realizado por el secretario-interventor tiene efectos suspensivos; la validez de la subsanación de la omisión de un aval bancario en un contrato administrativo en la fase de formalización; cómo debe computarse, a efectos de votación, la ausencia de unos concejales del Pleno; la posible incompetencia de un Pleno para aprobar un convenio colectivo y, finalmente, la falta de liquidación de un contrato acordada en el año 2008.

Palabras claves: expropiación forzosa; incompatibilidades; reparo; contratación administrativa; quórum en pleno extraordinario; competencia del ayuntamiento.