Casos Prácticos

El caso gira sobre distintas cuestiones planteadas, en primer lugar, sobre una expropiación forzosa que afecta a varios inmuebles, cuya beneficiaria es una sociedad anónima, existiendo diversos interesados de diversa naturaleza en el procedimiento expropiatorio. Se plantea, a continuación, la situación de una de las fincas expropiada hacía mucho tiempo, cuya acta de ocupación y pago no se inscribió en el Registro de la Propiedad, pero, en la actualidad, se recoge en el plan general como suelo dotacional ejecutivo. Finalmente, el alcalde de un ayuntamiento solicita información al secretario-interventor sobre una cuestión relativa a una factura electrónica y sobre otra, referida a la posible información a licitadores de un contrato.

Palabras claves: expropiación urgente; interesados en el procedimiento; falta de inscripción en el registro; ordenanza municipal; contratos administrativos.

Puede acudirse a la partición judicial del artículo 1.059 cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición.
El efecto que produce la partición hereditaria es la determinación concreta de qué bienes corresponden a cada uno de los partícipes, lo que significa la sustitución de la cuota por la titularidad exclusiva sobre los bienes.
El artículo 1.068 otorga la propiedad exclusiva de los bienes a los coherederos sobre los que antes del fallecimiento solo se tenía un derecho abstracto sobre la totalidad de la herencia, por lo que ninguna infracción del precepto se produce cuando se reasigna el bien respetando la igualdad. Las donaciones en vida deben ser reducidas porque perjudican la legítima de los herederos forzosos.
La garantía del pago no puede estar sujeta a plazo y por eso parece más conveniente entender que, fallecido el testador, una vez abierta la herencia, surge la obligación de pago.

Palabras claves: sucesiones; testamentos; partición hereditaria.

Los gastos comunes en toda comunidad de propietarios deben satisfacerse mensualmente para no sobrecargar a los propietarios, en muchos casos economías familiares, ya que en ese caso podrían verse abocados a sufrir reclamaciones cuantiosas. Por ser una obligación esencial, su impago, salvo casos justificados, generará una acción a través de la que se tratará de obtener la cantidad impagada. Sin embargo el hecho de que la comunidad de propietarios se demore en exigir el pago de la deuda es un acto difícil de comprender, por lo que el transcurso del plazo de cinco años para entablar la acción de reclamación judicial podría determinar que solo fuera estimable en parte, si alguna acción para exigir alguna de las cantidades debidas ha prescrito.

Palabras claves: propiedad horizontal; gastos comunes; cuotas comunitarias; acción de reclamación.

El presente caso práctico incide acerca de la problemática que surge a la hora de realizar, por parte del vencedor de un pleito, la declaración fiscal anual de aquellas cantidades que ha recibido en concepto de costas y que le han sido entregadas por el juzgado como tal vencedor. Las cantidades percibidas por tal concepto han de ser consideradas una ganancia patrimonial conforme al artículo 33 de la LIRPF por la diferencia entre el importe de tales costas fijadas por el tribunal y los gastos en que hubiere incurrido en el proceso judicial en cuanto gastos de asistencia jurídica judicial y extrajudicial en que haya incurrido el obligado tributario. Delimitación de si las costas procesales deben suponer un aumento en la base imponible general declarada en el importe de las ganancias patrimoniales. De tal importe, el vencedor siempre podrá deducirse los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito con el tope máximo de deducción del importe que reciba.

Palabras claves: costas judiciales; gastos del proceso; declaración tributaria.

Disolución matrimonial de mutuo acuerdo con decreto aprobando el convenio regulador que adjudica una finca privativa perteneciente a ambos cónyuges en proindiviso al haberse adquirido antes de la celebración del matrimonio, y sin que pueda determinarse qué parte de la finca fue satisfecha con fondos privativos y qué parte con fondos gananciales: imposibilidad registral de inscribir esta adjudicación, ya que la transmisión de bienes privativos en la liquidación de un patrimonio ganancial no puede tener como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. No procede la liquidación de un documento de liquidación de sociedad conyugal cuya efectividad presupone, por tanto, el carácter ganancial de los bienes adjudicados. En el convenio regulador no pueden hacerse adjudicaciones de bienes que ya pertenecen privativamente a uno de los cónyuges en pago de gananciales. No tratándose de vivienda familiar, las transmisiones entre cónyuges ajenas al proceso de liquidación, como las que se refieren a lo adquirido en estado de solteros, constituyen un negocio independiente a formalizar en escritura pública.

Palabras claves: divorcio; convenio regulador; adjudicación de bienes privativos; inscripción registral.

El caso gira en torno a una sanción disciplinaria impuesta a un miembro de las Fuerzas Armadas que, con posterioridad, fue anulada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el interesado. Durante el expediente sancionador en que se decretó la suspensión de funciones, ocurrieron algunas anomalías jurídicas que se detallan en el relato de hechos. Tras la sentencia solicita una indemnización de daños y perjuicios a la Administración en concepto de responsabilidad patrimonial, que acaba en sentido estimatorio para el reclamante. Es de hacer constar que, paralelamente, había presentado querella penal por presunta prevaricación contra el titular del órgano que impuso la sanción, que finalizó con sentencia condenatoria disponiendo una indemnización a su favor en cuantía menor a la estimada en vía administrativa.

Palabras claves: infracción disciplinaria; expediente sancionador; sanción; recurso contencioso-administrativo; responsabilidad patrimonial de la Administración.

El desequilibrio económico que ha sido causado a uno de los cónyuges debe traer su causa de la ruptura matrimonial y debe concurrir en el momento de esa ruptura, en relación con la situación que tenía hasta entonces. Los acaecimientos posteriores a la ruptura son intrascendentes a la hora de determinar la existencia de la pensión compensatoria o de estudiar el incremento de su cuantía, siendo solo relevantes para delimitar su posible disminución o supresión. Por lo tanto, no es legalmente viable rehabilitar o restablecer una pensión compensatoria que había sido extinguida por resolución judicial firme, por el hecho de que el excónyuge beneficiario haya empeorado en su situación, pues las circunstancias determinantes de tal empeoramiento son sobrevenidas, pero no traen su causa de la situación de crisis matrimonial.

Palabras claves: divorcio; pensión compensatoria; rehabilitación.

Venta de vivienda arrendada sujeta a la LAU de 1964: impugnación de la venta por el inquilino por ser el precio de la venta superior al de capitalización de la renta según los tipos fijados en el artículo 53 de la LAU de 1964. Aplicabilidad del precepto a los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados tras la entrada en vigor del RDL 2/1985 (decreto Boyer) y sometidos al régimen de prórroga forzosa por acuerdo de las partes. De estimarse la impugnación, los adquirentes no podrían denegar la prórroga forzosa del contrato al inquilino por causa de necesidad. No existe ningún precepto legal que permita excluir la aplicación del artículo 53 de la LAU de 1964 a los contratos celebrados bajo la vigencia del Decreto 2/1985 si en ellos se había pactado la sumisión al régimen legal de prórroga forzosa. Aplicabilidad al caso de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la duración de los arrendamientos de local de negocio celebrados bajo la vigencia del RDL 2/1985 y sujetos a prórroga forzosa por voluntad expresa de las partes.

Palabras claves: arrendamientos urbanos LAU 1964; prórroga forzosa; interpretación doctrinal.

El caso plantea cuestiones jurídicas de diversa índole en relación con un contrato de servicios en el que el riesgo financiero lo asume la contratista. Se analizan las vicisitudes expuestas en el relato de hechos sobre el procedimiento de adjudicación y sobre la decisión de la mesa de contratación, excluyendo a determinados contratistas. Igualmente: la procedencia o no de impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado en su día y si la legitimación para recurrir la adjudicación la tiene la UTE, en su conjunto, o, por el contrario, puede impugnar independientemente una empresa de la misma. Finalmente, se plantea si la contratista adjudicataria debe cumplir la prórroga pactada del contrato o no.

Palabras claves: contratos administrativos; contrato de servicios; duración; adjudicación.

Podríamos resumir la doctrina jurisprudencial sobre la proclamación de los criterios para privar o no de la patria potestad en lo siguiente: a) causa grave probada, subsistente y de entidad; y b) observancia de los principios de necesidad, oportunidad y salvaguarda del interés del menor.
Cuando se rebaja la pensión de alimentos para establecer una compensatoria, la audiencia actúa extra petita. Hay una doctrina consolidada en el siguiente sentido: las medidas siempre se adoptan en «beneficio de los menores». Bajar la pensión es perjudicar al menor y su interés está por encima de otro.

Palabras claves: patria potestad; menores.