Casos Prácticos Derecho Administrativo

Las cuestiones planteadas en este supuesto versan sobre distintas controversias jurídicas. En primer lugar, la posible irregularidad en la composición de un tribunal de selección de personal y posible infracción de las Bases al no computar, en la fase de concurso, el tiempo prestado como interino del aspirante. Por ello, interpone recurso de reposición que no es resuelto y, posteriormente, recurso contencioso administrativo, sin valerse ni de abogado ni de procurador, por considerar que se trata de materia de personal. La Sentencia no se pronunció sobre algunas alegaciones de la recurrente por lo que estima que hubo “incongruencia procesal”. Finalmente, se plantea la resolución a adoptar ante una solicitud de licencia de actividad por persona discapacitada; los casos en que la Secretaria debe informar a petición de los concejales y el ajuste a derecho de una cesión de un terreno integrante del Patrimonio Municipal del Suelo y el ajuste a derecho de la tramitación de emergencia en un expediente de contratación administrativa.

El caso plantea diferentes cuestiones jurídicas relacionadas, en primer lugar, con varios contratos administrativos de suministros, en relación al ajuste a derecho del procedimiento de adjudicación; e, igualmente, se plantea dudas por el órgano de contratación respecto a los parámetros a tener en cuenta para considerar una oferta temeraria y los efectos posibles de la falsedad en la declaración responsable de la contratista, así como si la adjudicación se hizo a la mejor oferta. A continuación, se plantea una denuncia respecto al incumplimiento de una subvención concedida y apertura de un procedimiento de reintegro que no es resuelto y la incoación, pese a ello de un segundo con idéntico fin e, igualmente, la solicitud de un procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación que es desestimada. Finalmente, el supuesto se refiere al inicio del cómputo de la prescripción de la sanción impuesta en el procedimiento sancionador por incumplimiento de las condiciones en la subvención y al ejercicio del derecho de información por un vecino sobre retribuciones y otros extremos del Ministro y Altos Cargos del Ministerio.

El presente supuesto versa sobre diversas solicitudes de informes jurídicos realizados a un funcionario, asesor del Ministerio. Así, en primer lugar, se plantea la consecuencia de la falta de inclusión en la resolución y notificación del contenido obligatorio al pie del recurso a un Ayuntamiento en una expropiación forzosa y la viabilidad de reversión por cambio de titular del bien. A continuación, el día de inicio de la prescripción de una sanción. Posteriormente, si procede el abono de la minuta de letrado a un funcionario al que se siguió delito penal y que fue absuelto. A continuación, si procede el derecho de información solicitado por un delegado sindical sobre perceptores de complemento de productividad y cantidades de personal al servicio de la Administración. Finalmente, dos cuestiones en relación a contratos administrativos. La primera, referente a la posibilidad de aplicación del procedimiento abierto simplificado a los contratos mixtos y; la segunda, relativa a la defectuosa realización del expediente de contratación respecto a la fórmula de revisión de precios.

Este caso se plantea en relación a distintas controversias jurídicas y presupuestarias concurrentes en un Ayuntamiento. En primer lugar, ante la municipalización de un servicio público, se plantea la situación de los trabajadores fijos y temporales que tenían contrato con la empresa. En 2º lugar, se plantea la admisibilidad de la implantación de un sistema de video actas que sustituya la redacción en papel del acta de las sesiones del pleno municipal. En tercer lugar, la obligación de informe, en su caso, del Secretario Interventor en el asunto citado anteriormente y las consecuencias de su omisión, en su caso. En cuarto lugar, un supuesto de gastos plurianuales y, finalmente, si el Alcalde puede ser, a la vez, Presidente de una Mesa de Contratación y el Órgano de Contratación en un mismo contrato.

Procedimiento sancionador del régimen electoral y Deber de neutralidad política de los órganos administrativos en el curso de una campaña electoral.

En este supuesto práctico se plantean diversas cuestiones referentes a la aprobación de una Ordenanza municipal tales como la omisión del trámite de información pública con carácter previo; del informe de calidad normativa y de los informes de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma respectiva o la realización de alegaciones por concejales en el trámite de información pública. Tras la aprobación, previo empate en la primera y renuncia del voto de calidad del Alcalde en la segunda, y remisión del acuerdo a la Comunidad Autónoma, éste hizo un requerimiento para ampliación de información que no fue contestado; finalmente, se plantearon dos recursos contenciosos administrativos por una asociación de transportistas y por el Estado y la referida Comunidad Autónoma contra diversos preceptos de la Ordenanza al considerarse contrarios al Ordenamiento Jurídico, planteándose en el mismo la legitimación de los recurrentes y la extemporaneidad o no de los recursos.

El presente supuesto plantea distintas cuestiones jurídicas derivadas de un expediente disciplinario incoado al Presidente de una Comunidad Autónoma por presunta infracción de la Ley Orgánica General Electoral cometida, tras la disolución del Congreso de los Diputados, al remitir una carta, en su condición de Presidente, a través de un medio oficial, solicitando el voto para su partido lo cual suponía una presunta vulneración del principio de neutralidad política de los Poderes Públicos.
Las vicisitudes jurídicas a las que se responde son derivadas del procedimiento incoado tales, como la recusación de miembros de la JEC, la competencia de esta para sancionar, la libertad de expresión, la vulneración del principio de igualdad del art.14 CE o la desproporción en la sanción impuesta, entre otras.

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.

El caso se plantea en torno a diferentes problemas relacionados con un Ayuntamiento tales como, la negativa de la Alcaldesa de convocar un pleno ordinario afirmando que no hay temas que tratar; la grabación de un Pleno y el intento de difusión posterior por Internet; el ajuste a derecho de notificación de un acto; la compatibilidad del pago por licencia de obras y el impuesto de edificación en una calle; el ajuste a derecho de la asistencia a una Comisión Informativa de un médico nombrado miembro honorífico del Ayuntamiento que había sido concejal de la Corporación mucho tiempo y, finalmente, cuestiones derivadas de un contrato de obras (posibilidad de variantes en las ofertas; inadmisión de un recurso y la modificación del contrato acordada por la Administración con oposición del contratista).

Plantea el presente caso práctico preguntas referidas a dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, el derecho de información de unos parlamentarios del Congreso sobre ciertos gastos de personal recogidos en los Presupuestos Generales del Estado; el órgano competente para resolver la misma; normativa aplicable y recurso contencioso interpuesto frente a la contestación, entre otras cuestiones y, por otra parte, si se vulneró el derecho a la integridad moral reconocido en el art.15 de la Constitución de una funcionaria que fue trasladada a un departamento administrativo dirigido por una persona que fue denunciada por presunto delito de falsedad documental por aquella cuando se encontraba en anterior destino, cuyo Jefe de Área era aquél y, posteriormente, se la destina al mismo Departamento, que ahora dirige el denunciado y condenado.