Casos Prácticos Derecho Administrativo

Este supuesto plantea, esencialmente, dos cuestiones de índole jurídica. En primer lugar, sobre el ejercicio del derecho a la información, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, dirigida al ministerio competente en materia de transporte y consistente en que se le facilitara una copia de la base de datos en formato reutilizable; es decir, un formato que permita analizar y explotar los datos; la misma fue denegada con el razonamiento que consta en el relato de hechos, por lo que el solicitante acudió en reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En segundo lugar, dos personas se dirigen a la Agencia Estatal de Protección de Datos denunciando a su comunidad de propietarios por haber remitido, sin su consentimiento, a todos los comuneros un correo electrónico, con motivo de la próxima junta de propietarios, donde se adjunta un listado con los consumos individualizados mes a mes de calefacción, identificados por piso y letra.

El presente caso se plantea en torno a diversas cuestiones que el Alcalde plantea a la Secretaria Interventora. En concreto, la posible compatibilidad a concejales que están liberados, parcialmente de la jornada; un contrato menor respecto al que no se solicitaron tres proyectos de ejecución; parcelas enajenadas, en su momento, pero que siguen a nombre del Ayuntamiento; la viabilidad de una modificación en un contrato privado de arrendamiento y, el reingreso de una funcionaria en situación de excedencia voluntaria para tomar parte en una plaza que se han incluido en la oferta de empleo público.

El presente supuesto se plantea en torno a diversas cuestiones jurídicas surgidas, en primer lugar, respecto al procedimiento a utilizar para el suministro de distintas dependencias de un Ministerio. En segundo lugar, la posible concurrencia de causa de prohibición en unas subvenciones y la apertura de un procedimiento de reintegro y de un procedimiento sancionador. A continuación, se hace referencia a si debe accederse o no a una información solicitada a la Administración por un ciudadano. Y, finalmente, se solicita informe sobre diversas dudas que se le plantean al órgano de contratación en relación al contrato de suministro planteado y, en general, sobre la normativa contractual.

Este supuesto versa sobre distintas cuestiones jurídicas planteadas, en primer lugar, sobre la normativa que determina la necesidad de un proyecto de obras en un contrato menor y otras cuestiones relacionadas con el mismo, así como si resulta preceptivo nombrar un instructor para tramitar el expediente de contratación en los contratos administrativos. En segundo lugar, se plantea la situación de diversos concejales respecto a la posible compatibilidad o no para realizar determinadas actividades; en concreto, el ejercicio de la abogacía, actividades docentes privadas, el ejercicio de su profesión de arquitecto en el municipio. También la de un funcionario municipal del Sub Grupo A1 para impartir clases de natación en un Club privado, con contrato laboral, A continuación se hace referencia a diversas cuestiones referentes a mociones y proposiciones planteadas por diversos concejales en un Pleno municipal. Finalmente, se plantea la posible exención del Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obra por parte de una empresa pública de la Comunidad Autónoma.

Este supuesto gira en torno a un Convenio administrativo realizado entre un Ministerio y una Asociación, sin ánimo de lucro, por la que aquel concede a esta el uso de un bien demanial por un periodo de 4 años, prorrogables, sucesivamente, cada 4, previa solicitud de aquella, hasta un máximo de 28 años. Ante un incumplimiento puntual de la Asociación y la solicitud de la primera prórroga vencida ya el tiempo de la 1ª, la Administración decide resolver el Convenio. La resolución es recurrida en vía contenciosa administrativa y en vía civil. Además, ante aquella resolución, estimando que se le han ocasionado daños solicita la indemnización oportuna. Por su parte otra Asociación, también, sin ánimo de lucro, había solicitado meses antes el uso del mismo edificio, sin respuesta por la Administración. Finalmente, el Ministerio otorgó una subvención; ante el incumplimiento de su finalidad, incoa procedimiento de reintegro. Antes de los 12 meses desde su iniciación manda aviso electrónico de notificación y pasado ese plazo envía la notificación. Ante ello, el interesado entiende que se había producido la caducidad del procedimiento.

Este supuesto práctico plantea cuestiones en relación, en primer lugar a un proceso selectivo de personal laboral, a través del procedimiento de concurso oposición, y en la última fase, apta, tan sólo, para los que superaran la fase de concurso, consistió, exclusivamente, en la realización de una entrevista personal sobre el “currículum” del candidato; estando valorada la misma en 50 puntos. En segundo lugar, se plantea si debe proporcionarse a un ciudadano que lo solicitó, copia de un expediente de contratación que no estaba publicado en el perfil del contratante e, igualmente, si debe accederse a facilitar a una empresa licitadora, copia íntegra del expediente hasta entonces tramitado, y a otra empresa licitadora, copia del expediente de contratación, una vez adjudicado el contrato. Finalmente. Se plantea el ajuste a derecho de una cámara de vigilancia instalada en una cafetería del Organismo Autónomo por el empresario que la gestionaba mediante un contrato de servicios.

Los hechos versan sobre un procedimiento sancionador incoado por presunta vulneración de la normativa en materia de consumo y/o sanitaria, constituida por un Real Decreto, dictado en desarrollo de una Ley sobre la materia, que contemplaba la infracción y sanción cometida, planteándose el problema de la presunta vulneración de los principios de legalidad y tipicidad. Posteriormente se dicta nueva normativa contemplando una reducción de la cuantía de la multa impuesta cuya aplicación fue solicitada. A continuación, en relación a un recurso de alzada se plantea la validez de la resolución que fue objeto de delegación de competencias y, a su vez, de delegación de firma y la de la notificación de la misma. Finalmente, el supuesto plantea problemas derivados de un contrato de servicios en relación a: la posible transmisión del contrato; la solvencia técnica de una UTE; y dos cláusulas del Pliego; una, que fijó una causa como obligación principal a efectos de la resolución y, otra, relativa a la exigencia de un seguro de responsabilidad.

Las cuestiones planteadas en este supuesto versan sobre distintas controversias jurídicas. En primer lugar, la posible irregularidad en la composición de un tribunal de selección de personal y posible infracción de las Bases al no computar, en la fase de concurso, el tiempo prestado como interino del aspirante. Por ello, interpone recurso de reposición que no es resuelto y, posteriormente, recurso contencioso administrativo, sin valerse ni de abogado ni de procurador, por considerar que se trata de materia de personal. La Sentencia no se pronunció sobre algunas alegaciones de la recurrente por lo que estima que hubo “incongruencia procesal”. Finalmente, se plantea la resolución a adoptar ante una solicitud de licencia de actividad por persona discapacitada; los casos en que la Secretaria debe informar a petición de los concejales y el ajuste a derecho de una cesión de un terreno integrante del Patrimonio Municipal del Suelo y el ajuste a derecho de la tramitación de emergencia en un expediente de contratación administrativa.

El caso plantea diferentes cuestiones jurídicas relacionadas, en primer lugar, con varios contratos administrativos de suministros, en relación al ajuste a derecho del procedimiento de adjudicación; e, igualmente, se plantea dudas por el órgano de contratación respecto a los parámetros a tener en cuenta para considerar una oferta temeraria y los efectos posibles de la falsedad en la declaración responsable de la contratista, así como si la adjudicación se hizo a la mejor oferta. A continuación, se plantea una denuncia respecto al incumplimiento de una subvención concedida y apertura de un procedimiento de reintegro que no es resuelto y la incoación, pese a ello de un segundo con idéntico fin e, igualmente, la solicitud de un procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación que es desestimada. Finalmente, el supuesto se refiere al inicio del cómputo de la prescripción de la sanción impuesta en el procedimiento sancionador por incumplimiento de las condiciones en la subvención y al ejercicio del derecho de información por un vecino sobre retribuciones y otros extremos del Ministro y Altos Cargos del Ministerio.

El presente supuesto versa sobre diversas solicitudes de informes jurídicos realizados a un funcionario, asesor del Ministerio. Así, en primer lugar, se plantea la consecuencia de la falta de inclusión en la resolución y notificación del contenido obligatorio al pie del recurso a un Ayuntamiento en una expropiación forzosa y la viabilidad de reversión por cambio de titular del bien. A continuación, el día de inicio de la prescripción de una sanción. Posteriormente, si procede el abono de la minuta de letrado a un funcionario al que se siguió delito penal y que fue absuelto. A continuación, si procede el derecho de información solicitado por un delegado sindical sobre perceptores de complemento de productividad y cantidades de personal al servicio de la Administración. Finalmente, dos cuestiones en relación a contratos administrativos. La primera, referente a la posibilidad de aplicación del procedimiento abierto simplificado a los contratos mixtos y; la segunda, relativa a la defectuosa realización del expediente de contratación respecto a la fórmula de revisión de precios.