Casos Prácticos Derecho Administrativo

Casos prácticos de actualidad de Derecho Administrativo.

Organismo autónomo. Convenio administrativo

Este supuesto gira en torno a la distinta problemática jurídica que se plantea respecto al ajuste a derecho de la creación de un organismo autónomo –contra cuya decisión y estatutos una asociación presentó recurso por diversas razones– y su posterior transformación en sociedad mercantil debido a la insuficiencia para la gestión encomendada con la primitiva forma. Paralelamente, se examina la estimación o no de una acción de responsabilidad patrimonial contra el mismo, por los efectos secundarios producidos por el tratamiento a un interno y el ajuste a derecho de una expropiación forzosa decretada por el mismo. Finalmente, se examina la legalidad de las cláusulas establecidas en un convenio interadministrativo realizado por el mismo con una comunidad autónoma y unos laboratorios farmacéuticos.

Palabras claves: creación de organismo autónomo; transformación en sociedad mercantil; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; convenio interadministrativo.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚMS. 223-224 (agosto-septiembre 2019)

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Administración local. Sesión ordinaria del pleno

Las cuestiones planteadas en este supuesto derivan de los puntos del orden del día que debe fijar un alcalde para la sesión ordinaria a celebrar. Se plantea, en primer lugar, la obligatoriedad o no de incluir la aprobación de una ordenanza de subvenciones, propuesta por un portavoz de un grupo político y, dada la urgencia, de momento, se proceda ya a la concesión directa a una empresa. En segundo lugar, la proposición urgente de otro portavoz para que se resuelva un contrato de obras por grave incumplimiento del contratista. Y, finalmente, la concesión de uso de un bien de dominio público, realizada de forma directa, para la explotación de un quiosco en una plaza de la localidad a una persona con discapacidad y graves problemas económicos, sin pagar tasa alguna.

Palabras claves: Administración local; pleno de ayuntamiento; orden del día; subvenciones; concesión directa; dominio público; contrato de obras.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 222 (julio 2019)

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Expropiación forzosa a través del procedimiento de urgencia

El presente supuesto se plantea en torno a una expropiación forzosa llevada a cabo a través del procedimiento de urgencia, actuando como beneficiaria una empresa que, con posterioridad, fue declarada en concurso de acreedores. Ante esta situación, se plantea el problema de si la Administración expropiante debe hacer frente al pago del justo precio y si, en su defecto, ante la falta de pago, nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Finalmente, se plantean problemas de tipo procesal consistentes en la negativa del órgano jurisdiccional que conoció del recurso a la ejecución de la sentencia y la solicitud de la Abogacía del Estado sobre su improcedencia, toda vez que no se había llevado a cabo la previa y obligada reclamación administrativa.

Palabras claves: expropiación forzosa; ocupación sin previo pago; concurso de la beneficiaria; responsabilidad de la Administración expropiante.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 221 (junio 2019)

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Responsabilidad patrimonial de la Administración pública sanitaria. Indemnización de daños y perjuicios

El presente supuesto plantea diversas cuestiones jurídicas, todas ellas derivadas del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria, que efectuó un interesado que debió someterse a tratamiento médico como consecuencia de una caída sobre su pierna derecha, que derivaron en la declaración de incapacidad permanente. Estas cuestiones giran, en primer lugar, sobre el recurso procedente en este caso y su posible extemporaneidad; en segundo lugar, sobre la existencia o no de la antijuricidad de la conducta médica, es decir, si se obró conforme a la lex artis o no, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial al respecto; en tercer lugar, sobre la posible existencia de responsabilidad solidaria debido a que estuvo internado en centros médicos, uno de carácter público y otro de carácter privado; en cuarto lugar, sobre la incidencia de la existencia o inexistencia del consenso informado respecto a la presunta responsabilidad patrimonial y la indemnización, y, finalmente, sobre la procedencia o no de las distintas partidas económicas en virtud de las cuales solicita la indemnización de daños y perjuicios.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial de la Administración pública; Administración sanitaria; responsabilidad solidaria; indemnización de daños y perjuicios.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 220 (mayo 2019)

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Administración local. Personal municipal, servicios públicos y contratos administrativos

Gira el presente supuesto práctico en torno a diversas cuestiones que se plantean en un ayuntamiento de régimen común. En concreto, en primer lugar, el primer problema planteado se fundamenta en una solicitud realizada por un concejal del ayuntamiento solicitando información sobre las retribuciones de los empleados del ayuntamiento, solicitud que es denegada por el alcalde al no considerar necesaria la misma para el desarrollo de sus funciones. En segundo lugar, el ayuntamiento pretende asumir competencias para la gestión de un servicio público que venía prestándose de forma indirecta, planteándose la cuestión del procedimiento a seguir. En tercer lugar, el ayuntamiento pretende convertir a un auxiliar en administrativo del ayuntamiento a través del procedimiento de promoción interna, planteándose la posible ilegalidad de tal práctica. Finalmente, durante la ejecución de un contrato de obras, el contratista a quien se adjudicó el contrato pretende una revisión de precios a su favor toda vez que se ha producido, por parte del órgano competente, una subida en el salario mínimo interprofesional que afecta, en su opinión, al equilibrio económico financiero del contrato.

Palabras claves: derecho de información de concejal; protección de datos de carácter personal; gestión directa de servicios; modificación de contratos de obras.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 219 (abril 2019)

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Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico

Se plantea en el caso el ajuste a derecho o no de ciertos artículos de un decreto que dicta la Comunidad de Madrid por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad. El mismo fue impugnado por diversas personas y asociaciones, planteándose, en primer lugar, la legitimación de aquellos para recurrir; si los distintos recursos fueron planteados o no en plazo y la posibilidad de acumular los diversos recursos interpuestos independientemente. Finalmente, se analiza el ajuste a derecho o no de varios de sus artículos; en concreto, si los titulares de viviendas de uso turístico deben presentar ante la dirección general competente en materia de turismo una declaración responsable de inicio de actividad, debiendo disponer de un plano de la vivienda firmado por técnico competente, visado por el colegio profesional correspondiente; la obligación de presentar aquella solo vía internet; la necesidad de presentar a inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la dirección general competente y, finalmente, que las viviendas no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días y no podrán utilizarse como residencia permanente, ni alegar la condición de domicilio para impedir la acción de la inspección.

Palabras claves: apartamentos turísticos; viviendas de uso turístico; legitimación para recurrir; extemporaneidad de recursos; acumulación procesal.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 218 (marzo 2019)

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Administración local y funcionamiento de sesiones plenarias de un ayuntamiento. Contratos y uso de bienes demaniales

En el presente caso se plantean diversas cuestiones en relación con un ayuntamiento de régimen común. Las mismas consisten en lo siguiente: el ayuntamiento carece de ordenanza regulatoria sobre la posibilidad de realizar grabaciones de los plenos, pese a ello, el alcalde ha autorizado aquellas para mayor difusión y publicidad, no estando de acuerdo un grupo municipal con la referida autorización. En segundo lugar, la coordinadora de un partido político ha solicitado la inclusión de una moción en el orden del día de un pleno ordinario, aunque los dos concejales de su grupo político que obtuvieron representación fueron expulsados del partido, pasando a ser concejales no adscritos. En tercer lugar, el ayuntamiento pretende adjudicar directamente a un particular el arrendamiento de una finca patrimonial de su propiedad. A continuación, se plantea la supuesta compatibilidad de un auxiliar, que presta servicio de ayuda a domicilio y que, con posterioridad, es elegida concejal de la corporación. Finalmente, se plantea el problema respecto al uso en una plaza pública de una instalación que hacía 40 años se otorgó directamente, sin previa licitación, a un particular sin fijar la duración y el canon a pagar, cuestionándose sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Administración y si es posible la transmisión de dicha explotación a un hijo del titular de la misma.

Palabras claves: publicidad de sesiones plenarias mediante grabación; moción al pleno; contrato patrimonial de explotación; incompatibilidades; uso de bien demanial sin licitación previa.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 217 (febrero 2019)

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Administración local. Contrato administrativo de obras

El caso planteado gira en torno a diversas incidencias jurídicas y presupuestarias que se plantean en torno, en primer lugar, a la adjudicación del mismo, toda vez que se utilizó el procedimiento de licitación con negociación sin que del relato de hechos conste la concurrencia de causa para ello. En segundo lugar, son distintas las cuestiones jurídicas planteadas respecto a la ejecución del contrato. Las mismas giran en torno a: una retención de la garantía prestada por el contratista, finalizadas las obras; la pendencia por parte del contratista de deuda tributaria y la posible compensación de la misma; la prórroga del contrato, finalizado el plazo de duración del mismo; la cesión del contrato a un tercero existiendo deudas del contratista con la Administración con anterioridad a la cesión; si respecto a la existencia de crédito para contratar había que estar al presupuesto base de licitación sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato. Finalmente, se plantea el ajuste a derecho del fraccionamiento del objeto de un contrato respecto a la contratación de una banda de música para varios años, excediendo el presupuesto de la cuantía de un contrato menor.

Palabras claves: contrato administrativo de obras; adjudicación; cesión del contrato; garantía definitiva; prohibición para ser contratista; fiscalización del contrato.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 216 (enero 2019)

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Proceso selectivo de funcionario público y derecho de libertad religiosa

Gira el presente supuesto sobre una aspirante, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, extremo que había hecho constar en la solicitud de admisión, a ingresar en el Cuerpo de Profesores, en la especialidad de Educación Infantil, y al percatarse de que una prueba de ese proceso se convocó para un sábado, día de precepto religioso para ella, solicitó, por escrito de la Administración, el cambio de fecha para el ejercicio, invocando el artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. La Administración desestima su pretensión y, al no realizar la referida prueba, fue excluida del proceso selectivo. Interpuesto recurso contencioso-administrativo se resolvió en sentido desestimatorio a su pretensión, por lo que finaliza su peregrinar procesal interponiendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En torno a estos hechos se plantean una serie de cuestiones jurídicas tales como qué recursos debió plantear, si está planteado en plazo, quiénes deben y pueden intervenir en este proceso, derechos fundamentales que podrían invocarse como vulnerados, consecuencias de no referir en el recurso la especial trascendencia constitucional, qué podría aducirse para justificar aquella, incidencia de la querella criminal interpuesta contra la autoridad administrativa que desestimó su pretensión, posible extensión de efectos de la sentencia de amparo si fuera estimatoria y, finalmente, efectos posibles si se tramita el recurso de amparo siendo una ley la que prohíbe el aplazamiento de ejercicios en pruebas selectivas en situaciones como la que le ocurrió a la recurrente.

Palabras claves: proceso selectivo de funcionario público; derecho de libertad religiosa; educación; recurso contencioso-administrativo; recurso de amparo.

Julio Galán Cáceres
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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 215 (diciembre 2018)

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Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia

El presente caso práctico se plantea en torno a la reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, por una persona que estuvo en situación de detención y, posteriormente, de prisión preventiva, como consecuencia de que fue detenido por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía cuando transportaba en su vehículo 30.011 gramos de una sustancia que dio lugar a un procedimiento penal que finalizó mediante sentencia condenatoria por parte de la Audiencia Provincial. Recurrida dicha sentencia en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, esta dictó sentencia absolutoria. Por ello, solicitó una indemnización de 161.636,41 euros con base en la privación de libertad sufrida. Este Tribunal señaló que de la prueba practicada y en una valoración llevada a cabo en juicio racional y lógico, no pudo estimarse como suficientemente acreditado que la sustancia que portara fuera morfina y tebaína y que, tras varios informes contradictorios, tampoco se pudo acreditar el respeto a la cadena de custodia de la sustancia aprehendida. La reclamación administrativa fue desestimada, en primer lugar en vía administrativa y, posteriormente, en vía contencioso-administrativa. Ante ello, presentó recurso de amparo. En torno a estos hechos, se plantea si se debió de interponer con carácter previo al recurso de amparo el recurso de casación en vía contencioso-administrativa, si no debió instar previamente la declaración de error judicial, si está ejercitada en plazo la reclamación, si tiene alguna trascendencia jurídica que el recurrente interpusiera el recurso de amparo por la vía del artículo 44 y no del 43 de la LOTC, cuál sería la especial trascendencia constitucional en este caso y, finalmente, cómo debería resolverse el referido recurso de amparo constitucional.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial; Administración de Justicia; funcionamiento anormal; prisión preventiva; recurso de amparo constitucional.

Julio Galán Cáceres
Miembro del Cuerpo Jurídico de Defensa
Profesor del CEF.-

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Revista CEFLEGAL. CEF. NÚM. 214 (noviembre 2018)

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