Casos Prácticos Derecho Administrativo

El supuesto plantea cuestiones diferentes surgidas en el ámbito de la actuación administrativa local. En primer lugar, respecto a un contrato de obras, se afronta el ajuste a derecho de la composición de la mesa de contratación, la aptitud legal de dos licitadores, la adjudicación, sin informe previo de la comisión informativa, y, finalmente, el recurso de un contratista que no presentó oferta alguna pero había recurrido, previamente, el pliego del contrato. A continuación, se aborda la cuestión de si debe el ayuntamiento soportar los gastos judiciales producidos en un proceso penal en el que se condenó al alcalde y a la secretaria-interventora. Finalmente, se estudia el ajuste a derecho o no de la enajenación de concesiones de bienes de dominio público.

Palabras claves: Administración local; contrato administrativo de obras; mesa de contratación; recurso contra la adjudicación; dominio público.

Plantea este caso la posible responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en referencia a la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuyo artículo de una ley, referente al impuesto sobre sociedades, fue declarado inconstitucional con posterioridad a que el interesado hubiera ingresado a su favor una cantidad en relación con dicho impuesto. Impugnada la liquidación fue confirmada y, posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que sirvió de base para la liquidación de impuesto. Solicitada reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial, fue denegada en vía administrativa y, en primera instancia, en vía contencioso-administrativa, por lo que acabó interponiendo recurso de casación que estimó su pretensión, pretendiendo la Administración indemnizar al interesado mediante la entrega de un inmueble patrimonial.

Palabras claves: responsabilidad del Estado legislador; inconstitucionalidad posterior de una norma legal; reclamación en concepto de responsabilidad; requisitos; procedimiento; indemnización en especie.

El supuesto práctico se plantea respecto a la legalidad de la enajenación de una finca de la Administración General del Estado, adscrita al ministerio competente en industria, llevada a cabo, en primer lugar, sin la preceptiva declaración de innecesariedad de la misma por el órgano competente y, en segundo lugar, encontrándose la misma ubicada parcialmente dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Igualmente, se plantea la legalidad de unas obras llevadas a cabo en la misma y las incidencias surgidas respecto de un contrato administrativo de servicios con una empresa del ramo para la limpieza y mantenimiento del edificio, tales como la omisión del plazo de garantía, la contraprestación de la Administración permitiendo a la empresa la explotación de un bien de dominio público o la modificación del contrato para unificar las prórrogas previstas en un solo plazo.

Palabras claves: dominio público marítimo terrestre; servidumbre de protección; enajenación de finca de dominio público; procedimiento; contrato administrativo de servicios.

Se plantean en el supuesto práctico problemas derivados, esencialmente, de un contrato administrativo mixto de suministro y servicios en relación con: si es competente para su celebración un organismo vinculado a una agencia estatal; el ajuste a derecho del procedimiento de adjudicación pretendido; la posibilidad de plantear recurso especial en esta materia; si se ha de acceder a información solicitada por otro licitador no adjudicatario, y, finalmente, si las ofertas recibidas se ajustan a derecho o no y en la ejecución del contrato. Para acabar, se plantea la legalidad de un procedimiento sancionador al contratista, resuelto por un organismo de Cuenca, por la extracción continuada de aquella de un pozo subterráneo.

Palabras claves: contrato administrativo; contrato mixto de suministros y servicios; procedimiento de adjudicación; recurso especial en materia de contratación; licitadores.

Encuadrado este caso en las figuras administrativas que sirven de cabecera, expropiación y contrato administrativo, se cuestiona la legalidad de distintas situaciones producidas en las mismas, tales como la existencia de una posible vía de hecho en el procedimiento expropiatorio; la interpretación del silencio de la Administración a la hoja de aprecio realizada por el propietario; la posible ilegalidad de la composición del jurado de expropiación; el rechazo de las ofertas por la mesa de contratación en el contrato de obras; impuestos a pagar por el justo precio; la no motivación de no dividir en lotes el objeto del contrato; el ajuste a derecho de la reversión pedida; la justificación o no del expediente de contratación de urgencia y el posible retraso en el inicio de la ejecución de las obras.

Palabras claves: expropiación; justo precio; contrato de obras; vía de hecho; silencio administrativo.

Gira este supuesto sobre cuestiones de distinta naturaleza jurídica, surgidas en distintos ámbitos del funcionamiento normal de un ayuntamiento. Así, en primer lugar, respecto a un contrato de suministros se plantea el ajuste a derecho del procedimiento utilizado y de la división en lotes del objeto del contrato. En segundo lugar, en relación con un contrato de arrendamiento realizado por un empleado municipal sobre un local del ayuntamiento. A continuación, la legalidad de una notificación en un procedimiento sancionador. Finalmente, el ajuste a derecho de diversos preceptos del nuevo reglamento orgánico municipal aprobado.

Palabras claves: Administración local; contrato administrativo de suministro; contrato privado de arrendamiento; sanciones administrativas; reglamento orgánico municipal.

Se plantean en este supuesto práctico cuestiones jurídicas de diversa índole relacionadas con un bien de carácter de dominio público propiedad de la Administración General del Estado (la viabilidad de su enajenación, un conflicto de atribuciones entre dos ministerios, las circunstancias surgidas de una autorización de uso tanto individual como a favor de una asociación), el acceso o no a la información solicitada por un ciudadano, las peculiaridades de un contrato administrativo de servicios y, finalmente, vicisitudes en un procedimiento de deslinde entre una finca de la AGE y otra, propiedad de un particular.

Palabras claves: dominio público; enajenación; concesión de dominio público; derecho de información; contrato de servicios; procedimiento de deslinde.

El relato de hechos nos plantea diversas vicisitudes jurídicas sobre un contrato de servicios consistente en varios cometidos en relación con el mantenimiento, conservación, reparación y renovación del alumbrado público de varios edificios municipales. Esas cuestiones son, entre otras: naturaleza y régimen jurídico del contrato, órgano de contratación competente, procedimiento de adjudicación que se puede utilizar, publicidad del contrato, formalización y efectos de la subrogación de los trabajadores en su caso, si se llevara a cabo.

Palabras claves: contrato administrativo de servicios; órgano de contratación; valor estimado; publicidad; procedimiento de adjudicación; formalización; modificación del contrato.

Este supuesto práctico se plantea como consecuencia de un expediente sancionador instruido contra personal laboral de la Comunidad de Madrid por presunta infracción grave recogida en el convenio laboral que rige las relaciones de dicha Administración con este tipo de personas. Durante la instrucción del mismo, se produce la omisión de trámites esenciales que conducen a la vulneración, entre otros, de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. Finalizado el mismo con resolución sancionadora, impuesta en su grado máximo, la trabajadora presenta demanda ante el Juzgado de lo Social, que deberá estimar la misma y proceder a la declaración de nulidad de la sanción impuesta.

Palabras claves: personal laboral; expediente sancionador; falta grave; omisión de trámites esenciales; aplicación del derecho laboral.

El caso gira sobre distintas cuestiones planteadas, en primer lugar, sobre una expropiación forzosa que afecta a varios inmuebles, cuya beneficiaria es una sociedad anónima, existiendo diversos interesados de diversa naturaleza en el procedimiento expropiatorio. Se plantea, a continuación, la situación de una de las fincas expropiada hacía mucho tiempo, cuya acta de ocupación y pago no se inscribió en el Registro de la Propiedad, pero, en la actualidad, se recoge en el plan general como suelo dotacional ejecutivo. Finalmente, el alcalde de un ayuntamiento solicita información al secretario-interventor sobre una cuestión relativa a una factura electrónica y sobre otra, referida a la posible información a licitadores de un contrato.

Palabras claves: expropiación urgente; interesados en el procedimiento; falta de inscripción en el registro; ordenanza municipal; contratos administrativos.