Casos Prácticos Derecho Administrativo

Se plantean en este supuesto diversas vicisitudes jurídicas en el ámbito de una corporación local. Así, el ajuste a derecho de: un cambio de día de sesión plenaria en contra de lo señalado en el reglamento orgánico acordado por el alcalde y grabación de la sesión; varios contratos menores de suministros con el mismo contratista; la revisión de oficio de la adjudicación de un contrato de servicios en el que, iniciada su ejecución, el contratista fue sancionado por infracción muy grave en matera medio ambiental; el silencio administrativo en un procedimiento de investigación de un bien patrimonial; la elaboración de informes relacionados con el levantamiento de reparo a un funcionario del subgrupo C1; y el acceso a la documentación relativa por los aprobados en una oposición por parte de dos vecinos.

En este caso se plantea la situación de un ciudadano ecuatoriano que tenía una autorización inicial de residencia y trabajo temporal en España pero que, antes de su extinción temporal, es condenado por un delito de robo, acordándose, entonces, la extinción de aquella. Con ocasión de que, posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia emitió un certificado señalando que el condenado había pagado la multa impuesta con carácter sustitutivo y que, por ello, quedaba exento de responsabilidad penal, el interesado solicita, de nuevo, renovación de su autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia por el periodo legal de dos años.

Caso donde se plantean diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con la vida local. En concreto y, en primer lugar, la legalidad de dos Ordenanzas municipales que son recurridas por una asociación vecinal cuestionando su legalidad por la falta del trámite de información pública y por su entrada en vigor con carácter retroactivo. En segundo lugar, la posibilidad y procedimiento para el ascenso, por promoción interna vertical, de dos funcionarios de la Administración Especial. A continuación, la legalidad del Acuerdo del Alcalde ordenando publicar en Internet la actas de los Plenos municipales y, finalmente, el ajuste a derecho de la aprobación de unas Bases aprobadas por el Alcalde y archivo de una solicitud al no aportar una empresa la documentación requerida.

Este supuesto práctico versa sobre distintas vicisitudes jurídicas que giran, en primer lugar, sobre las consecuencias de dos expropiaciones forzosas sobre la misma finca llevadas a cabo por una comunidad autónoma para la construcción de un colegio público para impartir el bachillerato, toda vez que, en la primera, no se procedió a extender el acta de ocupación y pago ni su inscripción en el Registro de la Propiedad hasta bastante tiempo después, lo que dio lugar a que la primera expropiada vendiera la finca a un tercero de buena fe. En las mismas, una entidad local reivindica la competencia para ello. En segundo lugar, sobre un contrato administrativo de obras donde se plantea la posibilidad de delegación de esta competencia, la posibilidad de realizar la obra la propia Administración y una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial por daños causados en la ejecución de la misma. Finalmente, se plantea la incompatibilidad o no entre la titular de una jefatura de servicios y una jefatura de sección ocupada por su cónyuge.

Palabras claves: expropiación forzosa; contrato administrativo de obras; autonomía local; responsabilidad patrimonial de la Administración.

Este caso práctico plantea diversas cuestiones tales como, en primer lugar, la posibilidad y requisitos para la concesión de subvenciones por un ayuntamiento a personas/entidades, titulares de pequeñas y medianas empresas locales; en segundo lugar, sobre si, declarado el estado de alarma, es posible la celebración de sesiones normales con restricciones o la celebración por medios electrónicos, y si esta última posibilidad es aplicable a las sesiones de los otros órganos colegiados del ayuntamiento; finalmente, se plantean cuestiones jurídicas sobre un contrato administrativo de servicios, tales como la correcta composición de la mesa de contratación y un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos.

Palabras claves: subvenciones; estado de alarma; sesiones municipales; contrato administrativo de servicios.

En este caso, un parlamento autonómico, ante la necesidad de ampliar su sede y no lograr un acuerdo con los interesados, dicta una ley por la que declara de utilidad pública los inmuebles precisos para la ampliación, sin justificar por qué escogió aquellos. Posteriormente, el Ejecutivo regional dicta un decreto declarando la urgente ocupación de los inmuebles. En la posterior acta de ocupación existe una discrepancia sobre los metros reales de un piso de un inmueble que fundamentó la decisión del jurado que optó, al fijar el justiprecio, por el inferior al real. El Tribunal de lo Contencioso acaba planteando una cuestión de inconstitucionalidad respecto a los dos únicos artículos de aquella ley. Finalmente, pasados 5 años desde la toma de posesión sin iniciarse las obras, se ejerce el derecho de reversión, transcurrido un año desde el aviso a la Administración en este sentido.

Palabras claves: expropiación forzosa; declaración de utilidad pública; urgente ocupación; justiprecio; reversión de expropiación.

El supuesto plantea cuestiones diferentes surgidas en el ámbito de la actuación administrativa local. En primer lugar, respecto a un contrato de obras, se afronta el ajuste a derecho de la composición de la mesa de contratación, la aptitud legal de dos licitadores, la adjudicación, sin informe previo de la comisión informativa, y, finalmente, el recurso de un contratista que no presentó oferta alguna pero había recurrido, previamente, el pliego del contrato. A continuación, se aborda la cuestión de si debe el ayuntamiento soportar los gastos judiciales producidos en un proceso penal en el que se condenó al alcalde y a la secretaria-interventora. Finalmente, se estudia el ajuste a derecho o no de la enajenación de concesiones de bienes de dominio público.

Palabras claves: Administración local; contrato administrativo de obras; mesa de contratación; recurso contra la adjudicación; dominio público.

Plantea este caso la posible responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en referencia a la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuyo artículo de una ley, referente al impuesto sobre sociedades, fue declarado inconstitucional con posterioridad a que el interesado hubiera ingresado a su favor una cantidad en relación con dicho impuesto. Impugnada la liquidación fue confirmada y, posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que sirvió de base para la liquidación de impuesto. Solicitada reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial, fue denegada en vía administrativa y, en primera instancia, en vía contencioso-administrativa, por lo que acabó interponiendo recurso de casación que estimó su pretensión, pretendiendo la Administración indemnizar al interesado mediante la entrega de un inmueble patrimonial.

Palabras claves: responsabilidad del Estado legislador; inconstitucionalidad posterior de una norma legal; reclamación en concepto de responsabilidad; requisitos; procedimiento; indemnización en especie.

El supuesto práctico se plantea respecto a la legalidad de la enajenación de una finca de la Administración General del Estado, adscrita al ministerio competente en industria, llevada a cabo, en primer lugar, sin la preceptiva declaración de innecesariedad de la misma por el órgano competente y, en segundo lugar, encontrándose la misma ubicada parcialmente dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Igualmente, se plantea la legalidad de unas obras llevadas a cabo en la misma y las incidencias surgidas respecto de un contrato administrativo de servicios con una empresa del ramo para la limpieza y mantenimiento del edificio, tales como la omisión del plazo de garantía, la contraprestación de la Administración permitiendo a la empresa la explotación de un bien de dominio público o la modificación del contrato para unificar las prórrogas previstas en un solo plazo.

Palabras claves: dominio público marítimo terrestre; servidumbre de protección; enajenación de finca de dominio público; procedimiento; contrato administrativo de servicios.

Se plantean en el supuesto práctico problemas derivados, esencialmente, de un contrato administrativo mixto de suministro y servicios en relación con: si es competente para su celebración un organismo vinculado a una agencia estatal; el ajuste a derecho del procedimiento de adjudicación pretendido; la posibilidad de plantear recurso especial en esta materia; si se ha de acceder a información solicitada por otro licitador no adjudicatario, y, finalmente, si las ofertas recibidas se ajustan a derecho o no y en la ejecución del contrato. Para acabar, se plantea la legalidad de un procedimiento sancionador al contratista, resuelto por un organismo de Cuenca, por la extracción continuada de aquella de un pozo subterráneo.

Palabras claves: contrato administrativo; contrato mixto de suministros y servicios; procedimiento de adjudicación; recurso especial en materia de contratación; licitadores.