Casos Prácticos Derecho Administrativo

Este supuesto plantea diversas cuestiones, en primer lugar, relativas a un procedimiento sancionador, en concreto, respecto a si el denunciante puede ser interesado y sobre si se produjo la caducidad o no del procedimiento y, en segundo lugar, en relación a un contrato de servicios docentes planteándose, entre otras, interrogantes respecto a su naturaleza, requisitos para ser contratista, modificación, subcontratación, publicidad, aplicación del resto de normas relativas a los contratos administrativos, si es preciso nombrar a un responsable del contrato, si debe expedir factura quien imparte el curso o si se aplican las reglas sobre incompatibilidad.

Este supuesto nos plantea distintas cuestiones jurídicas que tienen que ver con problemas planteados, en primer lugar, con un procedimiento de deslinde puesto en marcha por un ayuntamiento; en segundo lugar, la posibilidad de transformación de un ente público institucional en otra modalidad; en tercer lugar, el ajuste a derecho de la creación de comisiones especial de asesoramiento y de la contratación de una persona, que es concejal, con la condición de laboral y, finalmente, la concurrencia de una posible causa de prohibición para contratar en la enajenación de un bien patrimonial y el ajuste a derecho de la adjudicación del bien en razón a la persona compradora.

El presente supuesto práctico gira en torno a cuestiones jurídicas derivadas, en primer lugar, del ajuste a derecho de la decisión de una alcaldesa de un ayuntamiento para realizar dos contratos menores de obras consistente en perforación y sondeos en diferentes partes de un mismo parque público y con igual finalidad, por un valor estimado de 39.999 €, respectivamente. En segundo lugar, se plantea si la ayuda prestada por la comunidad autónoma a ese ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvención sujeta a las prescripciones de la Ley 38/2008, General de Subvenciones y, si es así, el posible incumplimiento por parte de la corporación respecto a las obligaciones a que se comprometió. Finalmente, en tercer lugar, la alcaldesa solicita informe al secretario de la corporación sobre si es posible por parte del ayuntamiento minorar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las personas físicas empadronadas en el municipio articulándose mediante un sistema de subvenciones.

Este supuesto versa sobre varias cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con un proceso contencioso-administrativo y, finalmente, una consulta sobre el ejercicio de derecho de representación sindical. Así, por una parte, los recursos presentados contra la aprobación provisional de un plan general de ordenación urbana, en concreto la legitimación y la procedencia del recurso, y, por otra parte, la aprobación definitiva del mismo con las incidencias surgidas en el procedimiento contencioso tramitado que se exponen en el relato de hechos. Para finalizar, se plantea la posibilidad de que un funcionario, que es miembro de la junta de personal, en situación de incapacidad laboral transitoria, pueda seguir ejerciendo sus funciones de representación y varias cuestiones sobre un contrato privado de la Administración y un contrato administrativo.

Este caso plantea diversas cuestiones jurídicas que se producen en un organismo autónomo estatal. Así, en primer lugar, si es posible la subsanación de una oferta, en una licitación electrónica, presentada presencialmente. En segundo lugar, si determinados negocios jurídicos se someten o no a la Ley 9/2017. En tercer lugar, el ajuste a derecho de una subcontratación en una subvención y si las notificaciones de dos resoluciones sancionadoras fueron conforme a derecho. En cuarto lugar, el plazo del silencio para la caducidad en un procedimiento de reintegro contra un funcionario y, en quinto lugar, si se agotó la vía judicial previa ante un recurso de amparo. Finalmente, las consecuencias de la omisión del trámite de información pública en el procedimiento de modificación del objeto social de una entidad pública empresarial.

Este supuesto se plantea en torno a un contrato administrativo de servicios tramitado electrónicamente. En el mismo se solicita calcular su valor estimado y precio de licitación e informar sobre el órgano competente para su celebración; procedimiento adecuado de adjudicación; plazo para su publicación y presentación de ofertas y el análisis del ajuste a derecho del plazo fijado para su formalización. Otras cuestiones a resolver son la posible incompatibilidad de un concejal para ser miembro de la Mesa de Contratación; información la posible subrogación de trabajadores y, finalmente, el ajuste a derecho del desistimiento del contrato, tras su adjudicación, acordado por el Órgano de Contratación, por falta de informe preceptivo.

El presente supuesto plantea diversas cuestiones jurídicas derivadas del ajuste a derecho de: dos contratos de servicios para la defensa de la Administración que recae en el mismo letrado y de un arrendamiento de local patrimonial adjudicado directamente y una venta directa de un bien patrimonial que tenía arrendado a una sociedad anónima participada, en un 60 % del capital social, por un concejal del ayuntamiento, con dedicación exclusiva y que forma parte de la Junta de Gobierno Local. Asimismo, se plantea la reclamación de un viandante por caída en la calle y la solicitud del alcalde pidiendo informe al secretario-interventor sobre diversas cuestiones que constan en el relato de hechos.

Este caso se plantea en torno a dos procedimientos de expropiación forzosa de dos locales incoados por un Ayuntamiento, uno de los cuales es de propiedad particular y el otro de la Administración General del Estado, que tiene allí una oficina de información ciudadana. Ambos fueron tramitados por el procedimiento de urgencia. Con independencia de si el pleno era o no competente para esta declaración de urgencia en el primero de ellos y la actuación de un concejal como secretario de la corporación, el relato de hechos poniendo de manifiesto continuas ilegalidades que provocan la revisión de oficio del primer procedimiento. Respecto al segundo, igualmente, se producen desajustes a derecho valorándose las consecuencias de las mismas. Finalmente, se plantean cuestiones jurídicas derivadas de un contrato de obras y de otro de suministro. Finalmente, con ocasión de la transmisión de un puesto en el mercado de abastos se dejaron deudas impagadas en recaudación ejecutiva por el IBI.

Este supuesto se centra en el análisis de las consecuencias de que una exconsejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que, tras cesar en el cargo, opta por una compensación económica mensual durante dos años con la obligación de no realizar actividades incompatibles. Pese a ello, presta servicios profesionales en una empresa sujeta a la supervisión de la CNMC, por lo que la Oficina de Conflicto de Intereses instruye expediente sancionador que finaliza con sanción por incumplimiento de la Ley 3/2015, de regulación de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que es objeto de recurso contencioso-administrativo con los argumentos que se exponen en el relato de hechos y cuya procedencia o no se estudian en el presente caso. Finalmente, la sancionada plantea reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial, por las circunstancias concurrentes en la publicación de aquella en el BOE