Casos Prácticos Derecho Administrativo

Dos son los supuestos en torno a los cuales giran las vicisitudes jurídicas de este caso. En primer lugar, sobre la anulación judicial de un contrato de gestión de servicios y sus efectos y un posterior contrato de concesión de servicios, con el mismo objeto, imponiendo al contratista en el Pliego la obligación del futuro adjudicatario de abonar al Ayuntamiento de un canon o aportación inicial que tendrá carácter de ingreso afectado en la contabilidad pública para hacer frente a operaciones de capital, por un importe equivalente al valor de los activos que están pendientes de amortizar del anterior contrato. En segundo lugar, declarada la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004, produciendo dos efectos: uno, la reclamación al Ayuntamiento de los sujetos pasivos que pagaron el Impuesto y, dos, la reclamación del Ayuntamiento al Estado de aquellas cantidades. Las reclamaciones se fundamentan en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, la primera y, en la del Estado-Legislador, la segunda.

El caso se plantea en torno a diferentes problemas relacionados con un Ayuntamiento tales como, la negativa de la Alcaldesa de convocar un pleno ordinario afirmando que no hay temas que tratar; la grabación de un Pleno y el intento de difusión posterior por Internet; el ajuste a derecho de notificación de un acto; la compatibilidad del pago por licencia de obras y el impuesto de edificación en una calle; el ajuste a derecho de la asistencia a una Comisión Informativa de un médico nombrado miembro honorífico del Ayuntamiento que había sido concejal de la Corporación mucho tiempo y, finalmente, cuestiones derivadas de un contrato de obras (posibilidad de variantes en las ofertas; inadmisión de un recurso y la modificación del contrato acordada por la Administración con oposición del contratista).

Plantea el presente caso práctico preguntas referidas a dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, el derecho de información de unos parlamentarios del Congreso sobre ciertos gastos de personal recogidos en los Presupuestos Generales del Estado; el órgano competente para resolver la misma; normativa aplicable y recurso contencioso interpuesto frente a la contestación, entre otras cuestiones y, por otra parte, si se vulneró el derecho a la integridad moral reconocido en el art.15 de la Constitución de una funcionaria que fue trasladada a un departamento administrativo dirigido por una persona que fue denunciada por presunto delito de falsedad documental por aquella cuando se encontraba en anterior destino, cuyo Jefe de Área era aquél y, posteriormente, se la destina al mismo Departamento, que ahora dirige el denunciado y condenado.

Este supuesto plantea diversas cuestiones, en primer lugar, relativas a un procedimiento sancionador, en concreto, respecto a si el denunciante puede ser interesado y sobre si se produjo la caducidad o no del procedimiento y, en segundo lugar, en relación a un contrato de servicios docentes planteándose, entre otras, interrogantes respecto a su naturaleza, requisitos para ser contratista, modificación, subcontratación, publicidad, aplicación del resto de normas relativas a los contratos administrativos, si es preciso nombrar a un responsable del contrato, si debe expedir factura quien imparte el curso o si se aplican las reglas sobre incompatibilidad.

Este supuesto nos plantea distintas cuestiones jurídicas que tienen que ver con problemas planteados, en primer lugar, con un procedimiento de deslinde puesto en marcha por un ayuntamiento; en segundo lugar, la posibilidad de transformación de un ente público institucional en otra modalidad; en tercer lugar, el ajuste a derecho de la creación de comisiones especial de asesoramiento y de la contratación de una persona, que es concejal, con la condición de laboral y, finalmente, la concurrencia de una posible causa de prohibición para contratar en la enajenación de un bien patrimonial y el ajuste a derecho de la adjudicación del bien en razón a la persona compradora.

El presente supuesto práctico gira en torno a cuestiones jurídicas derivadas, en primer lugar, del ajuste a derecho de la decisión de una alcaldesa de un ayuntamiento para realizar dos contratos menores de obras consistente en perforación y sondeos en diferentes partes de un mismo parque público y con igual finalidad, por un valor estimado de 39.999 €, respectivamente. En segundo lugar, se plantea si la ayuda prestada por la comunidad autónoma a ese ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvención sujeta a las prescripciones de la Ley 38/2008, General de Subvenciones y, si es así, el posible incumplimiento por parte de la corporación respecto a las obligaciones a que se comprometió. Finalmente, en tercer lugar, la alcaldesa solicita informe al secretario de la corporación sobre si es posible por parte del ayuntamiento minorar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las personas físicas empadronadas en el municipio articulándose mediante un sistema de subvenciones.

Este supuesto versa sobre varias cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con un proceso contencioso-administrativo y, finalmente, una consulta sobre el ejercicio de derecho de representación sindical. Así, por una parte, los recursos presentados contra la aprobación provisional de un plan general de ordenación urbana, en concreto la legitimación y la procedencia del recurso, y, por otra parte, la aprobación definitiva del mismo con las incidencias surgidas en el procedimiento contencioso tramitado que se exponen en el relato de hechos. Para finalizar, se plantea la posibilidad de que un funcionario, que es miembro de la junta de personal, en situación de incapacidad laboral transitoria, pueda seguir ejerciendo sus funciones de representación y varias cuestiones sobre un contrato privado de la Administración y un contrato administrativo.

Este caso plantea diversas cuestiones jurídicas que se producen en un organismo autónomo estatal. Así, en primer lugar, si es posible la subsanación de una oferta, en una licitación electrónica, presentada presencialmente. En segundo lugar, si determinados negocios jurídicos se someten o no a la Ley 9/2017. En tercer lugar, el ajuste a derecho de una subcontratación en una subvención y si las notificaciones de dos resoluciones sancionadoras fueron conforme a derecho. En cuarto lugar, el plazo del silencio para la caducidad en un procedimiento de reintegro contra un funcionario y, en quinto lugar, si se agotó la vía judicial previa ante un recurso de amparo. Finalmente, las consecuencias de la omisión del trámite de información pública en el procedimiento de modificación del objeto social de una entidad pública empresarial.

Este supuesto se plantea en torno a un contrato administrativo de servicios tramitado electrónicamente. En el mismo se solicita calcular su valor estimado y precio de licitación e informar sobre el órgano competente para su celebración; procedimiento adecuado de adjudicación; plazo para su publicación y presentación de ofertas y el análisis del ajuste a derecho del plazo fijado para su formalización. Otras cuestiones a resolver son la posible incompatibilidad de un concejal para ser miembro de la Mesa de Contratación; información la posible subrogación de trabajadores y, finalmente, el ajuste a derecho del desistimiento del contrato, tras su adjudicación, acordado por el Órgano de Contratación, por falta de informe preceptivo.

El presente supuesto plantea diversas cuestiones jurídicas derivadas del ajuste a derecho de: dos contratos de servicios para la defensa de la Administración que recae en el mismo letrado y de un arrendamiento de local patrimonial adjudicado directamente y una venta directa de un bien patrimonial que tenía arrendado a una sociedad anónima participada, en un 60 % del capital social, por un concejal del ayuntamiento, con dedicación exclusiva y que forma parte de la Junta de Gobierno Local. Asimismo, se plantea la reclamación de un viandante por caída en la calle y la solicitud del alcalde pidiendo informe al secretario-interventor sobre diversas cuestiones que constan en el relato de hechos.