Legislación en Tramitación

La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado en su sesión del 27 de julio de 2017 el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Una vez debatidos y votados en Comisión, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, el texto continúa su tramitación en el Senado.

La Comisión ha aprobado el informe de la ponencia, que ya incorpora enmiendas acordadas por los grupos, con 20 votos a favor y 17 abstenciones. En el debate y votación de este jueves ha salido adelante por unanimidad un texto presentado y firmado por todos los grupos en relación con la disposición adicional séptima.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.

El Anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada. Existirá, además, la obligación de informar sobre determinadas cláusulas y los riesgos asociados, de los escenarios posibles en contratos a tipos de interés variable y de los gastos desglosados asociados a la firma del contrato. En un Reglamento posterior se aprobará un modelo estándar de contrato para uso voluntario. Se refuerza, por último, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor.

Estarán compuestas por profesionales independientes de reconocido prestigio y deberán rendir sendos informes finales en el plazo de seis meses

El Consejo de Ministros de 10 de febrero, ha autorizado la creación de las dos Comisiones de Expertos que revisarán los modelos de financiación autonómica y de financiación local, con el objetivo de dar un fuerte impulso al proceso de actualización de los actuales sistemas de financiación.

Entre los acuerdos adoptados por la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, se consensuó el relativo a la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica, donde las Comunidades Autónomas son una parte esencial.

La misión de ambas Comisiones será la revisión y análisis de ambos sistemas para la formulación posterior de dos nuevos modelos que se fundamenten en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 9 de febrero de 2017, una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido el 6 de febrero con la presidenta, Victoria Ortega, y otros representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para abordar diferentes cuestiones del ámbito profesional de este colectivo y analizar los retos de futuro de la Justicia para promover desde la escucha y el diálogo las reformas que contribuyan a la mejora de este servicio público.

Sobre la mesa han estado las principales iniciativas y proyectos normativos del Ministerio de Justicia para esta legislatura, como la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que mejorará los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará al fiscal la dirección de la fase de investigación. El ministro ha recalcado que ambas materias se abordarán en los trabajos de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia que se creó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, comunica que el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia, durante 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en la sede del Ministerio con Anna González, viuda de Óscar Bautista, ciclista que murió arrollado por un camión en octubre de 2013. González le ha entregado las más de 180.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, con las que se solicita la reforma de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido el 5 de diciembre a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante la que se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que tendrá como principal novedad el papel protagonista del Ministerio Fiscal como director de la fase de investigación de las causas, donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías.

Esta nueva norma regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso. Se trata así de actualizar una norma del siglo XIX que ha sido modificada en múltiples ocasiones y ahora con esta nueva versión propiciaría un servicio público de la Justicia más ágil a través de un proceso penal adaptado a las exigencias actuales.