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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha reunido el martes 12 de febrero con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y le ha entregado un escrito en el que formula varias recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.

La oficina del Defensor del Pueblo tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones dirigidas a modificar sustancialmente el sistema de tasas vigentes.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes día 13, con 333 votos a favor y una abstención, la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, impulsada la pasada legislatura a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Esta proposición de ley pasa a continuar su tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad, junto al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre), que está actualmente en fase de ponencia.

La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

Ante la cuestión planteada de la Aplicabilidad del artículo 2.e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, a los recursos de apelación y casación contra autos, la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante de 10 de diciembre de 2012 (DGT V2329-12), informa lo siguiente:

El artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE del 21) establece, como uno de los actos procesales constitutivos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, “la interposición de recursos contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Su objetivo es mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.

El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje prioritario de actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización. De esta manera, se pretende corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, con cerca de cuatro mil cooperativas y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que da empleo directo a 100.000 trabajadores. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.

Hay novedades en el proyecto de ley, defendido ante el Pleno por la ministra de Fomento, Ana Pastor, que tiene como objetivo fundamental el flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio.

Al parecer, el PP ha introducido, entre otras, una enmienda en el proyecto, que serviría para que los arrendadores puedan conocer antes de meter a nadie en su vivienda o local, si el futuro inquilino ha sido en otra ocasión mal pagador. Se pone en marcha así, un registro donde se incluirán todos los inquilinos condenados por morosos en sentencia firme.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ley que suspende el artículo 112 y, parcialmente, el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

Con esta medida se paraliza el trámite que la Ley en vigor prevé para la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de que la próxima renovación, prevista para el próximo 24 de septiembre, se realice según lo previsto en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial analizado el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha decidido no prorrogar el acuerdo adoptado el 1 de noviembre de 2012 de imponer restricciones sobre las ventas en corto, que se impuso al amparo del artículo 85.2 j) de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores y del artículo 20 del Reglamento (UE) nº 236/2012, con el procedimiento establecido por la ESMA, y que vencía el 31 enero de 2013, al haber remitido los hechos y circunstancias que motivaron la adopción del acuerdo.

Por lo pronto, y acompañando la polémica de este tipo de medidas de prohibición, ayer la bolsa perdió en su selectivo del IBEX el 2,45%, si bien otros expertos consideran necesario levantar dicho veto, tal y como se hecho en el resto de Europa, y esperan que la volatilidad en la bolsa solo duren unas pocas sesiones.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado el 30 de enero en el Congreso una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y proteger a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de la crisis.

El anuncio se ha producido durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, que han sido rechazadas. El ministro De Guindos ha realizado una oferta de diálogo a todos los grupos parlamentarios con el objetivo de que la futura ley "sea un reflejo lo más fiel posible de las distintas sensibilidades sociales".

Las reformas se presentarán como enmiendas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley y, en principio, afectarán a la Ley Hipotecaria, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de medidas adicionales de prudencia financiera y de mejora del Código de Buenas Prácticas que el Gobierno puso en marcha en marzo de 2012.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de enero actual, ha acordado admitir a trámite, además del recurso de inconstitucionalidad número 191-2013, promovido por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, contra el apartado nueve del artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, también admite el recurso de inconstitucionalidad número 349-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el mismo apartado de la misma norma.

Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso –18 de enero de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros (la publicación se ha producido en el BOE de 30 de enero de 2013).

I. NECESIDAD DE LA REFORMA

• Es una reforma obligada:
  
  
  • Recomendaciones del Consejo de la UE en el contexto del Semestre Europeo;
  • Reforma recomendada por distintos Organismos Internacionales (FMI, OCDE)
  • Compromiso adquirido por el gobierno de España (Programa Nacional de Reformas, Estrategia Española de Política Económica).
    
    
• Es una reforma necesaria, para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario.
• Situación de partida:
  
  
  • Regulación excesiva, obsoleta (muchas normas preconstitucionales) y conflictiva (entre profesionales).