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Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado hoy en el Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno pasa por "introducir eficacia y claridad" en el procedimiento para la concesión de la nacionalidad española mediante la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos en la prueba de integración que realizan los encargados de los Registros Civiles.

En este sentido, recordó lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que dice que "la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales españoles, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo y estructura familiar".

El Ministro de Justicia se ha reunido hoy con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, para explicarle en qué consisten los tribunales de instancia propuestos por la comisión de expertos que ha abordado la reforma de la Ley de Orgánica del Poder Judicial por encargo del Consejo de Ministros y que afectará previsiblemente por su redistribución a los responsables de las administraciones locales.

La propuesta de la comisión, que va en la línea de iniciativas similares abordadas en legislaturas anteriores, es establecer tribunales de instancia como nuevos órganos judiciales de primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona), no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX conforme a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento.

El Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, comienza hoy la que, se prevé, será una accidentada andadura, a juzgar por la polémica que ha originado.

La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, introduce numerosas modificaciones en las Leyes 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianza de arrendamientos y suministros y 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican diversas normas en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito y otras entidades financieras. Se trata, con ello, de incorporar al marco jurídico español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) al respecto, lo que supone ampliar los requisitos actuales y potenciar un control continuo tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades.

Una vez publicado el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos en el día de ayer, hoy el Boletín Oficial del Estado nos presenta la Resolución por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos.

Con esta última publicación se logra el propósito de dotar a este tipo de entidades de un marco de información financiera útil, en sintonía con el Plan General de Contabilidad y, en consecuencia, con las normas internacionales de información financiera, cuya aplicación sistemática permitirá que los aportantes de fondos, beneficiarios y otros interesados en la actividad desarrollada por estas entidades, puedan conocer la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio.

Las entidades sin fines lucrativos contaban ya, gracias a la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011 (Normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y modelo de plan de actuación de las mismas), con un marco de información financiera útil, en sintonía con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y, en consecuencia, con las normas internacionales de información financiera, cuya aplicación sistemática permite que los aportantes de fondos, beneficiarios u otros interesados en la actividad llevada a cabo por estas entidades, puedan conocer la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio.

En su momento se decidió recoger únicamente las normas específicas de estas entidades, es decir, las que más estrechamente están relacionadas con las actividades realizadas en el cumplimiento de sus fines sin ánimo de lucro. Ahora bien, en todo lo no modificado específicamente por las mencionadas normas de adaptación, estas entidades debían aplicar el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado real decreto.

La defensa del interés del menor en los trámites de adopción, de acogimiento familiar o de tutela por parte del Estado, así como su protección y amparo en casos de violencia de género, son algunos de los pilares fundamentales del nuevo Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) que, junto con la nueva Ley de Fomento del Alquiler, suponen un cambio de modelo en la política de vivienda.

Estas iniciativas tienen una clara vocación social y tienen como objeto satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, facilitando el acceso a una vivienda digna de los sectores de población con menos recursos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha afirmado que este año será el último de la crisis en nuestro país y que 2014 registrará crecimiento económico

Cristóbal Montoro, ha participado en "La Razón de...", que organiza el diario La Razón, donde ha anunciado que la segunda fase del Plan de Proveedores, que se pone en marcha en 2013, estará ligado al cumplimiento del pago a 30 días por parte de todas las administraciones públicas.

Montoro ha incidido durante este encuentro en que 2013 será el último año de la crisis económica en nuestro país. Como dato importante para ver el fin de la crisis y el crecimiento económico el año próximo ha destacado el superávit por cuenta corriente en España, que ha superado el 3% del PIB.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado el 2 de abril el acuerdo de encomienda de gestión por la que los notarios, en su condición de funcionarios públicos, realizarán gratuitamente las actas de las juras o promesas necesarias para adquirir la nacionalidad española por residencia.

Esta encomienda forma parte del Plan Intensivo de Tramitación que el Ministerio de Justicia puso en marcha en junio de 2012 para tramitar las 420.000 solicitudes pendientes que se encontró al comienzo de la legislatura y que llevaban acumuladas hasta cuatro años.

El primer paso para desatascar estos expedientes fue un primer acuerdo con los registradores de la propiedad para encargarles la tramitación de las solicitudes pendientes que entonces se tardaba entre dos y tres años en obtener. La jura o promesa, de la que se encargarán los notarios, es el paso previo imprescindible para obtener la nueva documentación antes de que los documentos sean inscritos en los registros civiles.