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Tras su salida el año pasado de la denominada 'Watch List', el 1 de mayo la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USTR) ha ratificado la permanencia de España fuera de la lista de países que no defienden de forma efectiva los derechos de los creadores en Internet.

Ante este hecho, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha declarado que "independientemente de la decisión, en este caso positiva, de la Cámara de Comercio norteamericana, el Gobierno va a continuar con la 'hoja de ruta' de actuaciones previstas en aras de su compromiso con los autores y creadores".

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas 2013 y de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2013-2016. Ambos documentos recogen la estrategia de política económica para los próximos años. En ellos se hace un diagnóstico de la situación que atraviesa la economía española, se establece un escenario realista para los próximos años y se fijan las medidas a adoptar. El objetivo es perseverar en la corrección de los desequilibrios y sentar las bases de la recuperación y la creación de empleo, que llegarán en 2014.

A través de sendas notas de prensa, se han dado a conocer los acuerdos alcanzados en las Juntas de Jueces de Primera Instancia de los partidos judiciales de Barcelona y Valencia, que a continuación se exponen:

Los magistrados de los juzgados de primera instancia de Barcelona celebraron el pasado 4 de abril una junta para unificar criterios en relación a la problemática derivada del tratamiento de las cláusulas abusivas que se resuelven en los tribunales de justicia. Algunas de las conclusiones alcanzadas son:

Con fecha 20 de abril de 2013, ha tenido entrada en el Senado, el texto aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. De tramitación urgente, el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 24 de abril y se prevé que la ley esté en marcha para junio de este año.

La Ley consta de cuatro capítulos:

• El primero de ellos prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.
  

Según se ha conocido hoy, a través de una nota de prensa difundida por el propio Tribunal Supremo, el próximo 9 de mayo, la Sala de lo Civil, que preside D. Juan Antonio Xiol Ríos y se dedica a los asuntos de Derecho privado, se va a reunir en pleno, es decir, con todos sus miembros, para conocer de un recurso extraordinario por infracción procesal y de un recurso de casación sobre un asunto que tiene que ver con participaciones preferentes.

El pleito que ha llegado a la Sala se inició mediante la demanda de un matrimonio contra Banco de Santander, S.A. en la que se pedía al Juez que declarase que la venta de varios

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores.

Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Anteproyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.

Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado hoy en el Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno pasa por "introducir eficacia y claridad" en el procedimiento para la concesión de la nacionalidad española mediante la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos en la prueba de integración que realizan los encargados de los Registros Civiles.

En este sentido, recordó lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia que dice que "la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales españoles, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo y estructura familiar".

El Ministro de Justicia se ha reunido hoy con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, para explicarle en qué consisten los tribunales de instancia propuestos por la comisión de expertos que ha abordado la reforma de la Ley de Orgánica del Poder Judicial por encargo del Consejo de Ministros y que afectará previsiblemente por su redistribución a los responsables de las administraciones locales.

La propuesta de la comisión, que va en la línea de iniciativas similares abordadas en legislaturas anteriores, es establecer tribunales de instancia como nuevos órganos judiciales de primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona), no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX conforme a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento.

El Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, comienza hoy la que, se prevé, será una accidentada andadura, a juzgar por la polémica que ha originado.

La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, introduce numerosas modificaciones en las Leyes 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianza de arrendamientos y suministros y 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican diversas normas en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito y otras entidades financieras. Se trata, con ello, de incorporar al marco jurídico español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) al respecto, lo que supone ampliar los requisitos actuales y potenciar un control continuo tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades.