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Ayer, 1 de septiembre, entró en vigor el Real Decreto que regula el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el BOE publicaba el sábado, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Se trata de una reforma estructural que persigue mejorar la eficacia, la seguridad jurídica y la transparencia en el funcionamiento de los mercados y sectores productivos para garantizar así la competencia efectiva. Al mismo tiempo, se produce un importante ahorro de costes, ya que tanto el número de consejeros, como de cargos directivos y sedes, se reduce como consecuencia de la fusión de cinco organismos en la nueva CNMC.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que la futura ley de Colegios y Servicios Profesionales, cuyo anteproyecto ha estudiado el último consejo de Ministros, se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas y responde a las recomendaciones específicas que la Unión Europea y otros organismos internacionales hicieron a España.

En su opinión, la norma supone un paso fundamental en la liberalización y modernización de un sector competitivo, extremadamente relevante y dinamizador de la economía española. En este sentido ha destacado que los servicios profesionales representan casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del universitario.

De Guindos ha avanzado que, según los cálculos de su Departamento, el impacto de la norma en el crecimiento potencial de la economía será de algo más de 7.000 millones de euros.

En su reunión de hoy, 1 de agosto de 2013, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,50 %, el 1,00 % y el 0,00 % respectivamente.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España y convertirá al Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España. La norma pretende reforzar el papel de la Cámaras como instrumentos para la internacionalización de las empresas españolas en colaboración con la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

La Cámara de Comercio de España será una herramienta fundamental para abrir puertas a las Pymes en los mercados internacionales. Con esta nueva norma se mejorará sensiblemente el funcionamiento y la coordinación de la presencia institucional comercial de España en el exterior.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió 4.384 millones de euros en préstamos a empresas en el primer semestre de 2013. Hay que destacar la evolución positiva y creciente de la concesión de préstamos en lo que va de año, que ha supuesto un incremento del 66% respecto al último semestre de 2012.

Este incremento del volumen de concesión se puso de manifiesto sobre todo en el segundo trimestre de este año, fundamentalmente durante los meses de mayo y junio, en los que se distribuyeron un total de 2.000 millones de euros.

Estos préstamos se destinaron a financiar los proyectos de inversión y necesidades de liquidez de más de 64.000 empresas y autónomos españoles, con una cuantía media de 64.950,94 de euros. Destaca el dato de que un 46,23% de los préstamos concedidos a pymes correspondió a operaciones por cuantía inferior a 20.000 euros.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado esta mañana la nueva edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), que se celebrará en mayo de 2014. En esta ocasión, FICOD se reinventa con nuevos contenidos y líneas de actuación con el objetivo de impulsar el mercado digital y generar más negocio y empleos, por lo que el congreso se convierte también en feria profesional de empresas, punto de encuentro entre emprendedores e inversores y escaparate de la oferta formativa.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha incluido la feria FICOD dentro de las herramientas para cumplir los objetivos de la Agenda Digital para España en el área de economía digital y contenidos digitales.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el respaldo de la gran mayoría de los grupos políticos del parlamento, lo que supone un fuerte impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España.

De esta manera, el Gobierno cumple con uno de sus compromisos electorales y culmina una parte importante de sus reformas estructurales, junto a la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada también hoy por el Congreso.

Con esta nueva ley, fruto del consenso y el diálogo con las cooperativas agroalimentarias de España, las organizaciones profesionales agrarias y las Comunidades Autónomas, se impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante. De esta forma, se contribuye a la sostenibilidad del sector agroalimentario y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en pleno y con el magistrado Francisco Marín Castán como ponente, ha estimado el recurso de casación de un grupo de cooperativistas que pretendían recuperar sus aportaciones, superiores casi todas a 100.000 euros, a una cooperativa de viviendas de la Comunidad de Madrid (Valdebebas).

El Tribunal Supremo ha considerado que el seguro de caución concertado en su día entre la cooperativa y la compañía de seguros demandada amparaba a los cooperativistas, por tratarse de un seguro obligatorio de acuerdo con la Ley 57/1968, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

En consecuencia, se ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimaba la demanda de los cooperativistas y se ha condenado a la compañía de seguros demandada a indemnizarles en las mismas cantidades aportadas, con intereses, por la imposibilidad de que les sean entregadas las viviendas.

La sentencia, acordada por unanimidad, se publicará, una vez redactada y firmada, el próximo mes de septiembre.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

El ritmo acelerado de crecimiento de las exportaciones y, en menor medida, la caída de las importaciones de bienes permitieron a la balanza comercial española rozar el equilibrio en el mes de mayo. El déficit registrado, de 27, 5 millones de euros, contrasta fuertemente con el déficit de 1.925,9 millones del mismo mes de 2012.

Las exportaciones españolas sumaron 20.890, 8 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo mes de 2012 y un 2,4% más que en el mes de abril de 2013. Descontando el efecto de la caída de los precios de las exportaciones, un 0,3%, el comportamiento en términos reales fue mejor, ya que crecieron un 7,7% interanual.

Este comportamiento positivo del sector exterior de la economía española contrasta con las caídas de las exportaciones en el mes de mayo de la zona euro (-2,1%), Alemania (-4,8%), Francia (-3,4%), Italia (-1,5%) o Reino Unido (-1%).

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, con el que se adapta la legislación relativa al matrimonio y las relaciones paterno-filiales a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española. El aspecto más destacado de la nueva norma es que elimina la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la custodia compartida. Para ello se reforma el artículo 92 del Código Civil y se introduce un artículo 92 bis. El objetivo es conseguir un sistema legal sin las rigideces y preferencias por la custodia monoparental del texto actual. Será el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, determine qué régimen es el más adecuado. También será él el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la custodia compartida implique necesariamente una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en periodos iguales.