Legislación

Se publica en el BOE de 6 de octubre el Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que supone la aplicación por parte del Estado de diferentes instrumentos, reformas e inversiones para la consecución de los compromisos de nuestro país para la rehabilitación y mejora del parque de viviendas.

En primer lugar, se introducen nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales. Estas deducciones, que estarán vigentes desde el mismo día de publicación del Real Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicarán sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de septiembre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de septiembre de 2021.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 de julio a 31 de agosto

Se publica en el BOE de 4 de agosto el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de julio de 2021

De Entrada en vigor inmediata (3 de julio), el BOE de 2 de julio publica Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Es de aplicación a los procedimientos penales por delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea, y contiene las normas de aplicación al ordenamiento jurídico español del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, quedando la Ley de Enjuiciamiento Criminal como aplicación supletoria en todo lo no previsto en la misma.

Los Fiscales europeos delegados son competentes en el conjunto del territorio nacional para investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 del mes de junio de 2021.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Esta norma permite la adecuación a las competencias del Estado en materia de patrimonio cultural, en relación con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, adaptándola a las exigencias y los desafíos del siglo XXI.

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

El objetivo del Anteproyecto es incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece una serie de normas para facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la persecución de los comportamientos delictivos y amplía el acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos cuando sea indispensable para alcanzar el éxito de una investigación penal acerca de un delito grave.