Legislación

Se publica la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

De aplicación en todo el territorio nacional, las medidas contempladas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta únicamente serán de aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma. Entre las medidas destacan:

Uso obligatorio de mascarillas.

Las  personas de seis años en adelante quedan obligadas a su uso tanto al aire libre es espacios públicos como en cerrados de uso público, En los medios de transporte, como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio (salvo personas con enfermedades respiratorias). Tampoco será obligatorio en deporte individual al aire libre.

En el BOE de 30 de marzo, se publica la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo por la que se modifican los artículo 570 bis y 598 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

La modificación contempla el supuesto de no haberse producido la renovación en el plazo legalmente previsto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, limitando las decisiones adoptadas por un Consejo saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones.

En el BOE de 24 de marzo, se publica el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y supone la transposición de la Directiva de Servicios (incorporada en el derecho interno a través de la Ley 17/2009 y 25/2009), la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales. Actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz. Organizativamente se apuesta por la modernización en todos los órdenes, comenzando con el uso de las nuevas tecnologías, en un proceso de concurrencia con los avances en la digitalización de la justicia. En cuanto al modo de ejercicio de la profesión se aborda tanto en forma societaria como no societaria, con disposiciones específicas respecto de las sociedades profesionales y multidisciplinares.

El texto cuenta con 141 artículos, una disposición adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y 4 disposiciones finales, sustituyendo al Estatuto actual, en vigor desde el año 2001.

Se publica en el BOE de 25 de marzo, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la norma con 202 votos a favor, 141 votos en contra y 2 abstenciones, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que han quedado incorporados al texto con 198 votos a favor, 142 en contra y 2 abstenciones. La norma, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (es decir, el 25 de junio de 2021), salvo su artículo 17, referente a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor el 26 de marzo de 2021.
Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como "la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios".

El Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, sustituye el actual dispositivo de señalización de peligro V-16, consistente en dos triángulos colocados delante y detrás del vehículo inmovilizado, por un dispositivo luminoso de color amarillo que se colocará en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de marzo de 2021.

El BOE de 13 de marzo y con entrada en vigor ese mismo día, publica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

El alargamiento de la crisis sanitaria aumentan el riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento lo que hace preciso adoptar medidas adicionales de refuerzo de la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una intensa caída de sus ingresos en determinados sectores y ámbitos geográficos lo que supone actuar principalmente en negocios económicamente viables y sectores rentables antes de la pandemia, que contribuirá a asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido productivo y fomentar la competitividad.

Se articula un conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación: tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de balances y recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales.

Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas

En primer lugar, se crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas (con dos compartimentos de 5000+2000 millones), para reducir el endeudamiento, que tendrá carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Con entrada en vigor el 11 de marzo, se publica en el BOE (10 de marzo), el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, que aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, derogando el anterior que regulaba el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, configura la prestación de la asistencia jurídica gratuita consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un servicio público.

El dictamen, que incluye el Informe de la Ponencia y las modificaciones acordadas en Comisión, ha sido aprobado por 19 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el dictamen sobre la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, tras haber rechazado las enmiendas presentadas por los grupos Popular, Vox y Vasco (EAJ-PNV), y por el diputado Ferran Bel, del Partit Demòcrata (PDeCat), integrado en el Grupo Plural. 

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

Los miembros de la Comisión, reunida el martes 2 de marzo, a las 12:30 horas, han dado luz verde al dictamen por unanimidad, con 35 votos favorables. Este texto incluye el Informe de la Ponencia y las correcciones técnicas acordadas en Comisión.