Legislación

El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, publicado en el BOE de 5 de noviembre y con entrada en vigor al día siguiente, tiene como finalidad incrementar el estándar de protección de la seguridad pública frente a las crecientes amenazas que plantea el uso de las nuevas tecnologías.

Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje y en este punto juega un papel decisivo el proceso de transformación digital de la Administración, ya muy avanzado lo que hace necesario tomar medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas; a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 31 del mes de octubre de 2019.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de octubre de 2019.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 al 30 de septiembre de 2019.

El Ministerio de Hacienda ha publicado el 23 de septiembre el Proyecto de Real Decreto XX/2019, por el que se modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El proyecto está en el trámite de información pública y el Órgano proponente ha sido la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La fecha límite para la presentación de aportaciones es el 30 de septiembre de 2019 (Tramitación de urgencia).

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de septiembre de 2019.

Se publica en el BOE de 4 de septiembre de 2019, la Instrucción de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifico entre otras normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en materia de sujetos obligados, con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 de julio al 31 del mes de agosto de 2019.

La utilización de medios electrónicos en esta tramitación es obligatoria desde este 1 de agosto.

El Ministerio de Justicia, a través del director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, ha emitido la Instrucción de 31 de julio de 2019, publicada en el BOE de 1 de agosto, que clarifica los requisitos y características de las plataformas telemáticas para el trámite de información que debe cumplimentarse, con intervención notarial mediante acta, en beneficio de los clientes de las entidades de crédito antes de que estos formalicen sus contratos de préstamo. La utilización de los medios electrónicos previstos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario es obligatoria desde este 1 de agosto tras la entrada en vigor de la norma el pasado 16 de junio.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 del mes de julio de 2019.