Legislación

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, (BOE de 6 de noviembre y de entrada en vigor el día 7), por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La norma tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas y la adopción de algunas de las medidas contempladas por el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, en particular las del apartado segundo, como son determinados beneficios fiscales y medidas en materia de Seguridad Social.

Se aprueba así un primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y CCAA, en función de las necesidades.

Entre las acciones, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 a 31 octubre.

Publicada en el BOE de 19 de octubre, la Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

La transposición de la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Intercambio de Antecedentes Penales (ECRIS), hace necesario incorporar a la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, los artículos 1.4, 1.5 y 1.8 de aquella, relativos respectivamente a petición de antecedentes al Estado de condena para un certificado.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 a 15 octubre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 a 30 septiembre.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de septiembre.

Se publica en el BOE de 5 de agosto de 2024, con entrada en vigor el 6 de agosto, la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

1. Como novedades en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, señalamos las siguientes:

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 16 de julio al 31 de agosto.

El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, publicado en el BOE de 24 de julio, aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo en España. Este sistema está diseñado para proteger a los consumidores, facilitando la resolución extrajudicial de sus reclamaciones contra empresarios, asegurando procedimientos vinculantes y ejecutivos, de conformidad con la normativa europea y nacional.

Fundamento Legal

El artículo 51 de la Constitución Española insta a los poderes públicos a proteger a los consumidores, asegurando procedimientos eficaces. La Ley 26/1984, de 19 de julio, estableció la creación de un sistema arbitral que resolviera con carácter vinculante las reclamaciones de los consumidores, siempre que no concurrieran intoxicación, lesión, muerte ni indicios racionales de delito.

El Sistema Arbitral de Consumo se encuentra regulado en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007. Este sistema se desarrolló inicialmente mediante el Real Decreto 636/1993, derogado posteriormente por el Real Decreto 231/2008, que estuvo vigente hasta la entrada en vigor del actual Real Decreto 713/2024 el 13 de agosto de 2024.

A continuación reseñamos, al objeto de facilitarle la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés civil, mercantil, administrativo y penal publicadas en los distintos boletines oficiales desde el 1 al 15 de julio.