Jurisprudencia

Por lo tanto, en principio, las utilizaciones de un organismo de este tipo con fines industriales o comerciales pueden ser objeto de una patente

La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, dispone que las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales no son patentables.

En su sentencia Brüstle, de 18 de octubre de 2011, el Tribunal de Justicia señaló que el concepto de «embrión humano» comprendía los óvulos humanos no fecundados estimulados para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, puesto que tales óvulos eran aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, al igual que los embriones creados mediante fecundación de un óvulo. La partenogénesis consiste en la activación de un ovocito, sin espermatozoides, mediante una serie de técnicas químicas y eléctricas, y el organismo así creado se denomina «partenote». 

Revoca la sentencia de la Audiencia de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social de activos de Astilleros de Sevilla por 1,6 millones de euros en 2012

La Sala Civil del alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de Astilleros de Sevilla S.A. por 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.

La Audiencia sevillana consideró que el nuevo artículo 84.4 de la Ley Concursal (introducido en 2011) permite la autotutela de la Administración (en este caso la Seguridad Social) para realizar ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de intervención del juez del concurso, y sin sometimiento al plan de liquidación aprobado judicialmente.

• AP. Condena por quebrantar una orden de alejamiento vía Facebook.
• TS. Estafa procesal: simulación de contrato para rebajar un pensión de alimentos.
• TS. Subtipo agravado de agresión sexual  por uso de arma.
• TS. Alcance de la extinción de pago de la deuda aduanera como consecuencia del decomiso de las mercancías ilegalmente introducidas.
• AN. Delitos de uso de información relevante y blanqueo de capitales en relación con la compra de acciones.
• TS. No constituye un límite a la posibilidad de acumulación el que la sentencia haya sido dictada por un tribunal de otro Estado de la Unión Europea.
• TS. Declaración de menores víctimas de delito de abusos sexuales.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado, por mayoría de nueve a seis, desestimar el recurso del preso Kepa Pikabea en el que solicitaba que se tuviera en cuenta el los años de prisión que cumplió en Francia a efectos del tiempo máximo de 30 años que puede estar en cárceles españolas. Habrá un voto particular conjunto de los seis magistrados que han quedado en minoría.

Esta sentencia del alto tribunal, contradice no solo la interpretación de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que ordenó la excarcelación de Potros y Plazaola, sino también la adoptada por el propio Supremo el 13 de  marzo de 2014, cuando se pronunció a favor de descontar los años de condena cumplidos en Francia al etarra Joseba Urrusolo Sistiaga, que aplicaban la Decisión Marco 2008/675/JAI, que el Consejo de Europa aprobó en 2008, para que se acumularan las condenas cumplidas en países de la Unión Europea. a pesar de   la ausencia de efecto directo de las Decisiones Marco no traspuestas al Derecho interno como así señalo la Fiscalía en su recurso.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de un decreto de la Generalitat Valenciana que imponía la autorización previa de los padres

No cabe someter a autorización previa de los padres el derecho de los alumnos a partir de tercero de la ESO a decidir colectivamente la inasistencia a clase. El Supremo ha confirmado la nulidad de un decreto educativo de la Generalitat Valenciana, de 2008, que imponía esa autorización previa de los padres al derecho reconocido en el artículo 8 de la LODE.

El Supremo rechaza el recurso del apoderado de una empresa que fue grabado y señala que “no supuso una intromisión ilegítima en su intimidad personal”

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del apoderado de una empresa que quería que una trabajadora despedida le indemnizara con 3.000 euros por grabarle con el teléfono móvil sin su consentimiento, al considerar lesionado su derecho constitucional a la intimidad.

La Directiva sobre la libre circulación de los ciudadanos de la Unión no permite medidas que, persiguiendo un objetivo de prevención genérica, impidan a los familiares entrar sin visado en el territorio de un Estado miembro.

El Sr. Sean Ambrose McCarthy tiene doble nacionalidad, británica e irlandesa. Está casado con una nacional colombiana con la que tiene una hija. La familia reside desde 2010 en España, donde posee una vivienda. El matrimonio McCarthy posee igualmente una vivienda en el Reino Unido y viaja con regularidad a ese país. La Sra. Helena Patricia McCarthy Rodriguez es titular de una «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión» (en lo sucesivo, «tarjeta de residencia») expedida por las autoridades españolas. Con arreglo a la normativa británica en materia de inmigración, para poder viajar al Reino Unido los titulares de esa tarjeta deben solicitar un permiso de entrada («permiso de familiar EEE»), que tiene una vigencia de seis meses. Ese permiso de familiar puede renovarse, a condición de que su titular acuda en persona a una misión diplomática del Reino Unido en el extranjero y cumplimente un formulario con datos relativos a sus recursos económicos y a su situación profesional.

La sociedad alegó que no tiene relación alguna con los titulares de las tarjetas cuyos datos reclama Hacienda, ya que su función se limita a informatizar y compensar los créditos y débitos de unos bancos con otros

El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda requiera a 4B los nombres de los titulares de sus tarjetas que hayan hecho pagos por importe anual igual o superior a 30.000 euros. Sistema 4B, S.A. había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, de julio de 2012, que refrendó el requerimiento de la Inspección de la Agencia Tributaria, de septiembre de 2008, solicitando a la entidad los datos de quienes hubiesen hecho pagos anuales desde 30.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007.

• TS. Naturaleza y alcance del deslinde administrativo.
• TS. Plazo para solicitar la ejecución de un pronunciamiento de una sentencia extranjera en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 44/2001.
• TS. Derecho al honor y derecho de rectificación.
• TS. Contratos. Aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus.
• TS. Divorcio. Interés del menor. Solicitud por el Ministerio Fiscal de la guarda y custodia compartida. Denegación por la situación de conflicto entre los padres.
• AP. Contratos. Nulidad. Suscripción de acciones de Bankia en fecha próxima a su rescate. Tramitación paralela de acciones penales. Inexistencia de prejudicialidad penal.
• JPI. Derecho al honor y a la propia imagen. Intromisión ilegítima. Publicidad del hecho. Daño moral. Moderación de la indemnización. Comentarios lesivos en Twitter. Eliminación de los comentarios y publicación del fallo en la red social.

• TS. Delimitación o caracterización básica del denominado contrato de excrow.
• TS. Consumidores y usuarios. Resolución de compraventa de vivienda. Cláusulas abusivas. Retención por el vendedor de las sumas abonadas en caso de resolución.
• TJUE. Corresponde al prestamista demostrar que ha cumplido sus obligaciones precontractuales de información y de comprobación de la solvencia del prestatario.
• TCJ. Concursal. Ejecución administrativa iniciada por la TGSS para hacer efectivos créditos contra la masa por deudas posconcursales una vez abierta la liquidación. El art. 84.4 de la Ley Concursal. Competencia del juez del concurso.