Jurisprudencia

La Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 3 de abril de 2012 declara que aún cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ni el art. 31.1 ni el art. 40 BIS ambos de la LPI, son excluyentes de la doctrina del ius usus inocui para permitir el uso inocuo del derecho con arreglo a los propios principios de la LPI, ni menos aún, de la consideración de los arts. 7 CC , 11 LOPJ y 247.2 LEC.

La creación de una página web y su introducción en la red responde a la finalidad de divulgarla en ese medio, lo que se logra principalmente gracias al servicio prestado por buscadores como Google, que necesariamente hacen uso del contenido de la página web y en la medida en que lo hacen con la única finalidad de facilitar la labor de búsqueda y discriminación por el internauta de los resultados obtenidos con su solicitud, llevan a cabo un uso social tolerado de aquellas obras que responde además a la finalidad perseguida por el autor. El servicio del buscador ha de prestarse salvaguardando unas condiciones mínimas que preservan la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición del titular de la obra. En el presente caso el autor, al divulgar su página web sin supeditar su acceso a clave alguna o requisito análogo sabía o debería saber, que su página sería indexada por los motores de búsqueda, pues la indexación es un uso social tolerado y quien crea una página web y la coloca en Internet, lo hace con la finalidad de que sea visitada por el número más elevado posible de usuarios de la red, implicando su actuación cuando menos un consentimiento implícito a la incorporación de su página web a los resultados de los buscadores.

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granollers en fecha 28 de mayo de 2012 ha declarado usurarios los intereses remuneratorios del contrato de préstamo suscrito entre el Banco Santander, S. A. y un particular, declarando la nulidad de tal contrato de conformidad con la Ley de 23 de julio de 1908, y condenando al prestatario a  abonar  al Banco Santander el principal recibido más los intereses legales devengados por dicha cantidad desde la fecha de interposición de la petición de procedimiento monitorio.

El objeto del presente proceso viene constituido por la reclamación de cantidad que el Banco Santander S. A. efectúa frente a un particular en virtud del contrato de crédito suscrito entre ambas partes el 18 de septiembre de 2008 para el que se preveían unos intereses remuneratorios del 18.50%.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha de 14 de junio de 2012, ha declarado que el  art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el art. 83 del RD Leg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva.

En el presente caso, un particular suscribió con Banesto una póliza de préstamo por  importe de 30.000 Euros fijándose un interés de demora del 29%. Ante el impago de las mensualidades el  banco lo dio por vencido anticipadamente, presentando ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell  demanda reclamando las cuotas pendientes más los intereses. Dicho Juzgado declaró de oficio nula la cláusula de los intereses moratorios por considerarla abusiva,  y redujo el interés de demora al 19%.

En un auto fechado el 11 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo declara no haber lugar a la suspensión del Real Decreto 1889/2011 de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, ni de los artículos 13, 15, 20 y 22 del mismo, imponiendo las costas del incidente procesal a la Asociación de Internautas, que es quien interesa la suspensión y recurre el mencionado Real Decreto en el litigio principal.

A la suspensión, que la Asociación de Internautas solicita argumentando que, de permitirse la libre interpretación e instantánea aplicación de las sanciones previstas (cierre de páginas Web) por la disposición impugnada, se estaría dejando en manos de un órgano administrativo, una ilimitada capacidad censora proscrita en el propio artículo 20 de la Constitución, por los perjuicios irreparables que ello acarrea para una sociedad democrática, se opuso el Abogado del Estado planteando, en primer lugar, la falta de legitimación ad causam de la recurrente, pues, en opinión del letrado público,no posee la que se reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios. En segundo lugar, niega las afirmaciones de la solicitante de la suspensión en relación con el cierre de páginas Web porque ni es automático, ni irreversible, y está sujeto a revisión jurisdiccional y, por otro lado, la norma impugnada requiere de actos concretos de aplicación por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, actos susceptibles de medidas cautelares ante la Jurisdicción.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, casa y anula una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 28 de septiembre de 2010 que revoca una sentencia del juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 3 de Vélez Málaga que decidió en un proceso de divorcio atribuir a la madre el uso y disfrute de la planta alta del domicilio familiar y al padre la planta sótano.

Esta Sala ha reiterado que la disposición del art. 96 CC en relación con la atribución del uso del domicilio a los hijos comunes y al cónyuge que ostente su guarda y custodia, está establecida para proteger el interés de los menores, no en interés de ninguno de los cónyuges mientras los niños sean menores de edad. De este modo, la división de un inmueble a los efectos que se pretenden en el presente litigio, tiene como único límite esta protección.

La Sala Primera del Tribunal Supremo en fecha 9 de mayo de 2012, estima un recurso de casación en la modalidad del interés casacional fijando doctrina jurisprudencial en materia de Derecho de Familia en la que existía jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

Los hechos objeto de enjuiciamiento tienen su origen en una demanda de divorcio presentada por el marido en la que pidió que se le atribuyera el uso de la vivienda ocupada por su esposa como clínica odontológica, mientras que le esposa pidió que se le otorgara el uso del referido local.

La sentencia del juzgado de 1ª instancia nº 2 de EL Ferrol de 21 de diciembre de 2009, desestimó la demanda en este punto, argumentando que teniendo en cuenta la situación económica de ambos cónyuges y en garantía de la estabilidad económica de los hijos comunes considera que lo más adecuado es atribuir el uso y disfrute de esa vivienda, que era privativa del marido por reparto en la liquidación de la sociedad de gananciales, a la esposa condicionando esta atribución a que la siga destinando a clínica odontológica.

La Audiencia Provincial de Madrid en fecha 27 de febrero de 2012, revoca en parte el fallo dictado por el Juez de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 12 de noviembre de 2010 y declara la nulidad de determinadas marcas por no haberse explotado durante un periodo de más de cinco años, límite que se establece en la Ley de Marcas.

Estima este tribunal que el caso objeto de litigio no responde a un supuesto de uso de una marca de modo distinto a como el titular la tiene registrada, sino que lo que ocurre, en realidad, es que la demandada tiene registradas diferentes marcas y sólo utiliza alguna de ellas, pero no las otras.

El interés de la demandada en conservar esas marcas que realmente no utiliza en España supone obrar con una finalidad de cobertura y obstaculización para los competidores, a los que estaría impidiendo, entre otras cosas, obtener signos similares a las que ella no está realmente empelando en el tráfico mercantil.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real en fecha 29 de febrero de 2012, afirma en relación a un caso en que consta que un menor fue inscrito como hijo matrimonial de los litigantes, que esa filiación no deja de tener efectos jurídicos, en particular el de alimentos que ahora nos interesa, sino desde que así lo señala una sentencia judicial. Quiere ello decir que la relación paterno- filial deja de ser efectiva desde el momento en que recae sentencia en proceso de impugnación de la filiación en el que establece que no era padre biológico del menor . De este modo, en tanto no se declara que el presunto padre ha resultado no serlo, la obligación de alimentos existe y no resulta de aplicación la institución del cobro de lo indebido, pues hasta entonces los alimentos son debidos. Se trata en definitiva, de un pago realizado a su hijo con sustrato en una obligación legal, y sin que sea posible otorgar efectos retroactivos a tal declaración. Todo pago hecho voluntariamente en favor de los hijos menores se ha de entender consumido en sus propias necesidades y no puede obligarse al alimentista a devolver las pensiones, por suponerse consumidas en necesidades perentorias de la vida. El principio del favor filii sería contrario a la devolución de esos alimentos ya consumidos.

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En una sentencia del pasado 2 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ofrece algunas claves de interpretación del derecho comunitario relativo a la propiedad intelectual sobre programas informáticos, que se recoge, fundamentalmente, en dos directivas, la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (derogada por la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril) y la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

La sentencia resuelve nueve cuestiones prejudiciales, planteadas por los tribunales británicos, que traen causa de un litigio que enfrenta a dos compañías dedicadas al desarrollo de software.

En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Högsta domstolen de Suecia (el Tribunal Supremo sueco) en el marco de un litigio que enfrenta a Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB y Storyside AB con Perfect Communication Sweden AB.

Las primeras cinco sociedades citadas son editores, titulares de los derechos exclusivos de reproducción, edición y puesta a disposición del público de obras en formato de audiolibros, y consideran que se han vulnerado sus derechos exclusivos por la difusión al público de esas obras, sin su consentimiento, mediante un servidor FTP («file transfer protocol», o protocolo de transferencia de archivos), que permite compartir archivos y transferir datos entre ordenadores conectados a Internet. El proveedor de acceso a Internet por medio del que se realizó el supuesto intercambio ilícito de archivos es la otra parte en el proceso, Perfect Communication Sweden AB, también conocida como ePhone.

Así pues, los demandantes solicitaron de un tribunal de primera instancia un requerimiento judicial de comunicación del nombre y la dirección del usuario de la dirección IP desde la que presuntamente se transmitieron los archivos controvertidos, a lo que ePhone se opuso afirmando, entre otros extremos, que el requerimiento solicitado es contrario a la Directiva 2006/24. La solicitud fue estimada, contra lo cual recurrió en apelación ePhone, proponiendo además el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE con objeto de determinar si la Directiva 2006/24 se opone a que los datos relativos a un abonado al que se ha asignado una dirección IP se comuniquen a personas distintas de las autoridades contempladas en dicha Directiva. El tribunal de apelación finalmente anuló el requerimiento y decidió no plantear la cuestión propuesta, cosa a la que sí accedió la Corte Suprema, ante la que se recurrió la sentencia emanada del órgano de apelación.