Jurisprudencia

Jurisprudencia más novedosa de interés civil, mercantil, administrativo y penal.

Protección de consumidores e impugnación de la legalidad de la transmisión de la propiedad a un tercero a raíz de la ejecución forzosa de una hipoteca sobre su vivienda familiar

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-351/23.

Así sucede si se ha privado a esos consumidores de la posibilidad de obtener por vía judicial la suspensión o la nulidad de esa ejecución debido a la existencia de una cláusula abusiva en el contrato que dio lugar a la ejecución, a pesar de los indicios concordantes sobre el carácter potencialmente abusivo de esa cláusula y del hecho de que el adquirente estaba informado de la existencia de dicho procedimiento judicial en el momento de la transmisión de la propiedad.

Un tribunal regional eslovaco conoce de un litigio en el que una sociedad, a la que se ha atribuido una vivienda familiar a raíz de una subasta extrajudicial, trata de obtener el desalojo de los antiguos propietarios del inmueble. Estos son los beneficiarios de un préstamo hipotecario relativo a dicha vivienda. Invocan la vulneración de sus derechos como consumidores y se niegan a abandonar la vivienda. Dicho tribunal preguntó al Tribunal de Justicia si semejante procedimiento judicial está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores1. Asimismo, pregunta si dicha Directiva se opone a una normativa nacional que permite la ejecución forzosa extrajudicial de una garantía hipotecaria a pesar de la existencia de una solicitud de suspensión, basada en una posible cláusula abusiva en el contrato de préstamo. El Tribunal de Justicia responde afirmativamente a estas dos cuestiones.

El TS reitera su jurisprudencia sobre el control de la transparencia y abusividad de la comisión de apertura en las hipotecas tras las sentencias del TJUE

La Sala recuerda que no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha examinado dos cláusulas de comisión de apertura contenidas en sendas escrituras públicas de préstamo hipotecario y declara que son transparentes y no abusivas.

Para apreciar su validez, aplica las pautas de examen expresadas en la sentencia 816/2023, de 29 de mayo, que fueron refrendadas por las sentencias del TJUE de 30 de abril de 2025 (asuntos C-699/23 y C-39/2024). Estas sentencias indicaron de manera expresa que la jurisprudencia española en materia de comisión de apertura es plenamente concorde con la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores.

Jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 1 al 15 de junio de 2025)

Jurisprudencia de Derecho Civil (del 1 al 15 de junio de 2025)

Jurisprudencia de Derecho Administrativo (del 1 al 15 de junio de 2025)

El magistrado instructor del TS dicta auto de procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado y el fiscal provincial de Madrid por delito de revelación de secretos

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dictado hoy auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos en la instrucción desarrollada en los últimos meses.

El auto señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

Jurisprudencia de Derecho Penal (del 16 al 31 de mayo de 2025)

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