Jurisprudencia

El Tribunal Supremo establece límites a la gestación subrogada por ser contraria al orden público.

El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia el 4 de diciembre de 2024 trascendental que rechaza el reconocimiento de una resolución judicial estadounidense que validaba un contrato de gestación subrogada. La Sala de lo Civil considera que esta práctica vulnera el orden público, los derechos fundamentales y los principios constitucionales recogidos en la Constitución Española, incluyendo la dignidad, la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor.

Las sentencias, ponencia del presidente en funciones de la Sala, Pablo Lucas, cuentan con el voto particular del magistrado José Luis Requero Ibáñez.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto que la colocación de la bandera arco iris con motivo de la celebración del 28 de junio en un patio interior de la Diputación Provincial de Valladolid o en el balcón principal del Ayuntamiento de Zaragoza no infringe la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, ni los principios de objetividad y de neutralidad de las Administraciones Públicas.

• La prisión preventiva se aplica al cumplimiento de la pena privativa de libertad y no a la medida de seguridad de internamiento
• Interpretación estricta de las atenuantes, exigiendo pruebas claras y directas de su concurrencia
• Anulación de la sanción administrativa y consecuencias sobre la condena penal del delito contra la seguridad vial
• Prescripción e interrupción de la prescripción de un delito contra la hacienda pública

• La prestadora de servicios de pago, debe asumir la responsabilidad patrimonial que se le exige por el riesgo que el propio sistema de pagos conlleva
• Colgar una pancarta en un colegio para informar de que no paga el alquiler no vulnera su honor
• Cumplimiento de requisitos formales en el recurso de casación
• Fijación de plazo para el uso temporal de la vivienda familiar en supuestos de custodia compartida

• Proyección del principio de equivalencia sobre el artículo 64.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
• Protección de los datos de carácter personal sobre la salud de los deportistas. Control de dopaje
• Ius in officium. Voto telemático erróneamente emitido
• Inconstitucionalidad parcial de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda

• Fijación de precios por el franquiciador en el contrato de franquicia
• Plazo de prescripción de la acción de responsabilidad del administrador social por deudas sociales conforme al art. 367 LSC
• El ejercicio habitual como autónomo de la profesión de actor se incluye en el concepto «empresa» de la Directiva sobre morosidad
• Propiedad intelectual. Normativa nacional contraria a disposiciones del Derecho de la Unión con efecto directo

• Delito de receptación y limitación de la pena señalada al delito encubierto
• Acumulación de condenas con errores al no dar intervención a la defensa técnica del penado
• Desobediencia de orden de agente de autoridad a persona desnuda
• Delito de falsedad de documento oficial de recetas sanitarias

• Competencia subsidiaria de los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren bienes de la herencia. Momento del fallecimiento
• El deber de motivación reforzada de las resoluciones judiciales en un contexto de violencia de género
• Jurisdicción y competencia. Contrato de swap autorizado por decreto del alcalde
• Grabación y publicación de una fotografía obtenida en un restaurante y derecho de información

• Sistema de préstamos de libros de texto e incompatibilidad con los derechos de propiedad intelectual
• Defensa de la competencia y fijación de precios de la distribuidora a las gasolineras
• El criterio de reciprocidad material no puede aplicarse por un Estado miembro como excepción al Derecho de la Unión
• Extensión de la exoneración de deudas a las personas físicas insolventes que no sean empresarios

• El Decreto ley 1/2023 de Aragón es inconstitucional por falta de presupuesto habilitante
• La decisión de caducidad de las concesiones de la DT 1ª LC es competencia exclusiva del Estado
• La habilitación para la entrada y registro y la práctica idónea permite que un hallazgo casual pueda ser utilizado en procedimiento sancionador
• Las compañías de servicio no pueden incluir la factura electrónica sin el consentimiento del consumidor