Jurisprudencia

La Sala de lo Contencioso-administrativo, en sentencia de 17 de mayo de 2016, ha condenado al Estado a pagar a una mujer una indemnización de 60.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva, al considerar que estuvo 542 días encarcelada por un delito de homicidio que no existió.

La mujer fue absuelta por un jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró como único hecho probado que el fallecido se clavó accidentalmente el cuchillo en el pecho durante un forcejeo con la acusada.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en sentencia de 18 de mayo de 2016, ha declarado conforme a Derecho el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes y otros establecimientos accesibles al público.

El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que consideraba que la regulación contravenía la directiva comunitaria en la materia. Dicha Corporación cuestionaba la fórmula establecida para calcular la cuantía de la remuneración a los autores, que tiene en cuenta el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición del servicio de préstamo y el número de usuarios de dicho servicio. Asimismo, reclamaba que debían haberse incluido entre las excepciones no sujetas a remuneración las publicaciones oficiales y las obras de autores que renunciasen a su cobro, tal como sugirió sin éxito el Ministerio de Hacienda.

La Audiencia Provincial de Santander, en su sentencia de 3 de marzo de 2016,  ha condenado a una mujer a indemnizar con 30.000 euros a su exmarido, a quien ocultó durante dieciocho años que no era el padre de su hija.

El tribunal de apelación confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santander, que estimó en parte la demanda del exmarido, que reclamaba 70.000 euros por daños morales así como la devolución de las cantidades abonadas en concepto de pensión por alimentos y el coste de las pruebas de paternidad.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado en su sentencia de 18 de abril de 2016, la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Vigo de retirar la pensión de alimentos a un joven, que tiene en la actualidad 19 años, y que abandonó los estudios a los 14-15. Recuerda la Sala que el Juzgado de Instancia acordó la medida porque el joven se negó a seguir estudiando y “ además, ni trabaja, ni ha trabajado, ni aprendido oficio alguno ni, en suma, se ha interesado por buscar ocupación de tipo alguno”.

• TS. Derecho de la competencia. Medidas cautelares. Solicitud por la SGAE de la suspensión cautelar de la prohibición de cobrar el canon por conciertos
• TS. Responsabilidad patrimonial de una administración pública frente a otra administración
• TS. Defensa de la competencia. Derechos audiovisuales. Retransmisiones deportivas. Cambio legislativo que afecta al volumen de negocio asumible
• TS. Derecho electoral. Objetividad y neutralidad de la Administración. Interdicción de la arbitrariedad. Acuerdo de la Junta Electoral Central en resolución de consultas

• TJUE. El Tribunal de la UE determina que solo la jurisdicción civil sirve para la compensación por cancelación o retrasos en los vuelos
• TS. Necesidad de la firma de todos los fiadores solidarios como presupuesto de validez del contrato de fianza
• TS. Responsabilidad solidaria de los administradores sociales y el requisito de que las obligaciones sociales sean posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución
• TS. Transporte. Distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas en el contrato de seguro. Las expectativas razonables del asegurado
• TS. Marcas. Agotamiento del derecho. Ausencia de competencia desleal. Sentencia. Congruencia. No vinculación del fallo a lo dispuesto cautelarmente  

• TS. Oposición a medidas de protección de menores. Acogimiento familiar preadoptivo. Separación del hermano. Interés del menor
• TS. Privación del derecho de sufragio tras una incapacitación
• TS. Guarda de hecho. Impugnación de actos de disposición efectuados por el guardador de hecho del presunto incapaz
• TS. Responsabilidad civil. Condena a la aseguradora al abono de prótesis futuras e intereses. Inexistencia de condena de cosa futura. In illiquidis non fit mora
• TS. Error judicial. No cabe frente a resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia
• TS. Nulidad del testamento por falta de capacidad mental del testador y la necesidad de probar concluyentemente dicha falta de capacidad
• TS. Derecho al honor. Daños morales. Sociedad de la información. Responsabilidad del prestador de servicios. Conocimiento efectivo 

• AP. Dos años de cárcel un profesor de Zaragoza por colocar cámaras en los baños del colegio donde trabajaba. Requisito de procedibilidad
• TS. Los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción
• TS. El Supremo señala que observar una vivienda con prismáticos sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio
• TS. Requisitos exigibles en toda acumulación de condenas y su flexibilización, en especial la conexidad

El Tribunal explica, en primer lugar, qué es el estado de alarma, tal y como está previsto en el art. 116 de la Constitución. Su declaración corresponde con carácter exclusivo al Gobierno, que de forma inmediata deberá dar cuenta al Congreso de los Diputados. La prórroga, por el contrario, deberá ser aprobada por la Cámara Baja, a petición del Ejecutivo. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES) determina que el primero de ellos (alarma) puede declararse, entre otras situaciones, ante “la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen los servicios mínimos”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV), que ha declarado inconstitucional y nula. La sentencia concluye que la norma impugnada se ha extralimitado de la competencia legislativa que en materia de derecho civil tiene la Comunidad Valenciana (art. 149.1.8 CE). En este caso, no ha demostrado la vigencia, previa a la promulgación de la Constitución, de normas legales o consuetudinarias en materia de régimen económico matrimonial. Ha sido ponente de la resolución la Magistrada Encarnación Roca. Formula voto particular el Magistrado Juan Antonio Xiol.