Jurisprudencia

Confirma la validez de la transcripción de los diálogos mantenidos por una menor con un amigo a través de una red social, a quien contó los abusos sexuales por parte del novio de su madre

En una sentencia de 19 de mayo de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo puntualiza que la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada  con "todas las cautelas", debido a que "la posibilidad de una manipulación forma parte de la realidad de las cosas". En ese sentido, afirma que “el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial el recurso del Gobierno contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan José González Rivas, considera, por un lado, que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto ley; y, por otro, que al determinar la expropiación de determinadas viviendas vacías, invade competencias que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado. La sentencia cuenta con los votos particulares de la Vicepresidenta, Adela Asua, y de los Magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de esta última se ha adherido el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

El Tribunal de Justicia señala que el desistimiento de la víctima frente al único de los participantes domiciliados en el territorio del tribunal que conoce del asunto no afecta, en principio, a la competencia de éste para conocer de los recursos interpuestos contra los demás participantes

El Reglamento Bruselas I (Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) prevé que las personas domiciliadas en un Estado miembro deben ser demandadas en principio ante los tribunales de dicho Estado. Sin embargo, si hay varios demandados, una persona también podrá ser demandada ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo para evitar resoluciones divergentes e inconciliables en diferentes Estados miembros.

La sentencia destaca que los supuestos de retroactividad del Código Civil, cuando operan, lo hacen en beneficio del menor, pero nunca en su perjuicio

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de abril de 2015, ha rechazado la devolución a un hombre de las cantidades satisfechas en concepto de pensión de alimentos a una niña tras declararse la inexistencia de relación filial. La sentencia destaca que los supuestos de retroactividad del Código Civil, cuando operan, lo hacen en beneficio del menor, pero nunca en su perjuicio.

Señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, como por ejemplo pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo

El Tribunal Supremo perfila el delito de blanqueo y precisa que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, como por ejemplo pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo, si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes.

Rechaza el del banco, que se negó a devolver el dinero al haberse ingresado en cuentas distintas a la estipulada en el contrato de afianzamiento

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de abril de 2015, ha confirmado la condena de la entidad bancaria Caja Rural de Burgos a devolver el dinero anticipado por los socios de una cooperativa de viviendas que no se llegaron a construir.

La Sala rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad que se negó a devolver el dinero entregado por los cooperativistas al haberse ingresado en cuentas distintas a la señalada en el contrato de afianzamiento.

A propuesta del Grupo de Trabajo de Jueces de Familia, el Consejo General del Poder Judicial ha venido trabajando en la creación y puesta a disposición de jueces, magistrados, abogados y ciudadanía en general de un instrumento que respondiese a la demanda formulada, recogiendo de un lado las experiencias desarrolladas con anterioridad en esta materia y de otro dotando al nuevo instrumento de unas bases más científicas que reforzasen su legitimidad y utilidad.

Resultado de ese trabajo ha sido la elaboración, de unas Tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, así como de los mecanismos necesarios para su actualización.

El alto tribunal señala que la acción de nulidad se encuentra comprendida en el artículo 12 de la Ley 42/1998

En un litigio sobre el derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles y su financiación, la Sala Primera ha resuelto confirmar la sentencia estimatoria de la demanda dictada en primera instancia y fijar como doctrina jurisprudencial que “en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sujetos a la Ley 42/1998, la nulidad del contrato de financiación, a instancia del adquirente, también está comprendida en el artículo 12 de dicho texto legal”.

En la demanda que dio origen al litigio se instó la nulidad de un contrato de adquisición de un derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, la nulidad del contrato de financiación suscrito con una entidad bancaria para el pago de los derechos de adquisición de los servicios turísticos y la nulidad por accesorio del contrato de vida destinado a garantizar los préstamos concedidos.

• TS. Extinción de un contrato de compraventa de vivienda por mutuo disenso y su repercusión en las cantidades entregadas a cuenta y sus avales de devolución.
• TS. Se casa la sentencia de la Audiencia que reconoció el derecho a la compensación del artículo 1438 CC pese a que el trabajo de la esposa no fue exclusivamente para la casa, sino que también lo hizo fuera de ella.
• TS. Propiedad Horizontal. Junta de propietarios. Acción de nulidad de acuerdos relativos a la colocación de un ascensor. Falta de firmas del presidente y el secretario de la comunidad. Validez.
• TS. Propiedad Horizontal. Reclamación de cuotas comunitarias. Falta de legitimación pasiva del titular registral. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Compraventa. Resolución por incumplimiento. Falta de entrega en plazo de vivienda por no obtención de cédula de habitabilidad. Reclamación de cantidades anticipadas a la aseguradora en lugar de al promotor-vendedor.
• TS. Precario. Desahucio. Inexistencia de comodato. Presunciones.
• AP. Competencia de los tribunales españoles para la declaración de divorcio alimentos y división de bienes de residentes chinos.

• TS. Concurso de acreedores. Acción directa del subcontratista y dinámica concursal.
• TS. Operaciones prohibidas y sanción de nulidad del contrato de seguro de vida que carezca de base técnica actuarial.
• TS. Concurso de acreedores. Calificación: culpable. Reparto de dividendos. Fraude de acreedores. Interpretación del art. 164.2.5º de la Ley Concursal.
• TSJ. Suspensión de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre legalización de libros de los empresarios.
• AP. Propiedad intelectual. Contrato entre entidad de gestión y establecimiento hostelero autorizando actos de comunicación pública.
• TJUE. Seguro de vida. Información al tomador. Información adicional sobre gastos y primas. Equidad. Seguridad jurídica.
• TJUE. Propiedad industrial. Patente europea con efecto unitario. Impugnación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012. Autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión.
• TJUE. Propiedad industrial. Patente europea con efecto unitario. Impugnación del Reglamento (UE) n.º 1260/2012. Principio de no discriminación por razón de la lengua.