Jurisprudencia

En la sentencia dictada en los asuntos acumulados C-293/12 Y C-594/12, Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, el TJUE declara que la Directiva constituye una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal, sin que esta injerencia se limite a lo estrictamente necesario

El objetivo principal de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE (DO L 105, p. 54), es armonizar las disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de determinados datos generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones. Con ella se pretende así garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo. Así, la Directiva establece que dichos proveedores deberán conservar los datos de tráfico y de localización, así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario. En cambio, no autoriza la conservación del contenido de la comunicación ni de la información consultada.

El artículo 241.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), considerara gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de una mujer a participar en la oposición a dos plazas de enfermería convocadas en el año 2008 en el Servicio de Salud de Castilla y León, proceso del que quedó excluida en noviembre de ese año porque la fecha del primer examen le coincidió con los días en que iba a dar a luz. De hecho, tuvo su hijo el 29 de noviembre, el examen estaba convocado para el 30 del mismo mes, y a ella le dieron el alta hospitalaria el 1 de diciembre.

El alto tribunal rechaza el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma, que estimó el recurso de la mujer, anuló los actos que la dejaron fuera del examen, y reconoció su derecho a participar en el ejercicio de la oposición y, en caso de superarlo, a continuar las siguientes fases del procedimiento selectivo.

Por fin, en el día de ayer fue publicado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2014, que anecdóticamente fue filtrada a la ciudadanía incluso antes de su pronunciamiento -el pasado 26 de febrero-  por el propio Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de tan célere lanzamiento de la noticia -tal vez motivado por los intereses políticos en juego y por la importancia del régimen al que pertenece la norma impugnada, el de la conocida como ‘amnistía fiscal’, que materializa uno de los principales, si no el más prioritario objetivo que actualmente tiene marcado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cual es la persecución del fraude- hemos tenido que esperar semanas para poder acceder al texto de la sentencia en cuestión.

• TS. No es posible cobrar tasas judiciales por los recursos de revisión de sentencias firmes.
• TJUE. Tasas judiciales  por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
• TS. Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen.
• TS. La reclamación de honorarios de abogados y la caducidad de la instancia de la jura de cuentas solicitada. Carácter incidental de este tipo de reclamaciones. 
• TS. Efectos de la sentencia de divorcio en la pensión compensatoria.
• TS. Modificación de medidas. Pensión compensatoria. Herencia recibida por el cónyuge acreedor de la pensión. Cambio sustancial en las circunstancias. Carga de la prueba. Doctrina jurisprudencial.
• TS. Obligaciones. Concurrencia de varios deudores. Presunción de mancomunidad y requisitos para la solidaridad.
• TS. Proceso civil. Legitimación activa. Daños y perjuicios por defectos constructivos. Acción de la cooperativa, que ya había transmitido 160 de las 170 viviendas de la promoción, contra la constructora.
• TS. Contratos. Mandato. Extinción. Compraventa realizada tras la muerte del mandante. Conocimiento del mandatario y buena fe del tercero adquirente.
• TC. Tutela judicial efectiva. Indefensión. Falta de diligencia del órgano judicial en los emplazamientos. Desahucio. Emplazamiento edictal.

• TS. Aval a primer requerimiento: Efectos que la novación de la obligación garantizada provoca sobre el aval.
• TS. Cambiario. Pagaré. Falta de constancia en la antefirma de la representación con la que se actúa.
• AP. Concursal. Ineficacia y rescisión de garantías hipotecarias. Concepto de perjuicio. Prueba. Valoración.
• JM. Marcas. Infracción de marcas nacionales y comunitarias. Utilización en calidad de key-words o palabras clave en el sistema de anuncios de Google de expresiones registradas como marcas. Indemnización.
• JCCA. Navegación aérea. Retraso por avería. Derecho a indemnización. Concepto de “circunstancias extraordinarias”. Sanción administrativa por retraso en un vuelo sin indemnizar al pasaje.

• AP. Lesiones causadas por mordedura de perro. Elementos del tipo de lesiones para considerar la existencia de falta contra los intereses generales.
• TS. La inmigración ilegal y los delitos asociados a la misma.
• TS. Robo con intimidación, en casa habitada y detención ilegal  absorbida por el robo.
• TS. Prevaricación judicial por imprudencia. Internamiento preventivo de extranjeros previo a su expulsión.

• TS. Modificación de la doctrina sobre la consideración de las relaciones de puestos de prabajo de la Administración del Estado como disposiciones generales a efectos del recurso de casación. Carácter de acto administrativo y no de norma. Inadmisibilidad a la casación.
• TS. Ordenación del territorio. Impugnación de disposiciones de carácter general. Desaparición sobrevenida del objeto. Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias.
• AN. Asilo. Solicitud presentada en puesto fronterizo. Denegación. Reexamen. Tramitación de urgencia. Informes favorables de ACNUR.
• TSJ. Contratos del Sector Público. Resolución. Incumplimiento del contratista. Daños y perjuicios. Perjuicio efectivo. Servicio de limpieza y mantenimiento del complejo de Marivent.
• TC. Por unanimidad, estima parcialmente el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista de Cataluña.

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la “Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración soberanista y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y ha declarado “inconstitucional y nulo” el principio primero que recoge dicho documento, principio según el cual “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. El TC considera que vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por otra parte, el Tribunal declara constitucionales las referencias “al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” ya que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de “legitimidad democrática”, “pluralismo” y “legalidad”, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el “derecho a decidir”. Ha sido ponente de la Sentencia la Vicepresidenta, Adela Asua.