Jurisprudencia

• TJUE. La normativa de un Estado miembro relativa a la protección de datos puede aplicarse a una sociedad extranjera que ejerza en dicho Estado una actividad real y efectiva mediante una instalación estable
• TS. Defectos constructivos en la edificación. Responsabilidad solidaria de los agentes de la construcción. Prescripción
• TS. Relaciones entre familiares: tía y sobrina. Denegación del derecho de visitas por justa causa en interés de la menor
• TS. Patria potestad en caso de separación. Modificación de medidas por el cambio de residencia de la madre custodia. Régimen de visitas
• TS. Responsabilidad médico-sanitaria: contractual/extracontractual. Intervención quirúrgica con resultado de muerte. Prescripción de la acción respecto del médico que realizó la intervención
• TS. Separación o de disolución del matrimonio. Pensión compensatoria y de alimentos
• TS. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y derecho a la información. Doctrina del reportaje neutral

En 2007, la sociedad polaca Eugenia Mocek y Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna («Mocek y Wenta») solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca comunitaria para diferentes productos y servicios (en particular, bolsos, prendas de vestir y colchonetas para animales, calzado y arrendamientos de inmuebles) del siguiente signo figurativo:

Hasta el 1 de marzo de 1994, el Derecho francés establecía la privación automática y perpetua de los derechos cívicos (derechos de sufragio activo y pasivo) para aquellas personas condenadas a una pena con la que se castigaba la comisión de un delito grave. Tras la reforma del Código Penal esta privación perdió su carácter automático y en lo sucesivo deberá ser dictada por un juez por una duración máxima de diez años. Sin embargo, esta nueva regla no se aplica a las condenas firmes impuestas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

• TS. Prisión a un médico por consultar el historial clínico de cinco compañeros
• TS. Se considera delito el cultivo y distribución organizada de cannabis por un club de 290 socios
• TS. El Supremo rechaza el aforamiento de los fiscales anticorrupción
• TS. Delito de prevaricación administrativa. Adjudicación irregular de contratos

Establece que esa actividad no encaja en el supuesto de cultivo y consumo compartido de droga no punible penalmente

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en la sentencia de 7 de septiembre de 2015, que el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones colma las exigencias típicas del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo.

El Tribunal de Justicia declara inválida la Decisión de la Comisión que declaró que Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado de los datos personales transferidos. Aunque el Tribunal de Justicia tiene competencia exclusiva para declarar la invalidez de un acto de la Unión, las autoridades nacionales de control a las que se haya presentado una solicitud pueden, aun cuando una Decisión de la Comisión declare que un país tercero ofrece un nivel de protección adecuado de los datos personales, examinar si la transferencia de los datos de una persona a ese país respeta las exigencias de la legislación de la Unión sobre la protección de esos datos así como acudir ante los tribunales nacionales, al igual que la persona interesada, con el fin de que éstos planteen una cuestión prejudicial sobre la validez de esa Decisión

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, dispone que en principio sólo se pueden transferir dichos datos a un país tercero si éste garantiza un nivel de protección adecuado de dichos datos. También conforme a la Directiva, la Comisión puede declarar que un país tercero garantiza un nivel de protección adecuado en razón de su legislación interna o de sus compromisos internacionales. Por último, la Directiva determina que cada Estado miembro debe designar una o varias autoridades públicas encargadas de controlar la aplicación en su territorio de las disposiciones nacionales adoptadas sobre la base de la Directiva («autoridades nacionales de control»).

• TJUE. Los transportistas aéreos están obligados a indemnizar a los pasajeros incluso en caso de cancelación del vuelo a causa de problemas técnicos
• TJUE. Protección de los consumidores. Ejecución hipotecaria. Cláusulas abusivas. Interés de demora y vencimiento anticipado. Reducción del importe de los intereses. La DT 2ª de la Ley 1/2013
• TS. El Tribunal obliga a las aseguradoras a indemnizar accidentes aunque haya impago de póliza hasta que no comunique por escrito la baja del cliente
• TS. Responsabilidad de los porteadores en el transporte de mercancía frágil
• TS. Concurso de acreedores: Indemnizaciones por el despido y los salarios de tramitación como créditos contra la masa
• AP. Propiedad intelectual. Remuneración por comunicación pública. Descarga de fonogramas ofertada como servicio por compañía de telefonía. Contenidos alojados por un tercero. Falta de litisconsorcio pasivo necesario. Negociaciones previas. Remuneración equitativa
• JM. El juez declara culpable el concurso de Fórum y condena a sus administradores a responder por más de 2.200 millones de euros

La Directiva sobre protección de datos personales¹ establece que los Estados miembros deben designar una o más autoridades públicas encargadas de vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones nacionales que adopten sobre la base de la Directiva. Toda autoridad es competente para ejercer en su territorio facultades de investigación y de intervención, sean cuales sean las disposiciones del Derecho nacional aplicables a ese tratamiento. Además, la citada autoridad podrá ser instada a ejercer sus facultades por una autoridad de otro Estado miembro.

• TS. Costas Procesales. Impugnación por excesivos de los honorarios del letrado
• TS. El consentimiento tácito de la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal
• TS. Acción de división de cosa común e igualdad de lotes entre participes
• TS. El derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales
• TS. Condenados tres colaboradores de Sálvame a indemnizar a un personaje público por insultarla gravemente en el programa
• TS. El Tribunal Supremo establece que la discrepancia de los padres no excluye la custodia compartida de los hijos
• TJUE. Ejecución hipotecaria. Principio de igualdad de armas. Modificación del artículo 695.4 LEC por el Real Decreto-ley 11/2014 para adaptarlo a las resoluciones del TJUE. Protección de los consumidores   

• TS. Carácter anticompetitivo de los mecanismos compensatorios de honorarios aprobados por el Colegio de Notarios
• TS. Asociaciones de utilidad pública. Expedientes de revocación de la declaración de utilidad pública de asociaciones
• TS. Consecuencias de una información defectuosa sobre el recurso procedente, a la hora de computar los plazos de impugnación de un determinado acto o disposición
• TS. Prohibición al público de la grabación de las sesiones del Pleno Municipal
• TS. Expropiación Forzosa. Servidumbre permanente de acueducto en el subsuelo. Limitaciones en el uso y disfrute del terreno. Indemnización