Artículos de Derecho Administrativo

La evidente contradicción de fines entre la norma penitenciaria –tendente a la reinserción de quien ha delinquido con independencia de su nacionalidad– y la de extranjería –tendente a la expulsión del extranjero que ha cometido un delito– se ha venido resolviendo tradicionalmente mediante instrumentos normativos que permiten la expulsión cuasi automática de quien no siendo nacional español, incurre en alguno de los tipos previstos en nuestro CP. Como máximo exponente de ello, destaca especialmente el artículo 89 del CP, que, tras la reforma realizada por LO 1/2015, permite expulsar a los extranjeros con independencia de su situación administrativa, incluso, en determinados casos, a quienes pertenecen a la UE. La evolución de la jurisprudencia europea en esta materia, tanto del ámbito específico de la UE, como la propia del Consejo de Europa, camina en sentido contrario a la normativa española. Cada vez más, se interpretan como contrarias a los tratados y a los derechos humanos más básicos las normas que fomentan la expulsión sin tener en cuenta las circunstancias de arraigo del extranjero. A la vez, cada vez más, este concepto de arraigo se está perfilando como un concepto amplio y flexible adaptado a las múltiples circunstancias vitales que a lo largo de la vida se presentan. Ni la normativa española, ni los instrumentos de ejecución con que cuentan los operadores jurídicos se han adaptado a esta interesante e innovadora evolución jurisprudencial. La tabla de variables de riesgo (TVR) penitenciaria, determinante para la concesión de permisos, es un claro ejemplo de la imperiosa necesidad de cambio en este ámbito fundamental de actuación pública. El presente trabajo expone la situación descrita y realiza algunas propuestas de cambio que permitirían caminar en el sentido que los máximos órganos de interpretación nos vienen reclamando.

Palabras claves: extranjeros; expulsión automática; artículo 89 del CP; jurisprudencia europea; tabla de variables de riesgo (TVR); propuestas.

La LCSP ha introducido cambios importantes en el ámbito sociolaboral de la contratación pública para garantizar los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas y facilitar la incorporación al mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de acceso al empleo. En este artículo se analizan tanto las novedades sociolaborales de la LCSP como las obligaciones que las mismas implican para los órganos de contratación y las importantes dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento.

Palabras claves: contratación pública; novedades sociolaborales; obligaciones; órganos de contratación.

Existe un equilibrio de necesario respeto en nuestro ordenamiento jurídico formado por el derecho a la intimidad, dentro del que se encuentra el tratamiento y la protección de datos y la buena administración, la transparencia y el derecho de acceso a la información, como guía del quehacer de los poderes públicos.
Se trata de materias respaldadas por la regulación europea y que encuentran reflejo hoy en leyes españolas. Se abordan los aspectos destacados de la nueva regulación comunitaria a través del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento general de protección de datos que regula el tratamiento que realizan personas, empresas u organizaciones de los datos personales relacionados con personas en la Unión Europea, y que provocó la derogación de la Directiva 95/46/CE así como de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, apoyándose en las posturas jurisprudenciales en ambos ámbitos de regulación y protección.

Palabras claves: derecho a la intimidad; administración electrónica; protección europea de datos personales.

La violencia en los estadios deportivos alcanzó una gravedad excepcional en los acontecimientos que se produjeron el 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel de Bruselas, en los que murieron 39 personas y la avalancha ocasionó más de 600 heridos. El Consejo de Europa asumió la realización de un convenio europeo sobre la violencia que adoptaría el carácter de verdadero tratado, completado con una importante serie de resoluciones y recomendaciones, al tiempo que las instituciones de la Comunidad Económica Europea, y después de la Unión, emitieron una serie de resoluciones y comunicaciones bajo la misma voluntad de proporcionar a los ciudadanos un alto grado de seguridad, combatiendo la violencia y realizando finalmente un enfoque integrado de la protección, la seguridad y el servicio. El Consejo de Europa reflexiona sobre la actualización de la histórica Convención de 1985, mientras que el Consejo de la Unión Europea realiza un manual de recomendaciones para la cooperación policial internacional y medidas de prevención y lucha contra la violencia, otorgando una especial dimensión a la cooperación y a la estrategia de comunicación.

Palabras claves: Unión Europea; Consejo de Europa; deporte; violencia; cooperación policial.

La Constitución española de 1978 es el resultado de la Transición, un proceso que situó a España a la vanguardia mundial de la «tercera ola» democratizadora en el último tercio del siglo XX. La transformación de una dictadura autoritaria en monarquía parlamentaria se efectuó con arreglo a los procedimientos legales previstos por la primera y por acuerdo de las instituciones franquistas. La clase política del posfranquismo inició el cambio procediendo a la desvinculación del autoritarismo a través de la Ley para la Reforma Política y la consecuente convocatoria de elecciones libres. Más adelante, incorporó a la oposición, que participó del consenso en la Ley de Amnistía, los Pactos de la Moncloa y la propia elaboración del texto constitucional. De ello se deriva que la Constitución vigente es la única de las elaboradas en nuestro país por consenso de todas las fuerzas con representación parlamentaria.
En este artículo se postula la necesidad de defender la vigencia de la Carta Magna a partir de la justificación de lo ejemplar de su origen, esto es, un modélico proceso legalista, gradual y escalonado de reformas que, adoptando maneras de Antiguo Régimen, configuró una de las democracias más avanzadas del mundo.

Palabras claves: Constitución de 1978; transición democrática; Juan Carlos I; consenso.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aspira a erigirse en complemento de las reformas efectuadas por las leyes de 2013 en materia de transparencia e información pública y 2015 respecto del procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, avanzando en la senda de la transparencia en materia de contratación pública a través, entre otros instrumentos, del impulso decidido de la contratación pública electrónica. La nueva ley presenta potencialidades que conviene aprovechar, si bien son varias las cuestiones que suscitan, asimismo, importantes dudas y retos. No en vano, aunque la ley establece la obligatoriedad de su uso, recoge también numerosas excepciones a dicha exigencia.

Palabras claves: contratación pública; licitación electrónica; transparencia contractual.

Este trabajo analiza el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, constituido como uno de los documentos jurídicos más importantes que la Unión Europea ha elaborado desde el Tratado de Lisboa. Contempla en sus 185 artículos las áreas más relevantes que deberán regirse durante el marco temporal de transición: los derechos de los ciudadanos, la necesaria salvaguardia de la seguridad jurídica, las disposiciones financieras y la situación especial de Irlanda del Norte, Chipre y Gibraltar en distintos protocolos. El tratado se activará una vez ratificado, momento en el que el Reino Unido dejará de ser Estado miembro de pleno derecho de la Unión, el 29 de marzo de 2019. Este acuerdo de retirada tiene un marco temporal que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020 y luego, si el comité conjunto lo decide, con una posible prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022. A lo largo de este periodo se procederá a la negociación del acuerdo definitivo entre el Reino Unido y la Unión Europea redactado bajo las grandes líneas esbozadas por la declaración política y aprobada el 25 de noviembre de 2018 por el Consejo Europeo, acuerdo que posibilitará la realización de un tratado de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Palabras claves: brexit; acuerdo de retirada; declaración política; Unión Europea; Reino Unido.

El artículo 107 de la LPACAP contempla, para la revisión de actos administrativos favorables por vicios de anulabilidad, el denominado sistema de la lesividad, en el que la potestad revisora se residencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pese a que dicho sistema es una institución histórica de nuestro Derecho, que ha sido objeto de estudio por parte de algunos de los más prestigiosos administrativistas de nuestro país, hasta la fecha se ha prestado poca atención a la justificación de la exigencia misma de la declaración de lesividad en el contexto de tal sistema. Es decir, ¿por qué razón, en este sistema, a la Administración, para obtener de la jurisdicción contencioso-administrativa la revisión de sus propios actos, no le basta con impugnarlos, sino que, con anterioridad, debe declararlos lesivos para el interés público? A ello se dedica el presente estudio, llegándose a la conclusión de que la función de la declaración de lesividad está vinculada a la aplicación del artículo 110 de la LPACAP («límites de la revisión») en el cauce revisor del artículo 107 de la LPACAP.

Palabras claves: revisión de actos administrativos; declaración de lesividad para el interés público; límites a las potestades revisoras; ponderación entre intereses.

El presente trabajo aborda los cauces procedimentales que pueden seguir los ciudadanos para el ejercicio de los derechos que la LPAC y la LRJSP les reconocen en sus relaciones con la Administración. Por ello, cuando la falta de actuación de la Administración o la prestación de un servicio público cause un daño o perjuicio a los ciudadanos que no tengan el deber jurídico de soportar, podrán acudir a determinados mecanismos de reacción para procurar tanto la realización efectiva de sus derechos, como el resarcimiento de los daños causados. Por tanto, este estudio parte de dos grandes principios, el de transparencia, que permitirá a los ciudadanos acceder o disponer de la información pública o administrativa que precisen, y el de responsabilidad por los servicios públicos recibidos. Asimismo, los últimos cambios introducidos en el modelo de administrar, presididos por el uso de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos, otorgan una nueva virtualidad práctica al principio de responsabilidad, respecto de los daños que se puedan causar en la prestación de los servicios públicos electrónicos o por las obligaciones de información y transparencia a las que se encuentran sometidas las Administraciones públicas.

Palabras claves: administración electrónica; inactividad de la Administración; responsabilidad patrimonial; transparencia y buen gobierno.

La eutanasia es un tema que suscita una enorme polémica y enconados debates en torno a sus aspectos jurídicos, éticos, psicológicos y sociales. Con la proclamación, por nuestra Constitución, del derecho a la vida, el derecho a morir se configura de una forma compleja e incluso contradictoria con los postulados supremos del bien más fundamental, que, sin duda, es la vida. Pero los planteamientos han de ir por otros derroteros jurídicos, al objeto de alcanzar una solución satisfactoria en un tema que nos afecta a todos. Y, para ello, contamos ya con una proposición de ley de 21 de mayo de 2018.

Palabras claves: derecho a la vida; derecho a morir; dignidad; conflicto de derechos.