Artículos de Derecho Administrativo

El régimen jurídico de los criptoactivos ha sido objeto de debate y análisis en diferentes áreas del derecho, siendo las más relevantes: la normativa sobre blanqueo de capitales, el derecho penal, el derecho a la protección de datos personales, el derecho laboral y el derecho mercantil –referente a la regulación de su publicidad y de su estatus en el mercado financiero–. En este análisis se explorarán cada una de estas ramas para la clarificación del tratamiento jurídico de los criptoactivos.

Palabras claves: criptoactivos; blanqueo de capitales; ilícitos penales; protección de datos; regulación mercantil; tax regime, blockchain.

Los desastres naturales y desgracias colectivas, las pandemias y las crisis económicas generan más que inquietud entre la ciudadanía y, además, provocan desafección institucional y restan credibilidad al sistema cuando la gestión pública de las situaciones críticas es defectuosa o adolece de rigor constitucional. En esta línea nuestro modelo constitucional, sin llegar a demudarse, se ha resentido por la pandemia de la covid-19. Ello se evidenció por la insuficiencia del estado de alarma al abordar dicha crisis y ante la problemática del control jurisdiccional realizado al respecto por el Tribunal Constitucional. Los desaciertos detectados en el derecho de necesidad frente a la pandemia obligan a reconsiderar sus claves jurídicas de cara a similares situaciones críticas futuras, en aras de modular la restricción de libertades o suspensiones de derechos fundamentales que eventualmente pudieran darse. De modo que se suscita una reinterpretación del derecho de excepción y el papel de las instituciones básicas del Estado. Propongo, pues, una reflexión jurídica antes de que acontezca otra desgracia colectiva y se puedan aplicar estándares constitucionales adecuados para la actuación del poder público.

Palabras claves: derecho constitucional, pandemia, estado de alarma, Tribunal Constitucional, derecho excepcional.

La fragmentación parlamentaria ha provocado profundos cambios en nuestro sistema político-constitucional. Uno de los ámbitos donde se observa dicha tendencia de forma más clara es en el sistema de producción normativa. Este trabajo pretende abordar los cambios que se han producido en el uso de uno de los instrumentos normativos más controvertidos en nuestro país: el real decreto-ley, en especial en su vertiente de conversión en ley regulada por el artículo 86.3 de nuestro texto constitucional. Partiendo de un análisis de su fundamentación inicial y un breve marco comparativo, se pretende analizar las singularidades del procedimiento de conversión del decreto-ley en ley en el escenario de fragmentación parlamentaria: el uso abusivo del decreto-ley, la problemática procedimental que nace en el seno de la conversión en ley y las dificultades para su control jurisdiccional.

Palabras claves: real decreto-ley; fragmentación parlamentaria; artículo 86.3 CE; conversión en ley.

Se analiza, con una visión crítica, el catálogo de sanciones previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. A propósito de este estudio, se pone de manifiesto que algunas de las sanciones accesorias previstas en esta ley parecen más enfocadas a garantizar la seguridad ciudadana que a castigar al sujeto infractor. Igualmente, se sugiere la posibilidad de que el legislador prevea algunas sanciones no pecuniarias, sobre todo cuando se trata de reprimir conductas de menores de edad o sujetos insolventes. A la vez que se realiza este estudio, se lleva a cabo una comparación con el ordenamiento jurídico italiano, donde se apuesta mucho más por la prevención y limitación que por la sanción, también en el ámbito de la seguridad ciudadana. En último lugar, se analizan algunas medidas limitativas previstas en las leyes italianas para evitar perturbaciones del orden público y se plantea su viabilidad en el ordenamiento español.

Palabras claves: seguridad ciudadana; sanciones administrativas; medidas de restablecimiento de la legalidad; DASPO urbano.

El efecto incentivador de la inversión motivado por la ayuda pública o, de otra manera, el efecto incentivador de la ayuda pública en la inversión a realizar por parte de las empresas, en general, y las pymes, en particular, se ha configurado en los últimos años como el elemento más decisivo y controversial (sobre todo, a nivel jurídico) en el amplio conjunto de requisitos a cumplir por las empresas para la consecución y disfrute de las subvenciones a la inversión regladas por los distintas Administraciones públicas. A la luz del periodo de programación 2014-2020, desde el presente artículo, y tomando como referencia lo aprendido al respecto en los últimos años, se intentará efectuar un análisis prospectivo de la futura determinación del mencionado efecto incentivador en las próximas convocatorias de ayudas, a la luz de los nuevos requerimientos normativos establecidos.

Palabras claves: efecto incentivador; inversión de las pymes; ayuda pública.

La posibilidad de plantear como obligatoria la vacunación frente a la covid-19 suscita en la actualidad una importante polémica social y jurídica que los medios de comunicación explotan candentemente. La respuesta a tal cuestión debe ofrecerse de forma técnica y clara, de la mano del derecho y especialmente de los principios que conforman nuestro ordenamiento jurídico, lo que requiere un análisis del marco normativo aplicable, de las peculiaridades científico-sanitarias intrínsecas tanto al virus como a la vacunación y, en última instancia, de los riesgos-beneficios desde la óptica del interés general y la salud pública. Todo ello nos conduce inexcusablemente al estudio del principio de legalidad y del principio de proporcionalidad (con sus exigencias), tomando en consideración su aplicación práctica y las potenciales consecuencias que tendría la implementación de la vacunación obligatoria ante la actitud renuente de los ciudadanos y la posibilidad de que podamos encontrarnos ante un cambio de paradigma.

Palabras claves: covid-19; vacunación; legalidad; proporcionalidad; coerción.

El mes de julio de 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales en España, un documento que trata de dar respuesta a las inquietudes que han surgido en estos últimos tiempos ante el vertiginoso desarrollo tecnológico, que junto con sus innegables ventajas y oportunidades, en ocasiones presenta peligros y amenazas para los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores democráticos de nuestra sociedad. Con este trascendental hito nuestro país está alineado con la Unión Europea, que en enero del pasado año 2022 ha presentado su propia Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Esta declaración sigue la estela de recientes propuestas de reglamentos en el ámbito de los servicios digitales, los mercados digitales, la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, que serán igualmente analizados en estas páginas. Nuestra conclusión es que estamos en un cierto proceso de «constitucionalismo digital» que plantea la creación de nuevos derechos para hacer frente a estas nuevas realidades en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y nos entretenemos.

Palabras claves: Carta de Derechos de Digitales; DMA; DSA, IA; constitucionalismo digital.

La Administración pública ocupa un papel determinante en el mercado del arte, en calidad de delimitador de la exportación, pues el régimen de exportación de bienes culturales está constreñido por autorizaciones administrativas en aras de conservar el patrimonio histórico español. Dicho patrimonio está, por tanto, sujeto a límites que imposibilitan su libre disposición, lo mismo por parte de particulares que por parte de entidades, tanto públicas como privadas. Asimismo, los propietarios de bienes culturales están vinculados por una serie de obligaciones con respecto de los bienes de los que son titulares.
A través de un análisis normativo y jurisprudencial, el presente trabajo examina la regulación que supedita la exportación en el mercado del arte al control administrativo, así como las disyuntivas manifestadas en virtud de dicha supeditación. Para una mayor claridad, se abordan dichas cuestiones a través del análisis del caso de las cartas de Colón, que además proporciona las ideas clave en torno a las que gira la problemática: la quizá excesiva discrecionalidad de la Administración a la hora de conceder o denegar permisos de exportación, la posible vulneración del derecho a la propiedad privada, consecuencia de la denegación del permiso de exportación, y el perjuicio económico que esto supone para propietarios de bienes culturales.

Palabras claves: exportación; patrimonio cultural; intervención administrativa; bienes culturales.

La doctrina ha señalado como una de las patologías de nuestro sistema normativo escrito la incesante proliferación de normas que se suceden, casi sin solución de continuidad, a un ritmo frenético, fenómeno que se ha llegado a calificar como de explosión, marea, avalancha, inflación e hipertrofia de la legislación. Este escenario proyecta incertidumbre sobre los aplicadores del derecho e inseguridad jurídica sobre los ciudadanos, a las que prometen contribuir los requerimientos de nuevas normas para afrontar las recientes crisis económicas, sanitarias, energéticas y medioambientales.
El presente trabajo aborda la problemática de la evaluación de la inflación normativa, tomando como referente la labor desarrollada a este respecto en Francia y procurando extraer de ella conclusiones que contribuyan a estudiar un eventual sobredimensionamiento de nuestro ordenamiento jurídico y, en su caso, a concretar soluciones para su corrección. Para ello, se procede a definir el concepto de inflación normativa, se examina la problemática que plantea su cuantificación, se exponen las iniciativas adoptadas en Francia, ahondando en los trabajos del Conseil d’État, y se exponen algunas de las soluciones alumbradas en España, efectuando, en sede conclusiva, varias propuestas de mejora.

Palabras claves: inflación normativa; legística; Conseil d’État; órganos consultivos.

El objeto principal de este trabajo se centra en el análisis de las garantías y mecanismos de protección del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de las transferencias internacionales de datos que se producen entre un Estado de la Unión Europea y un tercer Estado, lo que llevará, entre otros extremos, al análisis de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Schrems I, de 15 de julio de 2015, y Schrems II, de 16 de julio de 2020, dos casos paradigmáticos que suponen un importante avance en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión relativa al derecho a la protección de datos de carácter personal y que nos ofrecen una interesante información acerca de la dificultad de fijar medidas de protección eficaces cuando los datos personales traspasan las fronteras de la Unión.

Palabras claves: Schrems; datos personales; transferencias internacionales de datos; safe harbour; privacy shield.