Artículos de Derecho Administrativo

Este trabajo analiza el derecho del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde una perspectiva sistemática con el objetivo de determinar su encaje en las estructuras y categorías fundamentales del derecho público español. Se parte de la hipótesis de que el plan constituye una manifestación de un nuevo poder de gasto (spending power), que, inevitablemente, conduce a una evolución del sistema de fuentes, las estructuras organizativas, los instrumentos jurídicos y los sistemas de gestión y control del gasto. Con esta finalidad, se toman como referencia tanto el marco jurídico creado como su aplicación práctica. La investigación pretende contribuir, en última instancia, a la construcción de un derecho público de la recuperación, que va más allá del carácter coyuntural del plan.

Palabras claves: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; derecho público; organización administrativa; poder de gasto; instrumentos jurídicos.

En artículos anteriores (CEFLegal, 228 [enero 2020] y CEFLegal, 269 [junio 2023]), hemos analizado la importancia del cumplimiento del efecto incentivador de las subvenciones en el marco de las distintas convocatorias (europeas, nacionales, regionales y locales) de las ayudas públicas para el fomento de la inversión de la pyme. Como un paso más en nuestro estudio, en el presente artículo, siguiendo el conocido como método del caso, analizaremos el conjunto de interpretaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha venido realizando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicho ítem. Nuestra (humilde) pretensión es que, a través de este trabajo, puedan extraerse determinadas conclusiones que ayuden a pacificar la controversia jurídica existente al respecto.

Palabras claves: subvenciones; efecto incentivador; método del caso.

En la contratación pública el licitador adjudicatario asume, al ejecutar el contrato, un riesgo y ventura. Cuando estamos ante prestaciones de contratos en las que existe una transferencia del riesgo estamos en un contrato de concesión de servicios, de forma que aquel soporta tanto el riesgo como la ventura derivada de la evolución y éxito del mismo. Es necesario diferenciar este tipo de otros, como el servicio o la concesión demanial, así como aplicar la normativa sobre la concesión que regula la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión junto a la jurisprudencia europea.

Palabras claves: concesión; riesgo; contrato; equilibrio.

En este estudio, se analiza el funcionamiento de la actividad subvencional de las Administraciones públicas españolas para hacer frente a estos turbulentos años veinte del siglo XXI, en los que las subvenciones públicas han adquirido una gran relevancia como consecuencia de la ingente cuantía de fondos públicos que, desde las distintas instituciones y gobiernos, se han puesto a disposición de las Administraciones públicas con la finalidad última de garantizar la recuperación, la transformación y un resiliente resurgimiento del modelo social y económico, tras los embates sufridos en este último cuatrienio.
Por eso, lograr estos ambiciosos objetivos apuntados va a depender, en gran medida, del buen uso que se haga de estas subvenciones públicas, a la vista de que en ellas se han depositado elevadas expectativas para la contribución al bienestar del país.
Ante semejante reto, en este trabajo se propone reflexionar sobre algunos aspectos clave que coadyuvan a optimizar el uso de esta técnica de fomento, porque, como decía Theodore Roosevelt, «It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed».

Palabras claves: Administraciones públicas; políticas públicas; subvenciones públicas; fondos europeos de recuperación; gestión pública; evaluación; principios de eficacia y eficiencia.

Que a lo largo las primeras semanas de 2023 se haya desarrollado una huelga indefinida por parte de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia colocó en el centro de la atención pública a estos operadores jurídicos. El conflicto laboral en sí resulta, como es lógico, mayormente indiferente a la sociedad. Pero sus consecuencias, no. Se paralizaron centenares de miles de actuaciones judiciales de toda índole, añadiendo más retraso si cabe a la prestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ya, per se, se produce casi de manera estructural. Bien, ¿tan importante es entonces este funcionario? ¿Por qué el ejercicio de huelga de uno de los elementos humanos integrados en la Administración de Justicia causa tan graves efectos en la garantía judicial de los derechos subjetivos? Se pretende aquí estudiar esa figura, sus funciones y marco normativo en orden a su proyección a tal garantía que, no se olvide, se halla constitucionalizada a plenos efectos; y extraer de ello consecuencias que quizá demuestren fallos legislativos sistémicos en la conceptuación estructural y desarrollo del itinerario normativo insertado para la consecución de esa tutela judicial efectiva.

Palabras claves: letrado; justicia; tutela judicial efectiva; huelga; funciones.

El presente documento busca aportar una aproximación detallada al Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva jurídico-financiera, abordando aspectos como la financiación, la distribución del gasto o la respuesta ante la pandemia de la covid-19. Para ello, se analizan datos específicos recogidos en el más actual informe anual del Ministerio de Sanidad, reflexionando sobre los presupuestos asignados, la inversión per cápita, la distribución de profesionales de la salud, etc.; proporcionando, así, una visión integral de la situación actual del sistema sanitario español.

Palabras claves: Administración pública sanitaria; Sistema Nacional de Salud; derecho administrativo sanitario; derecho a la protección de la salud; organización sanitaria.

La fuerte conmoción sufrida en los regímenes constitucionales de nuestro entorno por la pandemia del coronavirus se ha visto reflejada, principalmente, en la generación de estados de emergencia o excepción (formales o de facto), la atenuación de los controles parlamentarios sobre las medidas adoptadas por los gobiernos (que han supuesto la privación o limitación de los derechos fundamentales y las libertades públicas) e, incluso, la revisión de algunos de los supuestos ideológicos del constitucionalismo (por ejemplo, el modo de concebir la intervención del Estado sobre la sociedad o los controles y equilibrios entre poderes). Por lo que se refiere a España, los problemas más relevantes y controvertidos que, desde la perspectiva del derecho constitucional, ha traído consigo la pandemia del coronavirus han sido la preterición del Parlamento, del que la suspensión de su actividad al inicio de la crisis y el uso excesivo y arbitrario del decreto-ley son sus muestras más significativas, y el relativo a la conformidad con la Constitución de las medidas restrictivas de derechos adoptadas para afrontar la emergencia de salud pública provocada por la covid-19, que no solo ha sido cuestionada por diferentes resoluciones judiciales y parte de la academia, sino por el mismo Tribunal Constitucional, que ha llegado a desautorizar las decisiones más significativas de los titulares del poder de excepción.

Palabras claves: covid-19; Constitución; derechos fundamentales; régimen parlamentario.

En el asunto C-278/20, Comisión c. España, el TJUE ha declarado que España incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar los artículos 32, aps. 3 a 6, y 34, ap. 1, de la Ley 40/2015, y el artículo 67, ap. 1, de la Ley 39/2015. En cambio, el TJ ha constatado que el sistema español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en caso de infracción de derecho de la Unión no vulnera el principio de equivalencia. Esta sentencia ha venido a unirse a la jurisprudencia previa del TJ sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión. En esta contribución se analiza la posición del tribunal, valorando si ha seguido una línea coherente con sus pronunciamientos anteriores sobre la cuestión.

Palabras claves: principio de efectividad; principio de equivalencia; responsabilidad patrimonial por actos legislativos contrarios al derecho de la UE.

No toda grabación de conversaciones ajenas realizada sin autorización judicial constituye una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. El quebrantamiento de este derecho fundamental requiere una actuación encaminada a tomar conocimiento de la comunicación secreta, lo que no sucede cuando un tercero accede a ella de manera natural, sin proponérselo. En estos casos, los interlocutores carecen de una expectativa razonable de privacidad frente a dicho tercero, quien puede grabar aquello que escucha sin incurrir en ningún reproche jurídico. Lo que no puede hacer el autor de la grabación es difundirla sin el consentimiento de los interlocutores, pues ello vulnera su derecho a la intimidad. Dicha grabación sí puede ser utilizada como prueba en un procedimiento judicial o administrativo, salvo que la conversación grabada haya sido provocada con la intención de que alguno de los interlocutores realice manifestaciones que puedan ser utilizadas en su contra, viéndose así conculcados los derechos a un proceso con todas las garantías, a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable.

Palabras claves: grabaciones ambientales; secreto de las comunicaciones; intimidad; expectativa razonable de privacidad.

Los incentivos fiscales son uno de los principales instrumentos de la actividad de fomento de las Administraciones públicas y representan en torno al 5 % del producto interior bruto español para 2023. Con una función muy similar a la subvención, en estas páginas se destacan algunas ventajas que esta técnica presenta en términos de rapidez en la gestión de la ayuda y reducción de las cargas burocráticas para la Administración. Por otro lado, aunque la Constitución reconoce expresamente la existencia de este instrumento, lo hace bajo diversos condicionantes, explícitos, como la reserva de ley para establecerlos, e implícitos, pues deberán ser compatibles con los principios constitucionales que regulan los ingresos y los gastos públicos (artículo 31, apartados 1 y 2). Así, solo el eficaz cumplimiento de un fin de interés general, por otro lado, exigido por el artículo 103.1 de la CE para toda la actuación de la Administración pública, justificará su existencia. Esta adherencia al interés general debe mantenerse a lo largo de toda la vida del beneficio fiscal. Por esta razón, el trabajo concluye analizando los mecanismos de evaluación ex post de la eficacia de los incentivos fiscales actualmente disponibles, en especial los que se vienen desarrollando desde 2019 por impulso de la Unión Europea.

Palabras claves: beneficios fiscales; actividad administrativa de fomento; evaluación de políticas públicas; gasto público.