Artículos de Derecho Administrativo

Desestimación e impugnación de la resolución de la dirección de un centro penitenciario denegando una petición de entrevista periodística a un recluso.
Vulneración de las libertades de expresión e información ante la denegación constitucionalmente ilícita de entrevista periodística en la que se aduce la eventual afectación a la intimidad de otros reclusos y al crédito profesional de los funcionarios, con su hipotética incidencia en la seguridad y buen orden del centro penitenciario.

Palabras claves: libertades de expresión e información; derechos penitenciarios; reclusos.

Han pasado ya más de 10 años desde la celebración en la ciudad de Nueva York de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el día 3 de mayo de 20081. Dicha convención ha supuesto un hito en materia de discapacidad y un verdadero tratado en cuanto a derechos sociales y humanos se refiere. A pesar de ello, de la celebración de multitud de congresos, de normativa reciente y promulgada en relación con el ámbito de la discapacidad, de novedosas sentencias judiciales, entre otros acontecimientos, no se han obtenido los ansiados resultados. Sin embargo, es dentro de la esfera del derecho constitucional donde se están produciendo, a día de hoy, grandes avances2 en lo referente al campo de la discapacidad. En el presente trabajo, vamos a analizar uno de estos avances constitucionales, el cual ha quedado reflejado en la supresión de la privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad, privación que suponía una vulneración flagrante de lo recogido en el artículo 29 de la Convención de Nueva York. Es por ello que la Ley 2/2018, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ha supuesto una victoria del llamado «derecho de la discapacidad».

Palabras claves: convención de Naciones Unidas; derecho de sufragio; personas con discapacidad.

El derecho a la protección de datos personales ha evolucionado rápidamente desde su inexistencia a la compleja regulación actual. No obstante, las nuevas tecnologías suponen un auténtico reto para que dicho derecho pueda ser realmente una realidad, ya sea por la dificultad de proteger toda la información en el entorno de internet o por directamente tratarse de tecnologías que chocan frontalmente contra sus principios, como puede ser el blockchain y el principio de inmutabilidad sobre el que se construye.

Palabras claves: disrupción; tecnología; avances.

El presente artículo es la elaboración de un estudio jurisprudencial cuyo objeto es conocer la figura del esquirolaje «tecnológico» dentro del ámbito del derecho a huelga. Este fenómeno de reciente aparición y ligero estudio ha provocado que los distintos tribunales varíen sus decisiones y que no haya una línea clara de lo que es y de lo que supone. Se analizarán cuestiones en relación con los límites del derecho a la huelga, las modalidades de esquirolaje, con especial referencia al «interno» y al «tecnológico», su estudio jurisprudencial, la importancia de las nuevas tecnologías en el trabajo y su afectación a la huelga y los cauces de acción jurídica de los trabajadores. Todo ello de conformidad al marco legal y jurisprudencial existente en España. Como conclusión, observaremos la inseguridad jurídica que existe en torno a esta figura.

Palabras claves: derecho de huelga; esquirolaje «interno»; esquirolaje «tecnológico»; tecnología.

La Administración recurre a procedimientos de revisión de oficio, en el mejor de los casos, o al reconocimiento extrajudicial de créditos, con la finalidad de abonar las facturas presentadas por supuestos «contratistas» con los que ha concertado prórrogas ilegales de contratos anteriores o contratación verbal de nuevas prestaciones. Se trata de analizar cuál de las opciones es la legalmente correcta y a qué figura responde el pago a que alude el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Palabras claves: contratación irregular; revisión de oficio; límites a la potestad de revisión.

La figura del recurso especial es clave para conseguir el efectivo control a la Administración en sede de contratación pública y facilitar al interesado, licitador, la resolución de su conflicto con esta Administración. Para ello, además de preconizarse como instrumento rápido y eficaz, debe conseguir que cuando el afectado no vea satisfecha su pretensión, se le facilite acudir a la sede contencioso-administrativa o en vía administrativa mediante el acceso al recurso especial, porque debe encontrar una garantía fuerte y eficaz frente a posibles actos irregulares, que se logra si se es ágil en la resolución, evitándose estrategias procesales que impidan esa eficacia reclamada desde Europa.

Palabras claves: recurso especial; instrucción; control; contratos; procedimiento.

El desarrollo sostenible constituye uno de los objetivos del proceso de integración europea, tal y como expresa la normativa fundamental de la Unión Europea. Para el logro del mismo, la puesta en marcha de la política medioambiental europea ha sido fundamental, así como la cada vez mayor presencia de la energía en la misma. Precisamente, la energía ha ido adquiriendo progresivamente mayor importancia, estableciéndose una relación constante entre medio ambiente y energía en los diferentes planes y estrategias que tratan de alcanzar el objetivo citado. De una situación inicial de inexistencia de política medioambiental ni energética, se ha pasado a la situación actual en la que el derecho primario europeo recoge el recurso a la política energética como herramienta eficaz de protección medioambiental, lo que se refleja nítidamente en los planes y estrategias que lo desarrollan, así como en los actos legislativos adoptados.

Palabras claves: Unión Europea; desarrollo sostenible; política medioambiental; política energética.

El Derecho español carece de una disposición general que permita la modificación judicial de las relaciones obligatorias en caso de alteración sobrevenida de las circunstancias. La situación de crisis económica ha movido a un sector de la doctrina, siguiendo la estela de las propuestas europeas de armonización del Derecho de contratos, a exigir la revisión de la tradicional aplicación excepcional de la cláusula rebus sic stantibus. Los aires de renovación se han reflejado en los anteproyectos españoles de modernización del Código Civil y del Código Mercantil y han llegado a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En este trabajo se analiza la posibilidad de que, en ausencia de norma expresa que lo permita, los tribunales procedan a una modificación de los contratos con el fin de mantener el equilibrio inicialmente pactado. Puesto que en nuestro sistema la seguridad jurídica de las relaciones económicas deriva de la vinculación contractual, para evitar que se generen incentivos al incumplimiento que aumenten la litigiosidad, será preciso que las excepciones al principio pacta sunt servanda estén justificadas por criterios claros que puedan fundamentarse en la ley.

Palabras claves: rebus sic stantibus, riesgo imprevisible y modificación contractual.

Toda universidad maneja y genera en su día a día un ingente y exponencial volumen de información personal, potenciado por el uso de nuevas herramientas tecnológicas y el proceso de digitalización que vivimos. Esto representa una fuente de recursos que, utilizados de una forma eficaz, pueden favorecer la investigación científica, fomentar el crecimiento económico, la transparencia y, con ella, la participación ciudadana, lo que, en último término, fortalece el principio democrático. No obstante, la exigencia de transparencia debe integrar el respeto a los derechos fundamentales. Diseñar una universidad transparente y comprometida debe hacerse desde el respeto a la privacidad, generando confianza en los ciudadanos a los que sus servicios van dirigidos.

Palabras claves: democracia; educación; protección de datos; transparencia; universidad.

En el presente artículo se realiza un análisis jurídico y de la tramitación de los contratos menores tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, comparando el nuevo régimen jurídico, en el que se potencia la transparencia y la publicidad, frente a la anterior normativa, y recopilando las diferentes interpretaciones respecto al alcance material y temporal de la nueva regulación efectuada por las juntas consultivas de contratación, y de la instrucción del Observatorio de Contratación Pública.

Palabras claves: contratos administrativos; contratos menores; transparencia; publicidad; fraude; fraccionamiento.