Artículos de Derecho Administrativo

La Administración recurre a procedimientos de revisión de oficio, en el mejor de los casos, o al reconocimiento extrajudicial de créditos, con la finalidad de abonar las facturas presentadas por supuestos «contratistas» con los que ha concertado prórrogas ilegales de contratos anteriores o contratación verbal de nuevas prestaciones. Se trata de analizar cuál de las opciones es la legalmente correcta y a qué figura responde el pago a que alude el artículo 42 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Palabras claves: contratación irregular; revisión de oficio; límites a la potestad de revisión.

La figura del recurso especial es clave para conseguir el efectivo control a la Administración en sede de contratación pública y facilitar al interesado, licitador, la resolución de su conflicto con esta Administración. Para ello, además de preconizarse como instrumento rápido y eficaz, debe conseguir que cuando el afectado no vea satisfecha su pretensión, se le facilite acudir a la sede contencioso-administrativa o en vía administrativa mediante el acceso al recurso especial, porque debe encontrar una garantía fuerte y eficaz frente a posibles actos irregulares, que se logra si se es ágil en la resolución, evitándose estrategias procesales que impidan esa eficacia reclamada desde Europa.

Palabras claves: recurso especial; instrucción; control; contratos; procedimiento.

El desarrollo sostenible constituye uno de los objetivos del proceso de integración europea, tal y como expresa la normativa fundamental de la Unión Europea. Para el logro del mismo, la puesta en marcha de la política medioambiental europea ha sido fundamental, así como la cada vez mayor presencia de la energía en la misma. Precisamente, la energía ha ido adquiriendo progresivamente mayor importancia, estableciéndose una relación constante entre medio ambiente y energía en los diferentes planes y estrategias que tratan de alcanzar el objetivo citado. De una situación inicial de inexistencia de política medioambiental ni energética, se ha pasado a la situación actual en la que el derecho primario europeo recoge el recurso a la política energética como herramienta eficaz de protección medioambiental, lo que se refleja nítidamente en los planes y estrategias que lo desarrollan, así como en los actos legislativos adoptados.

Palabras claves: Unión Europea; desarrollo sostenible; política medioambiental; política energética.

El Derecho español carece de una disposición general que permita la modificación judicial de las relaciones obligatorias en caso de alteración sobrevenida de las circunstancias. La situación de crisis económica ha movido a un sector de la doctrina, siguiendo la estela de las propuestas europeas de armonización del Derecho de contratos, a exigir la revisión de la tradicional aplicación excepcional de la cláusula rebus sic stantibus. Los aires de renovación se han reflejado en los anteproyectos españoles de modernización del Código Civil y del Código Mercantil y han llegado a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En este trabajo se analiza la posibilidad de que, en ausencia de norma expresa que lo permita, los tribunales procedan a una modificación de los contratos con el fin de mantener el equilibrio inicialmente pactado. Puesto que en nuestro sistema la seguridad jurídica de las relaciones económicas deriva de la vinculación contractual, para evitar que se generen incentivos al incumplimiento que aumenten la litigiosidad, será preciso que las excepciones al principio pacta sunt servanda estén justificadas por criterios claros que puedan fundamentarse en la ley.

Palabras claves: rebus sic stantibus, riesgo imprevisible y modificación contractual.

Toda universidad maneja y genera en su día a día un ingente y exponencial volumen de información personal, potenciado por el uso de nuevas herramientas tecnológicas y el proceso de digitalización que vivimos. Esto representa una fuente de recursos que, utilizados de una forma eficaz, pueden favorecer la investigación científica, fomentar el crecimiento económico, la transparencia y, con ella, la participación ciudadana, lo que, en último término, fortalece el principio democrático. No obstante, la exigencia de transparencia debe integrar el respeto a los derechos fundamentales. Diseñar una universidad transparente y comprometida debe hacerse desde el respeto a la privacidad, generando confianza en los ciudadanos a los que sus servicios van dirigidos.

Palabras claves: democracia; educación; protección de datos; transparencia; universidad.

En el presente artículo se realiza un análisis jurídico y de la tramitación de los contratos menores tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, comparando el nuevo régimen jurídico, en el que se potencia la transparencia y la publicidad, frente a la anterior normativa, y recopilando las diferentes interpretaciones respecto al alcance material y temporal de la nueva regulación efectuada por las juntas consultivas de contratación, y de la instrucción del Observatorio de Contratación Pública.

Palabras claves: contratos administrativos; contratos menores; transparencia; publicidad; fraude; fraccionamiento.

En las distintas convocatorias públicas de ayudas a las pymes, el denominado «efecto incentivador de la inversión» se está convirtiendo en la obligación más difícil de cumplir por parte de la beneficiaria, dada en la práctica su indeterminación jurídica. El presente artículo, enmarcado en la problemática de la pretendida simplificación administrativa, intenta presentar el statu quo de la polémica y delimitar su alcance y concreción conceptual, a través del análisis de la experiencia de Andalucía.

Palabras claves: efecto incentivador; pymes; subvenciones; jurisprudencia.

Alcanza la máxima preocupación de la Comisión Europea la posible violación del artículo 2 del Tratado de la Unión por parte de algunos Estados miembros. Los Estados deben asumir el contenido del Tratado de la Unión, que en gran medida se inspira en las constituciones de sus miembros. El derecho originario se transforma en normas de obligado cumplimiento por parte de todos aquellos que quieren formar parte de la Unión Europea, puesto que se encuentra basado en principios y valores constitucionales comunes. En diciembre de 2017 se activó, por vez primera, el mecanismo por el cual la Unión iniciaba el procedimiento oportuno para solicitar explicaciones a Polonia ante el riesgo claro de violación grave del Estado de derecho. El proceso comenzaría en el marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de derecho, con la primera recomendación que remitía la Comisión Europea al Estado polaco el 27 de julio de 2016 sobre la base jurídica del artículo 292 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Palabras claves: Unión Europea; Estado de derecho; Polonia; Comisión Europea; reforma constitucional.

En el presente trabajo se estudia el marco normativo del contrato de servicios jurídicos y su relación con las normas deontológicas de la abogacía como posible argumentación jurídica para justificar la no consideración de dichos servicios como objeto de un contrato público. Realiza una reflexión jurídica sobre la inadecuada transposición de la Directiva 2014/24/UE al ordenamiento interno mediante la actual Ley de Contratos del Sector Público, siempre en relación con el contrato de servicios jurídicos cuando es prestado por abogado.

Palabras claves: contrato; abogado; transposición; servicios; administrativo.

El procedimiento de elección de los miembros del Parlamento europeo tiene una enorme repercusión en la correcta configuración y funcionamiento de la arquitectura institucional de la Unión Europea, al incidir sobre el correcto funcionamiento de la democracia representativa en que esta se sustenta. Su influjo se proyecta también en la consolidación de un concepto de ciudadanía, esencial para que prospere el proyecto de integración. Al tratarse de un procedimiento democrático llamado a determinar la composición de una institución de naturaleza supranacional, las instancias europeas están llamadas a incidir en su regulación. Y en este sentido, y solo en el ámbito de las elecciones al Parlamento europeo, se ha reconocido a la citada institución la capacidad para proponer al Consejo las disposiciones necesarias para la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme, o, en su defecto, de acuerdo con unos principios comunes que unifiquen la materia. Cualquiera de estos dos objetivos ha probado ser harto difícil, desde el momento en que los estados se atrincheran en su soberanía y son incapaces de ceder terreno en esta materia. Buena prueba de ello es la reforma del Acta electoral europea, llevada a cabo en 2018, y con la que encaramos estas próximas elecciones. Analizamos en este artículo la necesidad de articular un procedimiento electoral europeo y las repercusiones de futuro que pueden derivarse de la incapacidad para consensuar un mínimo electoral entre los estados miembros.

Palabras claves: Parlamento europeo; sistema electoral europeo; Acta electoral europea.